La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional ha anunciado un “examen preliminar” sobre la situación de Venezuela. Su titular, Fatou Bensouda, así lo hace saber el pasado 8 de febrero. Es una buena noticia.
Desde ya celebran las organizaciones de derechos humanos y hasta Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien trabaja desde hace meses en la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, para afianzarse, por la narco-dictadura militarista de Nicolás Maduro Moros.
La decisión de la fiscalía de la Corte se sincroniza, casualmente, con el conjunto de sanciones individuales impuestas a funcionarios del régimen de Maduro por parte de la comunidad internacional, al encontrarlos comprometidos con crímenes de trascendencia internacional como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo desde el Estado.
La Corte, con sede en La Haya, es presa de un contexto al que no puede ser extraña. Lo ha sido hasta ahora su Fiscalía, a pesar de las numerosas denuncias que le son presentadas desde cuando ejerce el poder Hugo Chávez Frías.
El Estatuto de la Corte, adoptado en 1998, en cuya negociación participan diplomáticos venezolanos, ahora tiene como probables sujetos al causahabiente de Chávez y sus colaboradores. Acaso pueda encontrar la Corte, en algún momento, elementos para invocar, en contra de éstos, uno de los crímenes que tipifica aquél, como los de lesa humanidad.
Hasta aquí todo bien.
La fiscal Bensouda, no obstante, asume distancia y con asepsia discursiva que mejor corresponde al colegiado de los jueces, evita no llevar más allá su compromiso. Habla de un examen preliminar o, dicho en términos coloquiales, de sacar de los archivos las denuncias, pero no todas, sólo las relacionadas con los hechos de abril de 2017.
Advierte el uso presunto de “fuerza excesiva” para dispersar y reprimir manifestaciones, el encarcelamiento y maltratos sufridos por miles de opositores, sin dejar de aclarar, aquí sí, que algunos de éstos eran violentos contra las fuerzas de seguridad. Y afirma, al paso, que debe respetar el principio de complementariedad, revisando y hasta orientando lo que están haciendo los poderes de la dictadura para enmendar sus propios crímenes.
Bensouda confiesa que se ocupa de mirarnos con curiosidad desde 2016. Ello se explica, a lo mejor, dada la circunstancia de ocuparse a diario de las complejidades y violencias que acusa el planeta en su conjunto y que son muchas.
Probablemente no sepa que, desde hace 18 años, se pone en marcha un proceso para la destrucción del tejido social y las instituciones republicanas de Venezuela, a fin de hacer de su territorio la sede de una organización criminal global. Los jueces y fiscales – con quienes dice hablará – están sujetos a los dictados de Maduro y, bajo sus instrucciones o la de sus esbirros, acusan y condenan a quienes objetan las maldades del régimen; tanto como purifican a sus simpatizantes bajo la consigna de que todo cabe dentro de la revolución, nada fuera de ella.
Bensouda ha sido premiada por la Comisión Internacional de Juristas. Fue la abogado de la Presidencia, la fiscal general y luego ministra de justicia (1998-2000) de Jahya Hammed, militar que ejerce como Jefe de Estado de Gambia bajo el Consejo Provisional de las Fuerzas Armadas, luego de haber derrocado al gobierno democrático y civil de Dawda Jawara, médico veterinario. Sucesivamente, Hammed asume como presidente de la República en elecciones, pero sin observación internacional y bajo protesta de la oposición, con un partido de militares de ideología autoritaria. Y las gana todas, como Chávez, hasta que en 2017 lo obligan los mismos militares a dimitir.
El gobernante al que sirve la fiscal ante la CPI manda por 23 años, que no suman ni Chávez ni Maduro, y a la sazón, al igual que éstos, es acusado de violaciones de derechos humanos, de reprimir a la prensa libre. Afirma que los Estados Unidos y Gran Bretaña lo derrocaron.
Dos frases hacen célebre al soldado gambiano y le emparentan con el desquiciado Maduro: «Nunca se debe poner en peligro la paz y la estabilidad en el altar de la llamada democracia», «no hay manera en la que yo pueda perder, a menos que todas las personas en Gambia se hayan vuelto locas».
No hay fecha, pues, para iniciar una investigación sobre Maduro. La fiscal no lo menciona. Habla de Venezuela, que como Estado no puede ser llevado a La Haya. No tiene fecha límite su examen preliminar de la represión de 2017. El destino de la misma depende de una prueba diabólica, de una política de Estado sistemática y generalizada que sólo puede demostrarse si Besouda – que no lo ha hecho – toma en cuenta las masacres de febrero de 2014 y de El Junquito de 2018. Ya veremos.
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