Venezuela: ¿por qué cayó la democracia? – Margarita López Maya

Hoy comparto con ustedes el volumen 86 de la Revista Mexicana de Sociología. La autora de este volumen es la historiadora y analista político venezolana, Margarita López Maya.

Resumen: Las venezolanas y los venezolanos viven hoy bajo un régimen autoritario. Este artículo busca responder al interrogante: ¿por qué un país como Venezuela, que tuvo una democracia estable en varias décadas del siglo XX y una economía que parecieron estar en posición cómoda para adaptarse a la globalización desenvolviéndose en el mundo, se derrumbó? ¿Qué lecciones pueden extraerse de lo que allí pasó? Esta reflexión se apoya en una larga línea de investigación sobre el proceso sociopolítico venezolano reciente. En seis secciones se pone de relieve una interpretación de los factores decisivos de ese quiebre democrático, finalizando con lecciones que pueden aprenderse para que no se repita en otros países.

Palabras clave: Venezuela, quiebre democrático, gobiernos de Chávez, gobiernos de Maduro, economía venezolana, autoritarismo, emergencia humanitaria compleja.

Venezuela es hoy un régimen autoritario. Sin embargo, los autoritarismos no son todos iguales, tienen sus particularidades, que obedecen a las características de la sociedad donde se implantan, así como al contexto internacional prevaleciente. Muchos de los autoritarismos del siglo XXI no llegan por golpes de Estado, sino que son más sofisticados en sus métodos y se disfrazan de mil maneras para parecer democráticos. Ahora es frecuente transitar a un régimen autoritario por un camino gradual y sinuoso, que puede comenzar cuando un líder carismático gana unas elecciones competitivas y justas. Y, ya dentro del sistema democrático, practica un ejercicio del poder populista y/o iliberal, que, sin prisa ni pausa, va erosionando principios, valores e instituciones de esa democracia. También los autoritarismos del siglo XXI se apoyan en un contexto internacional marcado por el declive de la democracia liberal y un creciente apoyo popular a formas autocráticas de liderazgo y gobierno. Venezuela es un caso.

Lo que aquí presentaremos es una reflexión en formato de ensayo en torno a los interrogantes: ¿Por qué un país como Venezuela, con una democracia en el siglo XX que fue estable y con una economía y sociedad que parecieron estar en una posición cómoda para adaptarse a la transición globalizadora que venía desenvolviéndose en el mundo, se derrumbó hasta lo inimaginable? ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que pasó en Venezuela para no repetir en otro país una situación como esta?

Esta reflexión es el fruto de una línea de investigación de más de tres décadas sobre el proceso sociopolítico venezolano reciente. Los resultados de las varias investigaciones desarrolladas a lo largo del tiempo son numerosos y están publicados en revistas académicas, revistas de difusión y tres libros.¹ Este cuerpo de publicaciones materializa mi interpretación de la era chavista-madurista y apoya lo que aquí se afirma. Al iniciarse cada sección de este ensayo, como nota a pie de página, asiento las publicaciones académicas mías que contienen los soportes bibliográficos. Por ello, aquí las citas son mínimas, pero quienes tienen interés en profundizar el tema pueden acudir a esas publicaciones.

El declive económico social y la crisis política de fines de siglo²

Comencemos por exponer el proceso de desencanto con la democracia que se apoderó de venezolanos y venezolanas en el último cuarto del siglo XX. Desde finales de los años setenta se fueron acumulando en la sociedad un conjunto de desajustes a todos los niveles y en todas las esferas, que no fueron satisfactoriamente atendidos por las elites políticas del sistema democrático. Los indicadores socioeconómicos revelaban un estancamiento de la actividad económica, que se combinó con un retardo en el pago de las deudas del Estado, lo que desembocó el 18 de febrero de 1983 en la primera devaluación del bolívar luego de varios lustros de sobrevaluación.

