Publicado en ALnavío
Por: Pedro Benítez
Contrariamente a la extendida y repetida opinión que se tiene más allá de las fronteras de Venezuela, la oposición de este país se ha caracterizado por la unidad, al menos como bloque electoral en los largos años de la hegemonía chavista.
Comparado con otras referencias históricas, al menos en Latinoamérica, no hay un caso de organizaciones y liderazgos disímiles por sus ideologías y orígenes que durante tanto tiempo se hayan mantenidos coligados enfrentando a un proyecto autoritario.
En México, durante las décadas de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN, en la derecha) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, en la izquierda) nunca consiguieron establecer una candidatura presidencial única, aunque sí lo hicieron para disputar gobiernos estadales y municipales.
En Nicaragua la Unión Nacional Opositora (UNO) reunió a 14 partidos políticos detrás de Violeta Chamorro para un momento muy concreto, la elección presidencial de 1990, donde inesperadamente derrotaron a los sandinistas. Luego de eso la UNO se disolvió.
En Chile por el contrario la Concertación reunió a casi todos los opositores (el Partido Comunista fue la excepción) al régimen militar de Augusto Pinochet para derrotarlo en el plebiscito de 1988 y luego se mantuvo como una exitosa coalición de gobierno por 20 años.
En ese sentido, los distintos intentos por crear una unidad en el terreno electoral han sido hechos concretos en la mayoría de los procesos y en ocasiones con propuestas programáticas comunes que han incluido a exchavistas.
La oposición venezolana fue unida en las elecciones parlamentarias de 2010 y 2015. En las regionales y municipales de 2004, 2008, 2012 y 2013 en casi todas las circunscripciones. Y en las tres últimas elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2013.
No obstante, lo que sí la ha dividido es el dilema de votar o no votar en las condiciones cada vez más adversas que el chavismo ha impuesto. Este es un debate que nunca se ha terminado de zanjar por razones lógicas.
Los que han cuestionado la participación electoral alegan que ésta convalida los métodos fraudulentos ejercidos por las candidaturas oficiales y auspiciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta crítica recientemente la ha asomado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Otros críticos de la participación electoral per se consideran que habría que exigir primero condiciones electorales razonablemente justas. Condiciones que de antemano se sabe que el régimen se va negar a dar porque eso garantizaría su salida del poder.
Ante lo anterior la pregunta de la mayoría de los partidos opositores ha sido: ¿Si no usamos la electoral qué vía nos queda? La alternativa luce impensable, pues el principal instrumento de lucha que la oposición venezolana ha considerado como el más efectivo ha sido el sufragio.
Y fue el sufragio el que le dio la más abrumadora victoria electoral en diciembre de 2015 y de paso demostró con toda contundencia una tesis esgrimida por los partidarios de votar, según la cual si bien el régimen chavista realizaba prácticas fraudulentas en los comicios abiertamente al margen de las leyes establecidas, esas trampas se podrían superar por medio de una votación masiva.
Con más de 7.700.000 votos la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) superó ampliamente los 5.600.000 votos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados en aquella ocasión.
Casi dos años después la oposición perdió más de dos millones de votos, mientras que el chavismo logró conservar más o menos la misma votación de entonces en la reciente elección de gobernadores de estado.
¿Se puede derrotar al régimen por la vía electoral?
Pasando por alto el hecho de que el chavismo no logró demostrar los ocho millones de sufragios que el CNE le atribuyó en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio pasado (ese es otro tema), a primera vista pareciera que la derrota opositora se debió a su propia base. Sin embargo, aunque esto es verdad, no es toda la verdad.
Se ha logrado demostrar que en dos estados, Miranda y Bolívar, el CNE alteró por distintas vías los resultados o la voluntad de los electores atribuyendo la victoria a los candidatos oficialistas. Se ha denunciado el caso de mesas en Miranda donde el candidato del PSUV, Héctor Rodríguez, obtuvo más votos que el expresidente Hugo Chávez en esas mismas mesas en su mejor resultado electoral en 2012.
Por otro lado, las inhabilitaciones administrativas previas, la persecución política y el encarcelamiento de candidatos favoritos perjudicaron las posibilidades opositoras en seis estados.
A lo anterior hay que sumar la acción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y del Carnet de la Patria, instrumentos de distribución de alimentos que en las actuales condiciones de carestía de Venezuela han demostrado ser muy potentes para desestimular la abstención o el voto protesta de las bases chavistas.
En este punto hay que recordar algo fundamental para comprender la realidad venezolana: Venezuela es un petro-Estado. En uno de los siete u ocho países del mundo donde la sociedad vive del Estado por el control que éste ejerce de la renta petrolera y no lo que normalmente ocurre donde el Estado vive de los impuestos que le cobra a la sociedad. Este factor cambia toda la ecuación de poder y favorece al proyecto autoritario.
Lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro hicieron no podría hacerse de la misma manera en otro país latinoamericano por el potencial petrolero de Venezuela. Esto es lo que enfrenta la oposición venezolana.
A lo que hay que sumar que el elector de oposición aprecia la inutilidad de su voto cuando sus victorias son desconocidas a posteriori, desde la Alcaldía Mayor de Caracas, despojada de sus competencias y con su titular Antonio Ledezma actualmente en reclusión domiciliaria, hasta la Asamblea Nacional (AN).
En estos momentos esta misma operación está en marcha contra los cinco gobernadores opositores cuya elección fue reconocida por el CNE.
Esto es lo que plantea el dilema estratégico de la oposición venezolana: ¿En las presentes condiciones institucionales y electorales se puede derrotar al régimen y sacarlo del poder por esa vía? ¿O hay que cambiar esas condiciones primero?
La respuesta definitiva no es sencilla y demuestra que nadie le puede pedir a un grupo democrático la unanimidad de criterio.
