Publicado en: Polítika UCAB
Por: Trino Márquez
Los maestros de educación básica, los profesores de educación media y universitaria y otros trabajadores que reciben sus ingresos del Estado, iniciaron el año decididos a protestar en las calles de Caracas y numerosas ciudades y pueblos del interior, en defensa de sus salarios, convertidos en polvo cósmico por las desastrosas políticas económicas del Gobierno. Las movilizaciones registradas durante todo el mes de enero han sido el resultado de la presión de las bases sindicales sobre sus dirigentes, quienes se han visto obligados a convocar marchas y distintas formas de reclamo.
En Venezuela, los sueldos de todos los trabajadores públicos están muy lejos de alcanzar para cubrir el costo de la Canasta Básica e, incluso, el de la Canasta Alimentaria. Según el Cendas-FVM, la CA para una familia de cinco personas fue de $475 en noviembre pasado; mientras que el costo de la CB se situaba alrededor de $610. El salario mínimo de los trabajadores por cuenta del Estado, agrupados todos los ingresos que recibe, es de $30; y el ingreso promedio global se encuentra alrededor de $120. Si suponemos que una familia cuenta con tres salarios promedio, todavía ese grupo no recibe un ingreso que le permita satisfacer los requerimientos de la CB. El nivel de empobrecimiento, o mejor dicho, de depauperación de los empleados y trabajadores públicos, incluidos los educadores, es dramático. Las políticas de Nicolás Maduro y su equipo han arrastrado a esos grupos a la ruina y la marginalidad. Quedan excluidos continuamente de cada vez más circuitos de consumo. Para completar el cuadro de precariedad, a los miserables ingresos monetarios hay que añadir la desaparición en la práctica de la seguridad social. Los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad desaparecieron. No sirven para cubrir ni siquiera la operación de una uña.
El cuadro de deterioro general de los empleados y la imposibilidad de abandonar el país por los riesgos que ello entraña o, simplemente, por los deseos de permanecer en Venezuela, ha provocado las marchas vistas durante las últimas semanas. Las protestas no han sido detenidas ni por el amedrentamiento de los grupos fascistas del régimen, los colectivos, ni por las amenazas del Gobierno, ni por los exóticos argumentos esgrimidos por Maduro. Nadie le cree que las sanciones de Estados Unidos contra sus funcionarios explican la erosión de los ingresos de los trabajadores. Varios dirigentes medios del PSUV lo han expresado con claridad meridiana: el deterioro de los sueldos comenzó mucho antes de que Barak Obama y, luego, Donald Trump, castigaran al círculo que rodea al mandatario; además, cómo es eso que los altos jerarcas del Gobierno se desplazan en camionetas de último modelo, que cuestan fortunas, rodeados de enjambres de guardaespaldas, mientras los militantes de base del partido oficialista pasan hambre como la inmensa mayoría de los venezolanos. Son los propios militantes del PSUV quienes han desenmascarado las mentiras de este Gobierno inepto y corrupto. También ellos son sus víctimas.
Las exigencias de los trabajadores serán difíciles de satisfacer. El régimen carece de recursos suficientes porque desmanteló la industria petrolera y gran parte del resto del aparato productivo nacional. Para incrementar los sueldos y salarios de los asalariados, sin disparar aún más la inflación. El Gobierno debería poseer un volumen de reservas internacionales que permita respaldar la emisión en gran escala de los bolívares que tal aumento demanda. ¿De dónde van a salir esas divisas si las exportaciones petroleras son reducidas, el turismo hacia Venezuela es mínimo y las empresas públicas y privadas casi no exportan productos ni servicios? El aumento de sueldos en el nivel requerido para cubrir las necesidades básicas, tendría que estar acompañado de un programa integral de cambios económicos y sociales. Tal plan tendría que formar parte del levantamiento progresivo de las sanciones y del retorno a la normalidad democrática, con elecciones libres y competitivas. Es decir, de las discusiones y acuerdos en México. Esta postura dialogante y conciliadora no se percibe por ningún lado. El Gobierno de Maduro es una mezcla compacta de arrogancia con ignorancia. La tozudez puede llevar al país a un grave conflicto social. La Chile de 2019 y el Perú actual son buenas referencias.
El Gobierno sustituyó el diálogo con los gremios y sindicatos por las amenazas de reprimir y encarcelar a quienes protesten. La coerción probablemente ya no será tan eficaz como en el pasado. Los trabajadores están luchando por su supervivencia y por la determinación de muchos de ellos de permanecer en Venezuela. No quieren sufrir las penurias de una emigración forzada y en condiciones extremas de precariedad. La solución del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores no se ve en el horizonte. El divorcio entre uno y otros ha sido con libelo.
La oposición política, muy diferente y distanciada hasta ahora de la oposición social, debería encarar este tema. Buscar formas de entendimiento con los líderes sindicales y definir con ellos una estrategia común ante el Gobierno. Los dirigentes gremiales requieren llegar a acuerdos políticos con el régimen; y los dirigentes políticos necesitan conectarse con los enormes y graves problemas que afectan a los trabajadores. Ambos sectores se necesitan mutuamente. Esperemos que prive la sensatez.
