Publicado en: Blog personal
Por: Naky Soto
El pasado domingo, la Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo realizó un procedimiento ilegal contra el local Avalon Club de la ciudad de Valencia. Entraron sin orden de allanamiento y requisaron el local y a sus usuarios. Como excusa dijeron haber recibido una ‘denuncia anónima’ que acusó que en ese local se estaba grabando material pornográfico que iban a vender, pero, es mentira, porque esa no fue la causa que presentó la Fiscalía.
Sin embargo, la PNB detuvo arbitrariamente a 33 personas de la comunidad LGBTIQ+ y envió fotografías de los detenidos, fotografías de sus cédulas de identidad, teléfonos y condones, además de la minuta policial del suceso a diversos medios de comunicación, que publicaron la información sin respetar la identidad de las personas (que la PNB vulneró), por lo que amplificaron el ruido alrededor del caso. Hubo titulares vergonzosos apoyados en la falaz leyenda de que Valencia es una ciudad donde viven muchos homosexuales.
El resto del ruido lo causó el dato de que en el grupo de detenidos había una persona con VIH, que de ser cierto, debería estar protegida de toda estigmatización. El estado serológico de un paciente no tiene por qué ser revelado, porque violenta su privacidad y la discrimina. El dato resultó ser falso, pero diversos medios lo trataron como un chisme que intensificaba la supuesta ‘depravación’ de los detenidos.
El dato más importante del caso lo denunciaron ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos: varios familiares recibieron llamadas extorsionándolos, si no pagaban una suma de dólares en efectivo, expondrían a su familiar. Los extorsionadores olvidan que somos un país pobre y que incluso si se trata de salvaguardar la honra de un ser querido, no hay forma de que una familia tenga cómo reunir mil dólares intempestivamente un lunes en la madrugada.
La audiencia de presentación de las 33 personas ocurrió apenas este jueves, 27 de julio, violando el tiempo establecido en el debido proceso. El tribunal admitió los delitos que les imputó la Fiscalía, que, no teniendo con qué sustentar la falaz hipótesis de la fiesta sexual, la pornografía y la potencial comercialización de lo grabado, escogió acusarlos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Los tres delitos son arteros y no aplican al caso:
– El ultraje al pudor no califica, porque demanda que la supuesta orgía ocurriera “a la vista del público”, y obviamente no fue así.
– El agavillamiento supone asociación para delinquir, y nadie delinque ejerciendo consensuadamente su sexualidad aunque elija hacerlo con 32 personas o 10 peluches.
– La contaminación sónica tampoco debió ser admitida, porque incluso tratada como delito, la norma prevé su corrección antes que su castigo, y por eso es tan difícil controlar las rumbas con música en decibeles audibles hasta por marcianos, igual en lugares públicos que en hogares vecinos.
El tribunal no sólo admitió la causa, sino que además estableció un régimen de presentación contra 30 de los 33 detenidos, sólo por ser homosexuales, lo que vulnera la necesaria e imperativa frontera que tiene que haber entre el Estado y la vida privada de cualquier persona. Aún quedan tres personas injustamente detenidas, y quedaron recluidos con presos comunes, lo que supone un riesgo a su integridad por la propia discriminación que ejerció el Estado.
Aunque suena coherente, a razón de la enorme divulgación que el propio régimen le ha dado a su alianza con iglesias evangélicas, esto trasciende la posibilidad de “darles poder”a su nueva base de apoyo a través de esta agresión contra 33 personas, porque es una agresión del Estado, representado en la acción de policías, fiscales y la juez, y en la inacción de la Defensoría del Pueblo. El silencio de la mayoría de los actores políticos también es notable.
He leído comentarios preocupantes, alimentados por la discriminación y la masividad del bullying contra la población LGBTIQ+. Hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera. Al margen de la opinión que tú y yo tengamos sobre una orgía como opción para el ejercicio de la sexualidad, si se trata de adultos y es consensuado, el Estado no tiene nada que ver allí y es un abuso de poder haber sometido al escarnio público a 33 personas por ejercer su sexualidad como les de la gana.
Esto nos afecta a todos, igual a los heterosexuales que a la mayoría de los supuestos defensores de las buenas costumbres que estiman el escarnio como un ‘castigo justo’ por lo que consideran una práctica indebida. Nos afecta a todos, porque se genera un precedente que crea jurisprudencia contra la libertad personal, criminaliza la orientación sexual de algunas personas y legitima el abuso de poder.
En pocos días retrocedimos mucho en materia de derechos civiles. Estas 33 personas merecen libertad plena.
