Publicado en: El Nacional
Por: Alicia Freilich
«El acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario» es un básico principio constitucional democrático que sustenta la obligación gubernamental de asumir la presunción de inocencia del señalado hasta que los tribunales correspondientes, a través de sus fiscales, investigado el caso en un detallado proceso legal, determinen inocencia o culpabilidad más allá de toda “duda razonable”.
En la Venezuela castrochavista sucede todo lo contrario. La cárcel, espacio de confinamiento para detenidos legalmente, se convierte en calabozo –chirona en jerga cotidiana– o sea, suplicio, patíbulo, horca en lenguaje jurídico sintetizador de aquella famosa película francesa del género negro Ascensor para el cadalso de 1957, en cuya trama el asesino planifica cuidadosamente su crimen para no dejar la menor huella, pero un suceso casual lo condena a la pena capital sin derecho a réplica.
Así queda claro. El laberinto tiene puertas de salida, Quienes violan sistemáticamente las leyes emanadas de su propia Constitución (1999) para determinar el destino de la actual población venezolana son los ilegales de toga y birrete, usurpadores civiles del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, que a su vez obedecen los mandatos de un fraudulento inconstitucional Poder Marcial –cúpula del Generalato– ´ y lo transmiten a sus voceros presidenciales, asambleístas y policiales.
El militar de los estratos inferiores y medios, más guardias y policías con sus familiares, al fin y al cabo son empleados públicos del régimen, sufren los estragos de la revolución “bolivariana”, esta que los obligaría a encarcelar al mismísimo Simón Bolívar en camisa prestada, como prisionero número uno en el caraqueño Helicoide. Por la evidencia de sus delitos gubernamentales ahora intentan vaciarlo poco a poco remitiendo a sus víctimas, milagrosos pero sobrevivientes enfermos, a mazmorras y penales del interior, a saber los llamados Rodeo I y II. En uno de ellos se fundó el nefasto Tren de Aragua, a la vista y reconocimiento de los palaciegos Fuerte Tiuna y Miraflores.
Todo esto es más que suficiente para justificar los oportunos recientes adjetivos estadounidenses, que para su conveniencia los califican de terroristas y narcotraficantes nocivos para su seguridad nacional.
De alguna manera, aunque no sea la ideal, la justa justicia prevalece por ahora y resulta urgente aprovecharla ya mismo, pues no se sabe si habrá otra oportunidad.