Ese día pasó a la historia con el nombre de Viernes Negro. Se le considera como la primera visibilización clara de una crisis en la economía, que pareció constatar lo que economistas venían alertando: que estaba agotado el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones dinamizado por la renta petrolera. Hubo conciencia de lo necesario que era encontrar un modelo alternativo que permitiera retomar el crecimiento, adaptándose a las transformaciones en curso del sistema capitalista mundial. Tal transformación era imprescindible, pero debió hacerse con cautela y tacto político, lo que no fue el caso. Las características de economía petrolera rentística de Venezuela habían moldeado una sociedad muy particular dentro de la región de América Latina y el Caribe. La resistencia al cambio fue masiva.

¿Por qué? Las encuestas mostraban que las venezolanas y los venezolanos tenían altas expectativas sobre su futuro, pues habían socializado que eran —éramos— un caso exitoso de democracia, crecimiento económico y bienestar social. A mediados de los años setenta, en medio de la mayor bonanza petrolera de la historia del país, el gobierno había nacionalizado la industria petrolera y anunciado que pronto el país ingresaría al club de los países desarrollados. Sin embargo, lo que mostró el Viernes Negro fue que esto podría no ser cierto, pues había una crisis económica que algunos señalaban como estructural, que tendía a ahondarse. Los gobiernos de turno empezaron a ejecutar programas de ajuste de naturaleza neoliberal, diseñados desde las multilaterales, sin ningún miramiento con respecto al país donde se estaban aplicando. Los primeros programas fueron heterodoxos, pero de escasos resultados. A partir de 1989, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y el segundo también de Rafael Caldera (1994-1999) se hicieron formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ortodoxos en sus recetarios.

Las políticas neoliberales, que pregonaban las bondades de una economía abierta de mercado, iban a contracorriente de la concepción y la práctica de las políticas públicas del país y de su cultura política, que era profundamente estatista y clientelar. La aplicación, en el segundo gobierno de Pérez, de un ajuste ortodoxo mediante lo que entonces se llamaba una terapia de shock, produjo una enconada resistencia en todas las capas de la sociedad, que dio lugar a fines de siglo a una fatiga de ajustes y a su fracaso.³ El pobre diseño de estos paquetes para una economía y sociedad petroleras muy particulares, junto con la falta de consulta y consenso entre el gobierno y la sociedad política y civil organizada, hicieron fallar estas políticas en Venezuela. Como resultado, en los años noventa el país comenzó a padecer niveles históricos de inflación, pobreza, desigualdad y violencia social. Estos desarrollos golpearon la legitimidad de los gobiernos democráticos y de los partidos tradicionales que habían ejercido el poder desde 1958: el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Intependiente (COPEI), lo que produjo el comienzo de una secuencia creciente de desencanto con el sistema democrático.

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, Venezuela no sucumbió en los años setenta y ochenta a golpes militares que impusieron regímenes autoritarios, que fueron muchas veces quienes aplicaron los llamados paquetes neoliberales, cargando con sus costos políticos. Por el contrario, en Venezuela la última dictadura militar había terminado en enero de 1958, y la población sentía esa experiencia como superada y lejana. Así, la democracia cargó con la responsabilidad de apli[1]car estas políticas de ajuste y asumir sus costos. Como ya señalé, bien por sus diseños o por la torpeza con que fueron ejecutados, al no resolver la crisis económica, desprestigiaron a los gobiernos, a los partidos políticos y eventualmente al sistema democrático mismo.

