Publicado en: Analítica
Venezuela es un país de impresionantes fluctuaciones. En apenas 100 años que en términos históricos no son más que un abrir y cerrar de ojos, nuestro país ha enfrentado impresionantes cambios para bien y para mal.
En 1920 vivíamos en plena dictadura gomecista. En las décadas siguientes, Venezuela vivió intensas oscilaciones políticas que lo llevaron a ser durante 40 años, aproximadamente a partir de 1960, la democracia más sólida del Suramérica, en medio de un entorno en el cual en nuestro vecindario geográfico pululaban las dictaduras, la inflación y las violaciones a los DDHH. Nuestro récord fue ejemplar.
Pero volvimos a principios del Siglo XX. Para ese momento éramos uno de los países más pobres del continente junto con Haití y Nicaragua. Hoy, 100 años después hemos retonado esa posición, después de haber sido el país más rico de Latinoamérica hoy somos el segundo más pobre después de Haití.
Tristemente dimos un gran salto hacia atrás. Hoy experimentamos un brutal retroceso y, con la aprobación de la Ley Antibloqueo, cayeron todas las máscaras. Recurriendo a la figura de una “Ley Constitucional” que no existe en nuestra Carta Magna, y sin que en ese adefesio jurídico haya sido consultado el pueblo que es el depositario del poder constituyente originario, se ha creado un Poder Ejecutivo supra constitucional, con capacidad para desaplicar cualquier ley. Se trata de la propia definición de una dictadura. Hemos pues vuelto a las andadas y a los momentos más obscuros de nuestra historia.
La Asamblea Constituyente no fue convocada por el soberano, como exige el Artículo 347 de la Constitución vigente:
Art. 347. “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Para colmo se llega al extremo de que la ley publicada en gaceta ni siquiera es igual a la que se aprobó en la Asamblea.
La nueva Ley Antibloqueo crea un Ejecutivo supra constitucional que tiene la potestad de desaplicar cualquier ley de la República, lo cual no es más que la propia definición de una dictadura. Hemos pues vuelto a las andadas y hemos regresado a los peores momentos de nuestra historia más obscura.
La Ley Antibloqueo acaba con el régimen de contratación pública porque autoriza al ejecutivo a contratar cómo y con quien le dé la gana cuando le dé la gana y sin rendir cuentas en medio de un régimen absoluto de confidencialidad
Deroga también la democracia porque un requisito de la misma es la independencia de los Poderes, lo cual desaparece con la creación de un poder ejecutivo supra constitucional. Y para colmo, tampoco tenía facultades esa Constituyente para hacerlo, porque su función, en todo caso no era otra que redactar una nueva Constitución para ser sometida a la aprobación o el rechazo del pueblo.
Se trata por tanto de un cúmulo de inconstitucionalidades que definen todo lo actuado como nulo de toda nulidad.
