Como punto de partida para estas líneas, quien las escribe aclara 
que no dispone de ninguna prueba que permita acusar al ciudadano El Aissami como narcotraficante ni tampoco ninguna otra que permita brindar credibilidad notarial a las afirmaciones del ex funcionario diplomático, Misael López, quien fungió como principal fuente para la investigación que hizo CNN sobre presuntas irregularidades cometidas en Irak con la entrega de pasaportes venezolanos. En consecuencia lo que sigue es apenas un mero análisis jurídico y político sobre esas noticias.
También aclaramos que este opinador no es agente ni lacayo, ni recibe sueldo, honorarios ni dádivas del “imperio” estadounidense ni de ningún otro. A quienes duden de esta afirmación les invitamos a aportar los datos respectivos lo cual mi amada esposa se los agradecerá por que sabe y me ha dicho reiteradamente que tales emolumentos calificarían como gananciales y, por tanto, la mitad de ellos sería suya, que bastante la precisa.
Como era de esperarse –y luce normal– el gobierno venezolano rápidamente asumió la defensa del vicepresidente de la República. Para hacerlo recurrió a argumentos jurídicos equivocados y –como es su costumbre– a mentiras, epítetos, descalificaciones y demás herramientas que son ya parte de su arsenal discursivo. Veamos.
La inclusión del nombre de personas presuntamente indeseables en la lista elaborada por una agencia del gobierno estadounidense es una potestad que le compete a ese país por ser soberano (igual como lo es Venezuela).Tal potestad ha sido ejercida con fundamento en una ley cuyo título es “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” ( conocida como Kingpin Act) sancionada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada en el año 2000 por el presidente Bill Clinton, que está destinada a surtir efectos dentro del territorio estadounidense para impedir la entrada a ese país de los acusados y para tener efectos sobre cuentas e inmuebles situados únicamente en su jurisdicción. En consecuencia, el argumento jurídico de que se trata de medidas con efecto extraterritorial es totalmente equivocado.
En segundo lugar, vale la pena resaltar que la inclusión de algunos nombres señalados como indeseables, narcotraficantes, corruptos, violadores de derechos humanos u otros delitos es a título individual y no es una sanción contra Venezuela como país, sino solamente contra esas personas pese al intento de Miraflores de presentarlo como lo contrario. Es obvio que la cuestión es ciertamente inamistosa, pero ello no la convierte en ilegal dentro del marco del derecho internacional como pretenden afirmar tanto el señor Maduro como la intemperante Delcy, cuyos estallidos de grosería y malacrianza son ya ampliamente conocidos y comentados en el escenario internacional (recordar el reciente episodio de su insólita irrupción al estilo Jalisco en la Cancillería argentina cuando la reunión de Mercosur a la cual se le había notificado que no estaba invitada).
Veamos ahora la contradicción entre las pataletas del gobierno y los hechos concretos.
En cuanto al polémico programa emitido el pasado 6 de febrero por CNN sobre el asunto de los pasaportes chimbos, Nicolás –el inveterado inventor de cuentos y excusas– afirmó contundentemente que esa empresa periodística es propiedad de narcotraficantes estadounidenses y que la cadena está al servicio del gobierno imperial. Para verificar que ello es mentira solo hace falta revisar los registros societarios completos (disponibles por Internet) o meterse en Google para constatar que la cadena CNN es propiedad íntegra del consorcio ultraestadounidense Time-Warner que no solamente no tiene nada que ver con el gobierno de Washington y fija su línea editorial en forma independiente, sino que ha sido bastante ecuánime con el ex presidente Obama y es más bien combativa contra la administración Trump ,al revés de la cadena Fox que era combativa con Obama y es complaciente con Trump. Para constatarlo basta ver los programas de cada una con lo cual los ígneos epítetos bolivarianos se convierten en apenas inofensivos fuegos artificiales que no aguantan comparación con la histórica grosería proferida por Chávez en septiembre de 2006 en plena Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, afirmando que el podio de aquel escenario aun olía a azufre por la presencia del Diablo el día anterior refiriéndose al entonces presidente en ejercicio de Estados Unidos, George W. Bush. No recordamos que el aludido le hubiese pedido que se retracte como hoy lo demanda nuestro remedo de Cancillería, sino que le ofrecieron olímpica ignorancia tal vez por aquello de que “águila no caza moscas”, que tanto citaba el eterno.
Si bien hasta hace pocos días la administración Trump parecía interesarse apenas por el tema de las drogas procedentes de Venezuela y no por la suerte de su democracia, esta semana han ocurrido eventos que sugieren que también hay preocupación por nuestra situación política como lo demuestra el revelador hecho de que Trump y su vicepresidente Pence, conjuntamente, hayan recibido a Lilian Tintori dando ocasión a un tweet del presidente estadounidense en el que reclama la libertad de Leopoldo, sumado a la conversación telefónica del jefe de Estado estadounidense con su par argentino, Mauricio Macri, en el curso de la cual abordaron el tema, más la concreta declaración del nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mr. Munchin, en el mismo sentido. Maduro y Delcy despotricarán lo que quieran, pero parece que ya en el norte se están dando cuenta de que en Venezuela languidece la libertad, además de la población.
Si yo fuera Tareck, o su supuesto socio Samark López Bello, haría lo que hizo Diosdado Cabello que fue a demandar en los tribunales estadounidenses para que tales “infundios” y/o los dichos del “diplomático traidor y depredador sexual” Misael López que sapeó ante la CIA y CNN, se descontinúen y, de paso, a lo mejor meterse unos cuantos dólares de indemnización por los perjuicios causados a la reputación que ellos creen tener. Como venezolano, este opinador quedaría mucho más tranquilo sabiendo que un tribunal genuinamente independiente decidiera que todo cuanto se dice de funcionarios presuntamente corruptos, narcos o violadores de derechos humanos es una patraña urdida desde sucios laboratorios extranjeros para enlodar el legado del comandante eterno. Verdad que sí.