Inmerso el país en una crisis económica que llevaba ya una década, a fines de los años ochenta, vino un segundo evento dramático, cuando el segundo gobierno de Pérez, en 1989, optó por el programa neoliberal formal, ortodoxo y de shock con el FMI. El solo anuncio de esta decisión y la implementación del aumento del precio de la gasolina como una de las primeras medidas del paquete desencadenaron la masiva explosión social conocida en la historiografía como el Caracazo. Multitudes en todas las ciudades del país salieron a protestar. Durante el primer día de este estallido social, ni el gobierno, ni las policías, ni los partidos, ni los sindicatos hicieron presencia pública para informar, canalizar y/o controlar a una ciudadanía iracunda, lo que produjo un vacío institucional que potenció la protesta. Tuvieron lugar ese y los días siguientes bloqueos en las arterias principales de las ciudades y un saqueo generalizado a comercios. El gobierno, sorprendido por la virulencia del estallido, reaccionó con una represión desproporcionada, que hizo añicos la imagen de una Venezuela estable y democrática. Cientos de muertos fue el saldo en Caracas. Para las venezolanas y los venezolanos, se rompió la ilusión de convivencia social y armonía en la sociedad, y comenzó una espiral de violencia social que perdura hasta hoy.

En los años noventa, sin resolverse la crisis económica y ahora también social, llegó la crisis política, al emerger grupos militares aliados con civiles de extrema izquierda para producir dos intentos de golpe de Estado, con el objetivo de desplazar del poder al gobierno de Pérez. Estos militares, si bien fallaron en su objetivo, dejaron al gobierno en una situación vulnerable, pues mucha gente justificó la acción insurreccional al ver la incapacidad, la corrupción, la insensibilidad y/o poca voluntad del gobierno para superar la crítica situación sin cargar todo el costo sobre la población. En 1993, desde la Fiscalía General de la Nación, se activó un impeachment contra Pérez y, con el apoyo de los partidos políticos, el presidente fue destituido por el Congreso Nacional y sometido a juicio por malversación de fondos públicos. La democracia se tambaleaba.

Quien fuera el líder del primer golpe de Estado ocurrido en febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, comenzó su ascenso como una figura joven, no vinculada a la política de los partidos, capaz de interpretar el disgusto nacional hacia la clase política. El escenario estaba listo para una seducción populista.

Seducción populista y destrucción de la institucionalidad democrática⁴

Desde que Chávez apareció por cadena nacional comandando el golpe de Estado, el 4 de febrero de 1992, cautivó a las venezolanas y a los venezolanos. Su semblante de joven militar de extracción humilde, no contaminado por la política, y sus breves palabras asumiendo su responsabilidad en el fracaso del golpe, mientras reconocía que sus compañeros de armas lo habían hecho “muy bien” en el interior del país, conmovieron al público. Nació entonces el líder carismático que seis años después ganaría las elecciones presidenciales de la mano de un movimiento electoral coordinado bajo la plataforma de partidos llamado el Polo Patriótico (PP). Y una vez en el poder, dio inicio, sin prisa ni pausa, al desmantelamiento de las instituciones del ya debilitado régimen democrático.

El discurso de la polarización política utilizado desde el inicio por Chávez fue un instrumento eficaz para esta meta pues, por una parte, le permitió cohesionar y movilizar a las masas dispersas para acumular fuerza social y ganar las elecciones presidenciales de 1998. Por otra parte, también engendró un imaginario de división de la sociedad en dos polos antagónicos, lo que desencadenó una dinámica de amigo-enemigo que llevará, entre otros elementos, a la violencia social y la desigualdad política que perduran hasta hoy.

Durante la campaña electoral de 1998, Chávez tildó de oligarca y vendepatrias al establishment político, particularmente al ad, el principal del sistema de partidos. A sus dirigentes les amenazó con “freír sus cabezas en aceite”. Consideró que las ciudadanas y los ciudadanos eran víctimas de estas élites corruptas y construyó, como contraparte de estos poderosos, la narrativa de un sufrido y sabio pueblo que votando por él iniciaría su liberación y daría comienzo a una nueva historia para el país. Chávez dio una explicación creíble de la polarización social ocurrida en las últimas décadas, puso una cara concreta a los responsables, simplificó la complejidad sociopolítica ocurrida y despertó la esperanza, con lo que logró unir en torno a su liderazgo a una sociedad debilitada, indignada y fragmentada.

