Sanciones y Discusiones – Ismael Pérez Vigil

Publicado en: Blog personal

Por: Ismael Pérez Vigil

No me cabe duda de que en el país está abierto un proceso de negociación, de «baja intensidad», con relación al futuro del país y al proceso de transición que debería darse después de los innegables hechos ocurridos a principios de enero. Ese proceso de negociación es a la vez crucial y amargo en algunos sectores opositores, y es el tema de fondo del que me quiero ocupar; pero para ello tomaré un caso concreto que me permita analizarlo y que sirva para ejemplificarlo. El caso es las “sanciones económicas».

Algunos temas llegan para quedarse; ese es el caso de las sanciones en contra de un país. En el ambiente polarizado en el cual nos desenvolvemos de nada sirve argumentar a favor o en contra, porque las opiniones están sesgadas y las ideas al respecto, petrificadas; pero, el oficio me obliga a hacer el esfuerzo de, por lo menos, resumirlo y explicarlo.

Sanciones económicas

En el tema de las “sanciones” en contra de un país o una sociedad −ya mencionar “sociedad” forma parte del sesgo−, por más que se argumente siempre habrá alguien que diga que son útiles y otros dirán lo contrario. Estos últimos siempre argumentarán que allí están Cuba e Irán, para demostrar esa inutilidad y que esos dos países son el ejemplo de la ineficacia de las sanciones.

Cuba tiene un régimen que ha persistido por casi 70 años y en Irán casi 50; de nada sirve que se afirme la ineficacia de las sanciones debido a que esos regímenes se han mantenido cruentamente a sangre y fuego y que nadie desde afuera va a intervenir para resolver un problema que es de los cubanos e iranies. No sé si hoy, después de lo ocurrido las últimas semanas en Irán, se podrá decir lo mismo; pero esos han sido los clásicos argumentos.

Cuando se habla de Venezuela, no argumentaré con relación a la conveniencia o inconveniencia, utilidad o inutilidad de las sanciones. Como ya dije, mi propósito es limitarme a hacer unas reflexiones respecto a la forma como argumentamos, perversamente, en nuestras discusiones políticas. Ese es el tema que me interesa, dado que ello entorpece la necesaria unidad política de la oposición democrática, que es la obligación y reto que tenemos por delante.

Caso Venezuela

Barack Obama (2009-2017) fue el primer presidente de los EE.UU. en imponer sanciones a Venezuela. En su segundo período, 2014-2017, tras la aprobación por el Congreso de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela (Ley 113-278) en 2014, este presidente, mediante una «orden ejecutiva» (OE), impuso en marzo de 2015 las primeras sanciones directas contra siete funcionarios venezolanos. Estas sanciones incluyeron:

  • congelación de activos en EE.UU., y
  • prohibición de visados.

Donald Trump en su primer mandato, (2017-2021), también mediante órdenes ejecutivas, dictó una gran cantidad de medidas y continuó la política de sanciones iniciada por Obama. Un resumen de las más destacadas sería el siguiente:

  • Sanciones individuales a funcionarios y magistrados por diversas razones y acusaciones, y ofrecimiento de recompensas del Departamento de Justicia contra altos funcionarios.
  • Prohibición de transar, financiar o comprar deuda emitida por el gobierno de Venezuela, veto a las transacciones con bonos del sector público venezolano y prohibición de pagos de dividendos al gobierno venezolano.
  • Prohibición de transacciones y financiamiento con el Petro a personas estadounidenses o que se encuentren en Estados Unidos.
  • La prohibición de transacciones al gobierno de Venezuela incluía al Estado y cualquier subdivisión política, agencia o persona que sea parte o que esté controlada directa o indirectamente por el gobierno, incluidos el Banco Central y PDVSA.
  • Sanción a empresas venezolanas por realizar operaciones con oro, y embargo de embarcaciones de PDVSA y compañías navieras por enviar crudo venezolano al exterior.
  • Bloqueo de todos los intereses y propiedades del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, presentes o futuros, y prohibición de cualquier tipo de transacción con los mismos.

Al final del primer mandato de Donald Trump, además de las medidas económicas contra el gobierno venezolano, se aplicaron sanciones a 87 personas −entre funcionarios, exfuncionarios y personas del entorno del mandatario− y contra 44 entidades.

Pero quiero referirme ahora, únicamente y de manera resumida, a los dos últimos gobiernos −el de Joe Biden y el actual de Donald Trump− para centrar mi reflexión en torno a los argumentos que dominan nuestra discusión interna.

Gobierno de Joe Biden

En la época de Joe Biden, 2021 a 2025, el señor Juan S. González, Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, fue calificado sin misericordia de «comunista», «traidor» y «vendido», por negociar con el gobierno venezolano en nombre de Joe Biden, quien era un presidente demócrata y algunos decían también que era igualmente «comunista» y «traidor», pues «…como todo el mundo sabe, los demócratas norteamericanos son comunistas…», se agregaba como coletilla.

