Los años que siguieron a la muerte de Franco en noviembre de 1975
fueron para España particularmente difíciles y retadores. Después de 36 años de férrea dictadura, esa nación tenía ante sí el reto de instaurar un régimen democrático, caracterizado por la más amplia participación política y por la preservación de un Estado de Derecho, tarea nada fácil de lograr en un ambiente de profunda crisis económica como la que entonces allí se vivía. Después de las primeras elecciones democráticas que se celebraban en más de 40 años, en junio de 1977 Adolfo Suárez fue ratificado como presidente del gobierno, y procedió de inmediato a convocar a los diversos partidos políticos con representación parlamentaria a un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el fin de establecer una serie de medidas tendentes a afrontar y resolver los graves problemas económicos existentes, así como definir las reformas necesarias para la adaptación del ordenamiento jurídico a la nueva realidad democrática que se deseaba implantar, y para dirigir la economía y la sociedad hacia un futuro de libertades y desarrollo.
El objetivo final de esa reunión, que se celebró durante varias semanas del mes de octubre de 1977, era llegar a un compromiso formal del gobierno y de las distintas fuerzas políticas de hacer los esfuerzos necesarios para implementar las acciones, medidas y reformas acordadas hasta llevarlas a feliz término. Fue así como nacieron los pactos de la Moncloa que sirvieron de base para el afianzamiento del sistema democrático español, y para definir las estrategias a seguir para afrontar la grave crisis económica entonces existente, caracterizada por una inflación superior a 40%, un desempleo de 20% de la fuerza laboral, y un amplio déficit de la balanza de pagos.
Finalmente, se concluyeron dos acuerdos: el económico o Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, aprobado el 25 de octubre, y el político, conocido como Programa de Actuación Jurídica y Política, aprobado dos días más tarde. Estos fueron firmados por los líderes de los partidos políticos, incluyendo a Santiago Carrillo, dirigente del recién legalizado Partido Comunista Español (PCE), quienes contaban con el apoyo de las agrupaciones empresariales y sindicales. Horas después los acuerdos fueron ratificados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y quedaron así fijados los objetivos de la política legislativa a seguir.
Creo que las experiencias de los pactos de la Moncloa pueden ser de gran utilidad para Venezuela en el proceso de transición que se avecina, ya que, al igual que la situación de España de 1977, padecemos hoy una profunda crisis económica que exige urgentes acciones correctivas, y se necesita implementar una serie de reformas políticas, económicas e institucionales en las que se fundamente la Venezuela del futuro, que tiene que caracterizarse por la existencia de una pujante economía y de sólidas instituciones, por la independencia de los poderes públicos, y por el retorno y reinserción de muchos compatriotas que tuvieron que emigrar en el pasado. Tenemos que aprender a sortear las dificultades de las complejas e inevitables negociaciones con los líderes de los distintos partidos políticos, incluyendo a representantes del chavismo, quienes tienen que tener una participación activa en las negociaciones si en efecto queremos alcanzar el consenso y el compromiso de las distintas fuerzas políticas, empresariales y laborales, tan necesario para el logro de pactos sólidos y duraderos, condición de base para implementar exitosamente un plan de desarrollo sustentable con visión de largo plazo. Es mucho lo que podemos aprender de la experiencia española de la era posfranquista, la cual, curiosamente, fue liderada por el recordado Adolfo Suárez, quien, a pesar de venir del franquismo, jugó un papel fundamental en la transición y consolidación de la democracia en esa nación.
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