Ese año, Chávez ganó las elecciones con holgura. Con una participación de 63.45% del registro electoral, triunfó con 56% de los votos. Los resultados por municipios y parroquias revelaron que la ciudadanía había votado siguiendo un criterio de clase: la mayoría de pobres y empobrecidos votaron por Chávez, mientras la clase alta y parte de las capas medias, por la oposición. El gobernador Henrique Salas Römer, quien había fundado un nuevo partido, Proyecto Venezuela, llegó de segundo al obtener 39.97%. Así, el bipartidismo ad-copei, que dominó la política democrática venezolana, ya eclipsado en la elección previa que dio el triunfo a Rafael Caldera con una plataforma de partidos alternativos a ella, con este triunfo por fuera del sistema entró en franca extinción.

La polarización política se convirtió en la línea central del discurso oficial, sustituyendo al discurso de paz y armonía social característico de la era democrática (Coronil, 1997) y estigmatizando hasta hoy a quienes no comparten el proyecto bolivariano/chavista. El oficialismo ha recurrido a esta polarización en todas las contiendas electorales, que se transformaron en cuasi plebiscitarias. La propaganda electoral del gobierno es sencilla: votar por cualquier candidato del gobierno a cargos de elección popular o a sus propuestas públicas es votar por Chávez/Maduro o en contra de ellos. Es todo lo que hay que saber. No importan méritos o experiencia de los candidatos o contenidos de las propuestas. Es un juego suma cero. El carácter cuasi plebiscitario es un contribuyente relevante al debilitamiento de la tolerancia y al respeto a las minorías, imprescindibles para un relacionamiento democrático.

Otro instrumento ha sido el desprecio de los gobiernos de Chávez y Maduro, junto con las nuevas élites políticas, a la democracia representativa. Esto se materializa en una narrativa que busca un nuevo tipo de democracia que no complementa, sino que se distancia de esa democracia considerada burguesa y/o despreciable.

Entre las primeras acciones del gobierno de Chávez estuvieron la convocatoria y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La nueva Constitución que emergió del proceso constituyente en 1999, por insistencia de Chávez, cambió el nombre de la república, que pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela, y el régimen representativo venezolano pasó a caracterizarse como una democracia participativa y protagónica. Con este término, las nuevas élites persiguieron dotar al régimen político emergente de una denominación que lo distanciara del representativo previo. Sin embargo, y pese a la propagan[1]da oficial, la Constitución nueva no rompió con la matriz liberal de la de 1961, y se mantuvieron en ella principios e instituciones representativas. Sin embargo, se introdujeron una amplia gama de mecanismos de democracia participativa y/o directa, ya formuladas en propuestas de diversos actores sociopolíticos venezolanos desde al menos los años ochenta.⁵

Pese a que podemos constatar que el régimen político emergente inicial fue un híbrido de representación y participación, el discurso oficial tendió a realzar los mecanismos de democracia directa (referendos, revocatoria de mandatos, etcétera) e instituciones participativas (asambleas, comités comunitarios de gestión en servicios públicos), en desmedro de valores e instituciones representativas que Chávez hacía ver como inferiores o antagónicas.⁶ Con base en la idea de ampliar la participación sobre la representación, en los primeros años se impulsaron instituciones como las mesas técnicas de diverso propósito (agua, gas, telecomunicaciones, etcétera), comités de tierra urbana, consorcios sociales, organizaciones comunitarias autogestionarias, cooperativas, fundos zamoranos⁷ y otras.

Estas innovaciones, donde la participación de comunidades y grupos sociales organizados era un aspecto medular para cogestionar con funcionarios públicos soluciones a los graves problemas de servicios que aquejaban a los sectores urbanos y rurales pobres, crearon una atmósfera de entusiasmo y movilización, especialmente entre grupos que se habían sentido excluidos y/o empobrecidos por las crisis o desde siempre. Igualmente, se aprobaron y practicaron algunos mecanismos de democracia directa,⁸ entre ellos, mandatos revocatorios, como el revocatorio presidencial de agosto de 2004, en el que Chávez obtuvo un triunfo claro.

