Publicado en: El Nacional
Ante la realidad que nos ha tocado vivir a los venezolanos, prácticamente sin ley, sin Constitución y sin justicia, aunque tenemos muchas leyes, decretos, reglamentos y providencias, apelamos permanentemente a una carta magna de bolsillo y el Poder Judicial hace intervenciones estelares para apuntalar y sentar pretendidas bases jurídicas del socialismo del siglo XXI, el ciudadano común se encuentra desconcertado, perplejo e indefenso.
Sin duda, resulta imposible hacer efectivo el imperio de la ley y no de los hombres en el marco de un Estado de Derecho que, en su esencia, se propone la preservación de los derechos humanos, siendo así que el objetivo de quienes gobiernan no es otro que la salvaguarda del poder, amparados en la fuerza.
Un Estado de Derecho exige no solo la sujeción formal a las normas, sino la plena vigencia de un sistema de contrapesos que impidan los abusos de quienes han asumido la responsabilidad y la carga de servir a los ciudadanos en ejercicio de las funciones públicas.
En Venezuela, en el presente, no hay respeto a la separación de poderes y los derechos ciudadanos son violados y amenazados en forma permanente.
La Asamblea, elegida por el pueblo, con el cometido de legislar y ejercer un oportuno y eficaz control sobre el gobierno, ha sido declarada en “desacato”, fórmula vacía de todo contenido; una denominada constituyente, convocada de espaldas a la voluntad popular, ahora usurpa sus funciones; y el Poder Judicial, carente de toda autonomía, ha proclamado, una y otra vez, su sometimiento a los dictámenes del Ejecutivo y su fidelidad a “la revolución”.
En este contexto de desconocimiento de los fundamentos de la democracia y de afirmación de un régimen autoritario, solo cabe apelar a los resquicios de la justicia y a las instancias democráticas internas que luchan por sobrevivir, así como a los órganos internacionales reconocidos por Venezuela que se han erigido en garantes de nuestros derechos, a pesar de la presión del Estado en contra a los intereses del pueblo, que no son los intereses del poder.
Esos resquicios de justicia nos facultan para reclamar por nuestros derechos y le exige a la Asamblea Nacional, representación plural del pueblo, la perseverancia en el desempeño de sus funciones, con la absoluta convicción de la licitud de cualquier comportamiento que implique el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber.
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