De nada servía argumentar que el gobierno de Biden mantuvo en gran medida el mismo esquema de sanciones de la administración anterior −la de Donald Trump, 2017 a 2021−, que ya he resumido, y que incluía: bloqueo total de activos del gobierno venezolano en EE.UU.; prohibición de transacciones con PDVSA, la empresa petrolera estatal, y sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

A Biden se le calificó de incoherente porque, hacia 2022, adoptó un enfoque más flexible ante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania:

  • Autorizó a Chevron a reanudar operaciones limitadas en Venezuela, ampliando esa licencia en 2023.
  • Autorizó alivios temporales en el sector petrolero y de gas, dadas las conversaciones en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición; y
  • Se liberaron activos venezolanos congelados para financiar servicios sociales bajo supervisión de la ONU.

Tras las elecciones de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor de los comicios frente a Edmundo González Urrutia, Joe Biden, tras declarar ese triunfo fraudulento:

  • Revocó las licencias temporales otorgadas a Chevron y otras empresas.
  • Impuso nuevas sanciones individuales contra funcionarios electorales y militares; y
  • Reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

De esa manera, el balance general de muchos analistas es que la política de Biden fue «pragmática» pero «incoherente» −que son dos características que suelen tener las políticas de los presidentes norteamericanos− por usar las sanciones como palanca negociadora, en Barbados, para obtener concesiones democráticas. Pero, como el gobierno de Nicolás Maduro no cedió en puntos fundamentales, las sanciones se mantuvieron como instrumento de presión, sin lograr un cambio político sustancial. Y, por lo tanto, Joe Biden, un anciano, como fue calificado, siguió siendo un «comunista» y un «traidor» a la causa democrática.

Segundo gobierno de Donald Trump (2025-hoy)

¿Qué podemos decir ahora de la política de Donald Trump hacia Venezuela desde 2025? Que ha sido obviamente más coercitiva que la de Joe Biden:

  • pasó de sanciones selectivas a un bloqueo casi total del sector petrolero,
  • mantiene presión militar y judicial, y
  • todos sabemos lo que ocurrió el 3 de enero de 2026 y lo que ha sucedido desde esa fecha en adelante.

Pero ahí no termina todo, pues se argumenta que, aunque se descabezó el gobierno venezolano, se le mantuvo intacto al dejar en el poder a una «presidenta interina» o «encargada» −designada originalmente en su cargo por Nicolás Maduro−, con quien se han estado reuniendo altos funcionarios del gobierno de Donald Trump:

  • John Ratcliffe, Director de la CIA
  • Laura Dogu, Encargada de Negocios de EE.UU. en Venezuela
  • Chris Wright, Secretario de Energía
  • General Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur (SOUTHCOM)
  • Doug Burgum, Secretario del Interior

En apenas dos meses y medio (enero–marzo 2026), cinco altos funcionarios de la administración de Donald Trump −de un rango, cabe decir, mucho más alto que el de Juan S. González− visitaron Venezuela y sostuvieron reuniones con la «presidenta interina» Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios, para tratar diversos temas y negocios:

  • En el área petrolera y minera;
  • Se han restablecido las relaciones consulares y diplomáticas; y
  • Finalmente, se ha reconocido −por el propio presidente de los EE.UU., quien tiene la potestad de hacerlo− a Delcy Rodríguez como presidenta provisional legítima.

Obviamente nadie puede pensar que el también anciano Donald Trump sea «comunista»; pero su política, igualmente «pragmática» como la de Joe Biden, no es calificada de «incoherente», ni se considera que constituye una «traición» a la causa democrática.

Conclusión

He mencionado algunas de las reflexiones que se hacen con relación a las denominadas «sanciones económicas» y a las políticas hacia Venezuela desplegadas, antes y ahora, por los presidentes norteamericanos; desde medidas individuales (Barack Obama) hasta un embargo económico casi total (Donald Trump, 1er.  gobierno), pasando por una cierta apertura negociada (Joe Biden), y llegando a una presión máxima que incluyó acciones militares directas (Donald Trump, 2do. gobierno)

Es, por lo menos para mí, evidente que la polarización política del país tiñe todas nuestras discusiones y hace que se adopten posiciones y juicios distintos frente a los mismos hechos, o a hechos muy parecidos, en cuanto al fondo de la política de los presidentes de los EE.UU. −velar en primer término por los intereses de su país− y no en cuanto a los detalles. Como bien dice el refrán: «el diablo está en los detalles»; pero, los detalles se leen según el cristal con el que se miran.

En el fondo, tras la larga descripción que he hecho, podemos concluir que los presidentes norteamericanos aplican con mayor o menor coherencia las medidas que consideran más adecuadas en función de los objetivos e intereses de su país. Lo que no podemos permitir que nos ocurra a nosotros −sobre todo en el sector democrático de oposición− es que estas discusiones, y la forma en que las abordamos, entorpezcan nuestro juicio, sigan el curso perverso de la polarización y nos impidan llegar a acuerdos fundamentales.

 

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