Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
Las elecciones no creo que sean el tema más urgente y de mayor preocupación de los venezolanos; y es probable que ni siquiera sea uno de los más importantes; pero es uno de los primeros que aparece en las discusiones políticas. Por eso es el tema al que me voy a referir, porque además es un tema que conozco y porque toda “transición” −y esta no será distinta− concluye en un proceso electoral.
¿Por qué un proceso electoral?
Muchos autores han trabajado estos conceptos, pero desde que Seymour Martin Lipset y Juan Linz desarrollaron los conceptos de dominación de Max Weber y definieron con mayor precisión el concepto de legitimidad −de origen y de ejercicio o desempeño−, sabemos que estos son conceptos indispensables para la estabilidad política y que el ejercicio del poder solo es legítimo si ha sido constituido según los procedimientos, normas o principios que una comunidad política reconoce como válidos. En las democracias contemporáneas, la fuente clásica de legitimidad de origen es el sufragio universal y libre. Y si algo quedó claro con la celebración de la primaria del 22 de octubre de 2023 y las elecciones del 28 de julio de 2024, es el rescate de la importancia de la vía electoral y del valor del voto.
Para insistir en la vía electoral, las razones son múltiples y han sido ampliamente explicadas por diversos especialistas −y mucho más durante los dos últimos meses−; no insistiré en los argumentos conocidos, me voy a basar en un par de argumentos prácticos. El primero y el más importante es que no creo que a ningún demócrata venezolano le interese que se diga que está en el poder como producto de la fuerza, y mucho menos si ésta es aplicada por una potencia externa. Por tanto, debe ser un gobierno democrático que surja de un proceso electoral legitimado con el más amplio respaldo y la mayor movilización electoral que haya vivido el país.
Y mi segundo argumento es que, para que eso sea posible, desde ahora debemos superar todas las dificultades conocidas −y muchas que aún ignoramos− y prepararnos para lograr que ese evento electoral sea libre, democrático, confiable y verificable, que permita abrir el camino para restaurar todos los poderes del Estado. Eso no se improvisa; organizar un evento así requiere tiempo, definir una ruta y dar una serie de pasos que permitan aprovechar la ventana o puerta que se ha entreabierto, y los resquicios y grietas que han ido apareciendo en un sistema establecido durante 27 años y que se pensaba que era hermético.
Acuerdo político
Desde luego, todo proceso de transición implica un acuerdo político en muchas áreas y entre todos los actores participantes, internos e internacionales. Ese acuerdo, por supuesto, debe comprender el tema electoral −al que me quiero referir− y debe considerar sus aspectos sustantivos, que en Venezuela, entre otros, sin ser exhaustivos ni excluyentes, son: el sistema electoral o de votación como tal, la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la habilitación de organizaciones políticas y candidatos, la revisión y actualización del Registro Electoral (RE), el voto de los venezolanos en el exterior, la eliminación del ventajismo gubernamental en la campaña electoral, el control o exclusión del Plan República, la observación internacional, y, por último, y no menos importante: cómo asegurar que se respeten los resultados electorales.
Esos son los temas sobre los cuales pretendo posar la mirada para reflexionar al respecto. El objetivo no es dar ideas o fórmulas para resolver estos temas, sino proporcionar algunas claves a las que debemos estar atentos −los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la actividad política− cuando se discutan los términos del «acuerdo político» en el que la transición dará paso al proceso electoral. Son los puntos que, en mi criterio, se deben tener en cuenta a la hora de definir los alcances y normas de ese proceso electoral. Estoy consciente de que no menciono todos los aspectos del proceso −sobre todo, no me detengo en algunos detalles− y también de que es difícil establecer prioridades entre ellos, pues todos se conectan sistémicamente y son igualmente importantes; pero, como dije, se trata de dar pistas y claves en aquellos puntos que hay que fijar la atención.
La conformación del CNE
Cualquier analista político y conocedor de esta materia nos dirá que el primer paso para iniciar cualquier proceso electoral creíble es modificar de raíz el actual Consejo Nacional Electoral, CNE. Por supuesto que es así; se debe contar con un CNE que sea confiable para todas las partes, lo que no es el caso del actual; y para que el CNE sea un organismo confiable, su designación debe ser parte importante del «acuerdo político» al que me referí en el punto anterior. Eso significa que, aunque sea formalmente designado por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional actual, debe ser producto de un amplio acuerdo político, una designación por consenso. Por lo demás, esto siempre fue así: las máximas autoridades electorales siempre fueron producto de un acuerdo político. Pero, en mi opinión, en esta ocasión se deben respetar los alcances legales y constitucionales que están establecidos; es decir, que se observe escrupulosamente la despartidización, imparcialidad y participación ciudadana (Art. 294 de la Constitución Nacional, CN).
Los cinco integrantes del CNE y sus suplentes deben ser seleccionados de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE: «…cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano» (Art. 296 de la CN y 25 de la LOPE). Por supuesto, el postulado por el Poder Ciudadano debe formar parte del «acuerdo político» consensuado. Además, se deben cumplir todos los requisitos establecidos, en detalle, en el artículo 9 de la LOPE.
De igual manera se deben integrar todas las juntas y órganos subalternos del CNE: «La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil.» La composición de estos organismos también formará parte del acuerdo de consenso del que he hablado, sea a nivel nacional, regional o local.
Solo de esta manera se podrá constituir un organismo electoral en el que todos confiemos.
