Publicado en: El Nacional
Por: Trino Márquez
Como parte de su campaña por la reelección, Nicolás Maduro durante las últimas semanas ha insistido en que los candidatos presidenciales deben firmar un acuerdo en el cual se comprometan a aceptar los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio (o la madrugada del 29, porque a esa gente le gusta crispar los nervios de los venezolanos cuando pierden).
Aunque ya salieron a apoyarla algunos «alacranes», se trata de una propuesta inaceptable para Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática. El candidato unitario la rechazó de plano porque quedaría a merced de lo que resuelva un organismo cuya mayoría oficialista –especialmente el señor Elvis Amoroso, su presidente- hace lo que se le antoja, sin tomar en cuenta la opinión de los dos rectores que representan a la oposición democrática en ese organismo, según lo manifestó con total claridad el rector Juan Carlos Delpino en una reciente entrevista con Efecto Cocuyo. Señala Delpino, por ejemplo, que Amoroso resolvió de forma unilateral y sin consultar la totalidad de los rectores, revocar la invitación a la Unión Europea para que asistiera como observadora a la consulta del 28J.
La arbitrariedad de Amoroso viene a sumarse a los constantes abusos y violaciones cometidas por el régimen en el ámbito electoral. El Acuerdo de Barbados, que le daba garantías a la oposición para que eligiera el candidato presidencial según sus propios criterios, ha sido vulnerado de manera obscena. María Corina Machado, electa en la primaria de 2023, fue inhabilitada ilegalmente; y luego Corina Yoris, su sustituta, fue bloqueada por el CNE sin que existiese ninguna razón legítima que explicara esa medida tan caprichosa. A los millones de venezolanos que viven en el exterior se les negó la posibilidad de votar en la cita de julio. El CNE torpedeó la inscripción de nuevos votantes en el Registro Electoral Permanente, tanto en Venezuela como en el exterior. Contra María Corina se desató una cacería en todo el país. No hay lugar en el territorio nacional donde no se le pongan obstáculos cuando realiza una gira proselitista. A Edmundo González lo han invisibilizado en los medios de comunicación financiados con fondos públicos. Los periodistas que se han atrevido a entrevistarlo en circuitos radiales de amplia cobertura, han sido sancionados.
El régimen ha emprendido una campaña represiva feroz contra todo lo que aparezca vinculado con la candidatura de Edmundo González y la campaña épica de María Corina por Venezuela. La líder opositora no puede tomar un avión comercial para viajar de una ciudad a otra. A las empresas privadas de aviación se les prohibió venderle boletos. Los hoteles donde se aloja o los restaurantes donde come, son clausurados. El entorno de María Corina es acosado. Con Edmundo González el asedio es un poco menor. La estrategia frente a él consiste en ignorarlo y tratar de vejarlo, además de descalificar a las encuestadoras que le otorgan una clara ventaja en los sondeos de opinión.
De todos los excesos que comete el régimen está plenamente enterado el presidente y los demás rectores del CNE. Sin embargo, guardan un silencio sepulcral.
El pacto del cual habla Maduro, además de inconveniente, es completamente innecesario. El marco de la elección presidencial –y demás consultas electorales– se encuentra establecido en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Si se quiere tomar como referencia un instrumento aún más reciente, se cuenta con el Acuerdo de Barbados. Todos esos pactos son violados de forma sistemática por Nicolás Maduro, quien se ha encargado de convertir la elección del 28J en un campo de batalla destinado a insultar, anular y agredir a Edmundo González y a María Corina. El equilibrio, la transparencia y equidad de la que hablan las leyes electorales son pisoteadas sin contemplación por Maduro.
El CNE debería ser un factor que garantice la igualdad entre los participantes en la contienda. Pero, en vez de propiciar la ecuanimidad, se comporta como cómplice del gobierno. El cuerpo comicial, en lugar de informar sobre la consulta del 28J, incluyendo la necesidad de que los ciudadanos validen sus datos y constaten quiénes han sido elegidos miembros de esa, o ilustrar acerca de la complejidad del tarjetón y la manera de sufragar en un sistema automatizado, se limita a complacer las órdenes que vienen de Miraflores.
En las condiciones señaladas de forma sucinta en estas líneas, la proposición de Maduro debe ser interpretada, no como una idea orientada a lograr la firma de un acuerdo conveniente, sino como una trampa dirigida a conseguir la capitulación de la oposición ante un régimen que lleva un cuarto de siglo acabando con el país.
