La investigación, la detención y el enjuiciamiento de los sobrinos de
la pareja presidencial, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, no es ni puede ser vista como “un caso más” de pesquisa criminal, tal y como argumentan voceros estadounidenses. Es, efectivamente, un expediente de conspiración para traficar drogas, pero con profundas implicaciones políticas. En Venezuela, así lo analizan en el propio gobierno desde noviembre de 2015, cuando se reportó el resultado de la operación policial en Puerto Príncipe (Haití). En Estados Unidos todavía no lo admiten así, para guardar ciertas formas. Pero el juicio que se ventila en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York tiene indicios suficientes para que el Departamento de Estado lo considere como un asunto de seguridad nacional. Veamos:
*Enemigos de Estados Unidos: el extenso informe presentado en julio por el fiscal neoyorquino Preet Bharara, en respuesta a declaraciones de la primera dama Cilia Flores, destaca en sus primeros párrafos que durante la investigación encubierta llevada a cabo en Venezuela y Honduras Efraín Campo fue grabado cuando emitió una declaración inquietante: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Es posible que esta fuese una declaración destemplada, una bravata inconsciente de alguien que intentaba ganarse la confianza de los suplidores de la cocaína. Pero en Estados Unidos esas afirmaciones tienen un alto valor, especialmente luego de la terrible experiencia del 11 de septiembre de 2001.
A esto se une otro dato. Surge del primer análisis forense a los teléfonos celulares confiscados en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial. El informe correspondiente suscrito por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Kimojha Brooks, indica que en marzo Campo, supuestamente, envió correos electrónicos que trataban sobre los requisitos y los documentos para el porte de armas. En septiembre del mismo año, con el mismo teléfono fueron tomadas gráficas de dos subfusiles, uno de ellos con mira láser, así como también de un lanzacohetes. La fiscalía estadounidense envió comunicaciones a las corporaciones Google y Apple para obtener el contenido completo de estos correos. Pero aún no está disponible.
*Asociados al terrorismo: a pesar del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, Estados Unidos continúa catalogando a este grupo guerrillero como “terrorista”. Mientras era llevado en un jet a Nueva York, Campo declaró al agente especial de la DEA Sandalio González III que esta organización sería la proveedora de los 800 kilos de cocaína, a través de un intermediario apodado el Gocho. En el mismo vuelo, Flores de Freitas indicó que las reuniones con este hombre comenzaron en un restaurante tailandés en Las Mercedes.
*Defendidos por Venezuela: luego de la audiencia llevada a cabo en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2016, está claro que los detenidos concedieron a un poder externo tanto la conducción como el pago de sus respectivas defensas. Es decir, ni Campo ni Flores deciden cómo afrontarán el juicio. Desde entonces, las mociones presentadas ante la referida corte han sido en conjunto, muchas veces reflejando las inquietudes expresadas en Venezuela por voceros oficialistas (la tesis del “secuestro”, la identidad de los agentes encubiertos e informantes, etc). Si alguna duda queda en cuanto a quién cancela los honorarios de los defensores privados, se debe recordar que al principio los abogados de Flores fueron los mismos que representaron al Banco Central de Venezuela en una demanda en Estados Unidos contra la web Dolar Today.
Campo y Flores caminan hacia la pena máxima, que en este caso puede ser cadena perpetua. El último recurso que les quedará, cuando ya tengan el agua en las narices, es despedir a sus actuales apoderados judiciales y negociar por cuenta propia con el gobierno estadounidense.
