Publicado en: Cuentas Claras Digital
Por: Maryhen Jiménez
Son tantos los problemas que golpean a la población venezolana que es difícil analizar un solo fenómeno a la vez. Hoy en día el país vive una emergencia humanitaria, más de 80% vive en pobreza, los servicios públicos han colapsado, el salario mínimo no cubre la canasta básica, la desnutrición avanza, la violencia se ha adueñado de las calles. ¿Cómo se explica este panorama? Sin duda, no es nada fácil aislar una sola variable que explique la destrucción del país. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar con toda seguridad es que la erosión de la democracia en Venezuela y la irrupción de la corrupción revelan en gran parte el porqué de la tragedia de nuestra nación. Según el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina, seguido por Haití y Nicaragua. A nivel mundial, Venezuela se encuentra entre los cinco países más corruptos. Esto resulta paradójico pues Hugo Chávez fue electo en 1998 con el mandato de mejorar la democracia y acabar con la corrupción de los partidos tradicionales.
La corrupción tiene consecuencias sumamente graves para un Estado y su sociedad. Por un lado, puede tener repercusiones graves sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos, sobre todo los DESCA, pero también quebranta la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones de un país. Es por ello que Naciones Unidas, la OEA o incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han trabajado este tema en declaraciones políticas o en resoluciones respectivamente. En Venezuela, la corrupción masiva del gobierno y sus aliados nacionales e internacionales ha traído consigo la violación, por ejemplo, del derecho a la salud, la educación, la alimentación, la seguridad social y protección social, un medio ambiente sano y limpio.
Ahora bien, a pesar de que el Chavismo ha violado todos esos y más derechos en Venezuela, la población no asocia los altos índices de corrupción con la situación del país. Según los datos más recientes de Latinobarómetro para Venezuela (2018) solo el 0,9% de la población consideró que la corrupción representa el problema más grande del país, mientras que el 32,8% y el 26,5% consideró que la economía y la alimentación y escases respectivamente eran los problemas más grandes. En otras palabras, la ciudadanía venezolana no es consciente que sus problemas cotidianos están vinculados al ‘gran saqueo’ del país, tal como explican Tarre y Tablante.
Por ello es esencial que se ponga sobre la mesa nacional el debate sobre la corrupción durante el Chavismo. Sería un craso error seguir ignorando o normalizando la penetración de la corrupción en el liderazgo político y la sociedad. Según Transparencia Internacional, Venezuela es el único país de todos los países estudiados donde la mayoría de los ciudadanos aseguraron que les habían pedido pagar sobornos (61%), mientras el 19% en efecto ha pagado algún soborno por servicios públicos. Según el mismo informe al 21% de la población se le ofreció soborno a cambio de votos y el 87% afirma que la mayoría o todos en el entorno a Nicolás Maduro son corruptos. Tan solo hace un par de semanas el país y el mundo pudo observar ‘la compra’ de varios diputados por razones políticas.
Denunciar la corrupción y aclarar el gran saqueo de la nación es esencial para la reconstrucción de Venezuela. Esto no lo planteo como un mecanismo de cacería de brujas ni revanchismo, sino como un paso esencial para democratizar al país y empoderar a la ciudadanía. La literatura sobre transiciones democráticas habla sobre la necesidad de justicia y esclarecimiento sobre los hechos cometidos durante el periodo autoritario. En nuestro caso, más allá de trabajar el tema de graves violaciones a los civiles y políticos cometidos por el Chavismo, es fundamental vincular la corrupción a la violación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población. Para poder encontrar un balance entre justicia y reconciliación en un futuro se tendrán que aclarar todos los casos de corrupción, pues fueron en gran medida estas acciones del Chavismo que dejaron a los hospitales sin insumos, a los supermercados sin mercancía, a los maestros, enfermeras, médicos, trabajadores del Estado, etc., sin sueldos dignos, y expulsaron a millones de personas de su país.
La pregunta es ¿cómo conseguir justicia para estos delitos al mismo tiempo que se garantice la estabilidad política para no experimentar una reversa al autoritarismo? Encontrar ese equilibrio es muy delicado, pero posible. Una posibilidad representa la creación de un mecanismo híbrido, es decir, un organismo con know-how nacional e internacional, que pueda investigar los casos de corrupción. Como ya he propuesto anteriormente, Venezuela debería solicitar a Naciones Unidas la creación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción para Venezuela, parecida a la CICIG que operó en Guatemala entre 2006-
2019. La CICIG era una entidad independiente cuyo mandato consistía en:
– Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, sus actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación,
– Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
– Dar recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, y prevenir su reaparición, incluidas las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Gracias al trabajo de la CICIG dos ex presidentes, varios ministros, diputados, jueces y empresarios fueron llevados a prisión por haber estado involucrados en casos de corrupción. Más importante aún la CICIG ha contribuido a la creación de una conciencia ciudadana en cuanto a la relevancia de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho.
Para que en Venezuela pueda haber democracia de nuevo en un futuro, se requerirá transparencia en todos los sentidos: transparencia en la acción política, en el gasto público, en los trámites burocráticos, en la interacción de la sociedad en su totalidad. Un buen comienzo será la creación de una comisión de investigación que genere confianza en la población y tenga la legitimidad para sentar las bases de un nuevo Estado. Ahora bien, la lucha contra la corrupción no es una tarea fácil. A pesar de los logros de la CICIG en Guatemala, por ejemplo, la clase política decidió acabar con su mandato pues ponía en riesgo sus intereses económicos y supervivencia política. Para que en Venezuela un organismo similar pueda aclarar los hechos, crear conciencia y contribuir al fortalecimiento del Estado, se requerirá de un liderazgo comprometido con la democracia y la transparencia. Al mismo tiempo requerirá de una ciudadanía vigilante que demande la investigación y la sanción de los crímenes cometidos. Solo así se podrá poner en práctica el “nunca más”.
