Publicado en Alnavio
Los alcaldes opositores Antonio Ledezma, Alfredo Ramos, Ramón Muchacho y David Smolansky, entre otros, han sido destituidos de sus cargos y sometidos a persecución judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por la misma razón por la cual se ha bloqueado a la Asamblea Nacional: El chavismo siempre ha buscado destruir toda alternativa democrática.
Desde hace más de una década un dirigente opositor venezolano que derrote electoralmente al chavismo es candidato a ir preso. Tener una buena aceptación en los estudios de opinión es suficiente para la inhabilitación. El solo hecho de oponerse al socialismo del siglo XXI es suficiente para cargar la etiqueta de terrorista o traidor a la patria. Las cárceles venezolanas no han cesado de llenarse de ciudadanos que en determinado momento decidieron desafiar el régimen que hoy encabeza Nicolás Maduro. Pero el peor delito pareciera ser ganar o poder ganar una elección. Así funciona la “democracia” chavista.
Solo en las últimas horas los alcaldes de los municipios Chacao y El Hatillo(ubicados al este del área metropolitana de Caracas), Ramón Muchacho y David Smolansky, elegidos por el voto mayoritario, han sido destituidos de sus cargos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y condenados a 15 meses de prisión junto con inhabilitación para postularse a cargos de elección popular.
Queridos amigos y vecinos, un mensaje de mi parte para ustedes: pic.twitter.com/p7CL71x072
— RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) August 9, 2017
El argumento al que recurre el TSJ es que estos funcionarios desacataron la orden dada por esta instancia judicial de impedir barricadas en sus municipios en la reciente ola de protestas. Sin embargo, el sector de la ciudad que vivió las jornadas de agitación más violentas (con numerosas barricadas incluidas) está bajo administración de un intendente oficialista. Se trata de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas y personaje muy cercano al presidente Nicolás Maduro. Aunque el argumento del máximo tribunal del país se le podría aplicar perfectamente a él, las medidas solo se aplican a los opositores.
Cuando inicia mi audiencia en el #TSJ, dejo este mensaje a #ElHatillo y toda Venezuela. Estamos firmes acatando a la voluntad de mis vecinos pic.twitter.com/HN9apMPDCN
— David Smolansky (@dsmolansky) August 9, 2017
De hecho, de los 77 alcaldes elegidos por los distintos partidos opositores en diciembre de 2013, 40 enfrentan algún tipo de medida judicial. Entre ellos se cuenta Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto (en el centro-occidente del país) y dirigente de La Causa R, que hace dos semanas fue destituido y sometido a prisión con el mismo argumento que hoy se esgrime contra Muchacho y Smolansky.
Y con varios años de persecución judicial y presidio figuran también los burgomaestres Delson Guarate y Daniel Ceballos, de los municipios Mario Briceño y San Cristóbal respectivamente.
El legado de Hugo Chávez
Pero de todos, el más emblemático es el caso de Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas. El favorito de las encuestas para ganar ese cargo en 2008 era Leopoldo López, pero la Contraloría General de la República lo inhabilitó. Así que los partidos opositores decidieron ir en un frente unido apoyando a Ledezma, elección que terminó ganando ese año.
El gobierno del entonces presidente Hugo Chávez reconoció la victoria de su adversario, pero entre el día de los comicios y el día de la toma de posesión, la Alcaldía Mayor de Caracas fue despojada de la mayoría de sus competencias y recursos presupuestarios, que fueron traspasados a la Jefatura de gobierno de la ciudad, una figura creada para la ocasión y que no existía previamente ni en la ley ni en la Constitución.
Cuando pese a todas las dificultades Ledezma se las arregló para alcanzar la reelección en 2013, al año siguiente fue sometido a prisión sin fórmula de juicio. Hoy sigue bajo arresto domiciliario sin que pese sobre él condena alguna.
Esas fueron las tácticas que usó el chavismo para burlar la voluntad de los electores de la capital de Venezuela y que constituyeron el precedente de lo que ha venido ocurriendo con la Asamblea Nacional. Pero estos casos no son excepcionales, son un patrón: A cada cargo electivo el régimen le crea una administración paralela, si no logra conservarlo por los votos.
Otro ejemplo ha sido el caso de la Gobernación del estado Miranda (en el centro del país). El candidato favorito, el exgobernador Enrique Mendoza, fue inhabilitado, pero eso no impidió que el opositor Henrique Capriles derrotara al entonces mandatario regional chavista Diosdado Cabello.
Desde entonces la administración regional de Capriles ha padecido todo tipo de trabas y hostigamientos, pese a lo cual consiguió ser reelegido en diciembre de 2012, derrotando a otro de los pupilos de Chávez, el hoy ministro Elías Jaua. ¿La respuesta del Gobierno nacional a esa decisión de los electores? Designar al candidato derrotado “protector del estado” con abundantes recursos a su disposición.
Cuando se hace este repaso se puede ver en otra perspectiva el debate en el cual cada cierto tiempo cae la oposición sobre la pertinencia o no de participar en los procesos electorales que terminan siendo un auténtico viacrucis, y al final (hasta ahora) no han conseguido el cambio político que demanda la mayoría de los ciudadanos venezolanos.
La verdad es esta: En Venezuela ganarle una elección más o menos competitiva a los candidatos chavistas es un delito e implica un alto riesgo personal. Eso también es parte del legado de Chávez.
Sí, Chávez ganó muchas elecciones. Lo que se menciona muy poco es cómo las ganaba. Ahora Maduro no se preocupa ni siquiera de ganarlas, su objetivo es bloquearlas.
