Publicado en: Ideas de Babel
Por: Trino Márquez
La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Kharim Khan, a Venezuela transcurrió en una atmósfera de secretismo y misterio, como todo lo que rodea al régimen de Nicolás Maduro. El mismo gobierno que exigía que las negociaciones con la oposición en México se realizaran frente a una cámara de televisión, para que todo el país se enterara de lo que ocurría en ese cónclave, optó por mantener en la semiclandestinidad al Fiscal. Incongruente aunque compresible, ¿verdad?
Sin embargo, el fiscal le tenía una sorpresa a Maduro: este tuvo que firmar un memorándum de entendimiento con la CPI que permitirá que prosigan las investigaciones relacionadas con los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El memorándum sirvió, además, para establecer el inicio de la fase de investigación, luego que el despacho de Khan anunciara la culminación del examen preliminar.
Desde que la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señaló en noviembre de 2020, poco tiempo antes de abandonar el cargo, que existían fundamentos razonables para creer que el gobierno venezolano había cometido crímenes de lesa humanidad, Maduro se tomó muy en serio las demandas introducidas en la Corte por los familiares de las víctimas sobre los excesos de las fuerzas represivas durante las manifestaciones de 2017, y por allegados de los presos políticos que acusaron al régimen de tratos crueles e inhumanos en las cárceles venezolanas. Desde entonces ha tratado de reducir los daños, atenuando el peso de su responsabilidad en la ejecución de esos delitos, que desde la aprobación del Estatuto de Roma en 1998, se consideran graves e imprescriptibles. Preocupado por las consecuencias que esas denuncias pueden tener para él y el grupo que lo rodea, le ordenó a Tarek William Saab, el fiscal designado por la Constituyente dirigida por Diosdado Cabello, que reconociera que el concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el joven Juan Pablo Pernalete, habían sido asesinados por los cuerpos policiales que los custodiaban (en los casos de Albán y Acosta Arévalo, pues Pernalete fue abatido en una manifestación por la Guardia Nacional).
Durante la permanencia de Kharim Khan en Venezuela, numerosas oenegés quisieron reunirse con él para que el fiscal conociera de forma directa los argumentos y quejas de las víctimas por la violación de los derechos humanos. No fue mucho lo que lograron. El gobierno asumió el control de la visita para que todo quedara como una especie de tour, de viaje turístico por una nación que cuenta con la mayor cantidad de presos políticos, junto a las otras dos dictaduras del continente: Cuba y Nicaragua. El régimen se propuso que el fiscal tuviese una visión ‘oficial’, por lo tanto, amable y placentera, de lo que ocurre en Venezuela. El memorándum que debió firmar Maduro revela que el fiscal no se dejó engañar.
Recuerdo que cuando estuvo en el país la primera comisión enviada por Michelle Bachelet para evaluar el estado de los derechos humanos en Venezuela, el gobierno aplicó la misma táctica de maquillaje y encubrimiento de la situación real. Se imaginó que el informe de ese grupo iba a ser condescendiente y comprensivo con el régimen. La decepción fue absoluta. El largo reporte elaborado por la comisión fue categórico: los derechos humanos en Venezuela se violan de forma sistemática. A partir de ese minucioso trabajo, la doctora Bachelet tuvo una intervención en la ONU en la cual desnudó al régimen. Algo parecido podría haber ocurrido en esta oportunidad, aunque la estadía de Khan fue de solo tres días.
Provea, Cofavic y el Foro Penal, entre otras organizaciones, han insistido en que Nicolás Maduro se ha limitado a castigar a los eslabones más débiles, en el caso de los crímenes que ha admitido. Sin embargo, ha protegido la cadena de mando, que llega hasta las altas autoridades del ministerio de la Defensa y del ministerio del Interior y Justicia. Esta conducta es la forma de Maduro protegerse a sí mismo, pues si admite que en los crímenes cometidos, la responsabilidad fundamental recae en las cabezas de esos despachos, de donde salen las órdenes, la cadena causal tendría que seguir subiendo hasta la presidencia de la República. Precisamente, este desenlace es el que quiere evitar.
La presencia del fiscal de la CPI estimuló los reclamos de justicia de los familiares del general Raúl Baduel y de grupos como Médicos Unidos de Venezuela, que considera que Maduro debe ser enjuiciado por su desidia para resguardar la vida del personal de salud. Venezuela es el país de América Latina con el mayor porcentaje de decesos entre los médicos y paramédicos, a pesar de la cantidad de contagios relativamente baja que se ha registrado, si se le compara con otras naciones del continente.
Con un Defensor del Pueblo sumergido en las catacumbas, con un fiscal general como Tarek William y una Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial presidida por Diosdado Cabello, es muy poco lo que puede esperarse en materia de protección a los derechos humanos, el castigo a los verdaderos responsables de los abusos y crímenes cometidos y el resarcimiento de las víctimas y sus familiares.
Hay que esperar la decisión final de la CPI. Por ahora hay una buena noticia: Maduro tuvo que estampar su firma en el memorándum de entendimiento. En Venezuela debemos seguir organizándonos y presionando para que el régimen se vea obligado a respetar los derechos de los venezolanos. La actitud de la CPI puede contribuir a desprestigiar aún más a Maduro. Podría ser un folio más en su expediente, pero será la fuerza interna de los sectores democráticos la que logre los cambios.