Sistema electoral de votación
Además de la fecha, se debe definir con claridad las reglas del proceso electoral, y eso implica, entre otras cosas, acordar qué tipo de proceso vamos a tener: si será manual o automatizado. Personalmente creo que el sistema automatizado ha demostrado su eficacia y fortaleza en las elecciones del 28 de julio de 2024, pues permitió al sector opositor demostrar con actas los resultados que aseguraban su victoria, aunque esta nunca fue reconocida y el CNE nunca publicó resultados diferentes y creíbles; pero ese es otro tema. El problema no es entonces el sistema automatizado, sino el manejo y control del mismo, y eso quedó ampliamente demostrado, como dije, en la elección del 28 de julio de 2024.
Se debe acordar y definir también si la elección que se convoque, además de la presidencial, comprenderá la de la Asamblea Nacional y las elecciones regionales y locales. Creo que se debe elegir de una vez la Asamblea Nacional, pues se necesita contar cuanto antes con un poder legislativo que sea reconocido por todos y legitimado electoralmente, que pueda emprender cuanto antes las modificaciones legales y jurídicas que el país necesita y llevar a cabo la designación de los demás poderes del Estado: Judicial, Electoral, Ciudadano, etc. Las elecciones regionales y locales se podrán convocar y realizar una vez que todos esos poderes sean restablecidos.
Habilitación de organizaciones políticas y candidatos
Tener un proceso electoral que garantice amplia libertad y máxima participación implica, en primer lugar, restablecer la legalidad de los llamados partidos «judicializados», cuya intervención se remonta al año 2012 y se intensificó en 2019 y sobre todo en 2020, cuando los principales partidos históricos fueron despojados de sus autoridades originales −electas por sus bases y que habían sido sus tradicionales autoridades−, de sus sedes, símbolos, tarjetas y colores. Obviamente, se tendrá que resolver la situación de quienes fueron partícipes en esa usurpación, y se tendrán que definir normas acerca de cómo participarán en el proceso electoral, si desean hacerlo.
En segundo lugar, un proceso con las características descritas implica que todos los venezolanos que aspiren a participar lo puedan hacer; es decir, que sean habilitados todos aquellos a quienes se les ha privado del derecho a ser candidatos, a cualquier cargo o para ejercer funciones públicas, por sentencias administrativas dudosas, ilegales e inconstitucionales. Aun cuando los más notorios son unos pocos −y algunos fueron «habilitados» para que participaran en las elecciones parlamentarias de 2025−, los dirigentes políticos y sociales que han sido inhabilitados e imposibilitados de actuar en política de manera libre son más de mil, en todo el país y a diferentes niveles.
Revisión y actualización del Registro Electoral (RE)
El RE, que se supone que es público y continuo, permanece desconocido desde el 28 de julio de 2024, fecha desde la cual no puede ser consultado en la página web del CNE, que como todos sabemos permanece inaccesible. De igual manera, aun cuando la Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE y su Reglamento establecen el carácter «continuo» del registro −que ni siquiera se interrumpe cuando se celebran elecciones−, así como la posibilidad de solicitar la rectificación de los datos en cualquier momento, sabemos también que es muy difícil, si no imposible, hacerlo de esa manera, como lo establece la ley.
La última cifra conocida del RE se remonta a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo de 2025, de las cuales tenemos dos cifras: una proporcionada por el rector Conrado Pérez, de 21.603.544 electores, incluidos los votantes en el exterior; cifra ajustada después a 21.507.162 al incluir (¡?) nuevos inscritos; no obstante, la rectora Rosalba Gil informó posteriormente que el RE estaba conformado por 21.485.669 electores, es decir, 117.785 electores menos. Para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 teníamos también dos cifras, pues se informó que el número de venezolanos habilitados para votar dentro de Venezuela fue de 21.323.253, y en el extranjero 69.211 electores, para un total de 21.392.464 votantes; no obstante, la cifra publicada en la Gaceta Electoral número 1.057 del 1 de junio de 2024 se incrementa en más de 297 mil electores, quedando en 21.620.705 el total, de los cuales 69.211 estaban inscritos para votar en el exterior. La exigua cifra de votantes en el exterior era la única que coincidía.
De manera que la cifra del RE, después de las «aclaratorias» de los rectores, permanece en una nebulosa y será preciso aclararla; como también será preciso depurarla y actualizarla, pues los cálculos que realizan los partidos y ONG que se ocupan del tema señalan que hay una cifra muy alta de electores con derecho a voto por ser mayores de 18 años que no han podido formalizar su registro dadas las dificultades impuestas. Se estimaba que para las elecciones presidenciales de 2024 la cifra de jóvenes no inscritos en el RE superaba el millón y medio; hoy, dos años más tarde −sin contar lo que se incremente para el próximo proceso, pues no sabemos la fecha−, la cifra debe superar largamente los dos millones de venezolanos sin registrar, en el territorio nacional. La insistencia en este punto −la apertura del RE− es una clave de trabajo para los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la participación electoral.
Registrar a dos millones o más de venezolanos −sin contar los del exterior, de los que me ocupare la próxima semana−, no es una tarea trivial, lleva tiempo y no admite demoras, hay que comenzar la presión de inmediato, aun con el actual CNE.
Conclusión parcial
El tema del voto de los venezolanos en el exterior será el punto con el que abriré mi artículo la próxima semana, en el cual también abordaré los puntos pendientes ya señalados −campaña electoral y ventajismo gubernamental, control o exclusión del Plan República, observación internacional y respeto a los resultados electorales−; me referiré igualmente a algunos aspectos inmediatos y urgentes del marco jurídico electoral que habrá que resolver en relación con el proceso electoral.
