Publicado en: El Nacional
Por: Ramón Escovar León
La deriva autoritaria de la “justicia constitucional” de la revolución bolivariana ha quedado sellada con la “sentencia” número 324 de la Sala Constitucional del 27 de agosto pasado. En dicha decisión, por vía cautelar, y sin que nadie lo pidiera, suspendió la aplicación de un conjunto de artículos de la vigente Ley de Universidades, ordenó la realización de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de seis meses y decretó que al vencer el plazo en cuestión cesa la permanencia de las autoridades. Esta decisión constituye un golpe al principio de autonomía y a la tradición de la universidad republicana.
Los antecedentes de la Universidad Central de Venezuela son el Seminario de Santa Rosa que se transforma el 22 de diciembre de 1721 en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Luego, el 24 de junio de 1827, Simón Bolívar promulga los Estatutos republicanos, los cuales son elaborados por la propia universidad, y en los que se ratifica el principio de autonomía universitaria. Esta es la universidad de Andrés Bello, José María Vargas, Juan Germán Roscio y de los próceres civiles que inspiraron la declaración de independencia.
Con el correr del tiempo, nuestra universidad fue evolucionando y consolidando la excelencia académica y el principio de autonomía. Profesores, estudiantes y egresados integran la comunidad universitaria y deciden su conducción, tal como hoy lo postula el artículo 109 de la Constitución.
El movimiento estudiantil, por su parte, siempre ha estado presente en momentos estelares de nuestra historia. Fueron los estudiantes quienes, a través de la llamada “Delpinada” del 3 de abril de 1885, organizaron un “acto cultural” para, por medio de la sátira, burlarse de Antonio Guzmán Blanco; más tarde los estudiantes derribarían las estatuas del Ilustre Americano. También fueron los estudiantes de la UCV los actores de la Semana del Estudiante, cuando Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt lanzaron el grito libertario contra la dictadura gomecista.
La universidad autónoma, libre y plural, como espacio del pensamiento, es un factor que incomoda a la revolución bolivariana. No ha sido posible someterla, pese a los numerosos intentos del régimen de convertirla en centros de adoctrinamiento político. Ahora la comunidad universitaria se enfrenta a una nueva estratagema de los socialistas del siglo XXI, quienes, con sus dogmas ideológicos, pretenden controlar la educación superior democrática y republicana, para ideologizarla y subordinarla.
La sentencia 324 de la Sala Constitucional es un nuevo intento, entre otros, para acabar con la autonomía universitaria por medio de un enrevesado esquema electoral, con el pretendido deseo de arrebatarle a los profesores, estudiantes y egresados las decisiones sobre los asuntos universitarios. Ese esquema equipara el voto de los obreros y empleados con el de los profesores, al tiempo que divide al electorado en cinco “sectores”; cada uno con su propio registro electoral: profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y obrero. (Aquí cabe preguntar: ¿cómo se nombran las autoridades en las universidades controladas por el régimen?).
Lo anterior es parte del mensaje marxista: presentar a los obreros y empleados como personas relegadas que tienen derecho de participar en toda clase de actividades; incluso, la conducción de las universidades. Es, en el fondo, una manera de presentar al profesor y al estudiante universitario como elitistas, por defender la autonomía universitaria y la excelencia académica.
De esta manera, el intrincado sistema diseñado en la sentencia 324, sin base constitucional ni legal, establece que el candidato vencedor será el ganador en, al menos, tres de los cinco sectores y haya obtenido, a la vez, la mayoría absoluta de los votos de todos los sectores electorales sumados. Pero los egresados quedan limitados a aquellos que cumplan con dos condiciones necesarias: i) ejercer “la profesión en el lugar donde la universidad tenga su sede, núcleo o afines; y ii) haberse inscrito en el registro electoral que la Comisión Electoral de cada universidad elaborará para tal fin”. Esto establece una discriminación que viola la Constitución, tal como lo explicó el profesor Allan Brewer-Carías en un estudio difundido en las redes, titulado: “La Sala Constitucional, de nuevo, usurpando la función legislativa y violando la autonomía universitaria, en nombre de una falaz ‘democracia participativa y protagónica’ decreta un nuevo régimen electoral universitario y el cese de las funciones de las autoridades universitarias”.
El esquema inconstitucional mencionado es absurdo en su concepción, al desnaturalizar el significado rigurosamente académico de la comunidad universitaria como, por ejemplo, que el manejo de los asuntos universitarios corresponda a un empleado administrativo o a un obrero. Esto sería tan irracional como pensar que los planes de estudios y diseños de líneas de investigación puedan ser elaborados por los obreros, y no por los profesores. Esta consecuencia no escapa al abanico de posibilidades que deja abierta una decisión de inspiración marxista, que va en contra de la naturaleza de la academia.
Asimismo, la decisión 324 pretende legislar en una materia que compete exclusivamente a la Asamblea Nacional. Pero hay algo más grave aún: la Sala Constitucional pretende reformar la Constitución. Mientras el artículo 109 señala que los miembros de la comunidad universitaria son los profesores, estudiantes y egresados, la sentencia añade a los empleados y a los obreros, tal como lo señaló el pronunciamiento de las Academias Nacionales del 2 de septiembre, contra la inconstitucionalidad del nuevo régimen electoral universitario al que se refiere el fallo 324.
Mediante esta sentencia se reedita judicialmente la Ley de Educación Superior que, ante la resistencia y oposición de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes y egresados), el mismo Hugo Chávez tuvo que vetar en enero de 2011.
Estamos ante un proceso en el cual se usa la justicia para someter la vida universitaria, con sus letales consecuencias. Esta decisión, junto con la experiencia vivida durante la llamada revolución bolivariana, evidencia que la justicia constitucional, tal como fue concebida, se ha convertido en un instrumento que restringe los derechos ciudadanos y que afecta con golpes lacerantes la idea misma de república. En lugar de contribuir con la paz social, este tipo de decisiones fomentan, más bien, la inseguridad, la zozobra, la anarquía, con la inevitable perturbación de la vida nacional.
La comunidad universitaria, el mundo académico y los sectores democráticos del país deben asumir una posición unitaria ante la decisión 324. Profesores, estudiantes y egresados, en un solo bloque, son la garantía de que la autonomía universitaria no se perderá.
Hay que preservar los valores de la universidad republicana, que nació bajo el impulso de Simón Bolívar, el Libertador, a quien ahora ignoran los revolucionarios, pese a que lo invocan como su inspirador fundamental.