Sin embargo, mientras el gobierno avanzaba en estas iniciativas que producían mejoras y esperanzas, Chávez al mismo tiempo descalificaba y socavaba aspectos clave de la democracia representativa, como la independencia de las ramas del poder público, particularmente la rama judicial, que comenzó a controlar tempranamente (Levitsky y Ziblatt, 2018). La tolerancia política a las opiniones diferentes y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, así como la libertad de expresión, se debilitaban crecientemente.⁹ El presidente descalificaba a sus oponentes con gran agresividad verbal, y recibía como respuesta posiciones y acciones también altamente polarizadas por parte de fuerzas sociales y políticas, que veían sus posiciones hegemónicas debilitadas y sus intereses en ascuas. Ello desencadenó una atmósfera de confrontación y violencia casi permanente en el país.

La confrontación frontal y violenta¹⁰

Entre 2001 y 2005, esta tensión desembocó en una álgida confrontación por parte de los dos polos políticos que luchaban por alcanzar la hegemonía de sus proyectos para Venezuela. Al aprobarse las primeras leyes medulares para el cambio político mediante decretos-leyes en 2001 —ley de tierras, ley de pesca, ley de hidrocarburos, entre otras—, se dieron las condiciones para un reagrupamiento de fuerzas opositoras bajo la plataforma llamada Coordinadora Democrática (CD). Esta fue liderada principalmente por poderes sociales que percibían la amenaza real de la pérdida de sus posiciones de poder: empresarios organizados en la Federación de Cámaras de la Industria y el Comercio (Fedecámaras), dueños de medios privados de comunicación, y la gerencia de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

También se unió a este bloque la jerarquía de la Iglesia Católica, así como sindicatos afines a los partidos del anterior estatus político organizados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Los partidos del sistema venezolano, muy desprestigiados si no abiertamente rechazados por las ciudadanas y los ciudadanos, eran participantes, pero no protagónicos. Adicionalmente, pululaban en los medios privados mensajes dirigidos a denostar la política y los políticos, y a ensalzar a las organizaciones y a los movimientos sociales como nuevos actores llamados a ejercer el poder.

En diciembre de 2001, Fedecámaras, aliada con la CTV, auspició un paro cívico de 24 horas en demanda de rectificación de los decretos-ley arriba señalados. Tuvieron mucho éxito en paralizar los comercios de Caracas y otras ciudades del país. Esto radicalizó aún más sus posiciones; envalentonados por la percepción que tenían debido a encuestas que los favorecían y las movilizaciones que los apoyaban, se mostraron renuentes a negociar con el gobierno y propiciaron el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que lideraron Fedecámaras y los medios privados. Este golpe fallido contó con apoyos de mandos militares. El golpe sacó del poder a Chávez por unas horas. De vuelta el presidente al Palacio Presidencial al revertirse algunos de los apoyos militares claves alineados con el golpe y producirse una movilización popular importante exigiendo su regreso al palacio de Miraflores, en los meses siguientes perduró la confrontación frontal, expresada en constantes movilizaciones callejeras de marchas y contramarchas convocadas por los dos bloques polarizados, muchas de las cuales fueron multitudinarias. La cd exigía la renuncia de Chávez y la convocatoria a nuevas elecciones.

De diciembre de 2002 a febrero de 2003 se llegó a un clímax con la paralización de la industria petrolera por parte de la gerencia de PDVSA, apoyada por la cd. Rechazaban el nombramiento de una nueva directiva de la compañía hecho por el presidente sin cumplir las normas consuetudinarias que consideraban méritos y experiencia en PDVSA. Derrotado este paro casi tres meses después de iniciado, la confrontación continuó con actividades como las llamadas operaciones guarimbas.¹¹ Con la iniciativa de mediación regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, se llegó en 2004 al acuerdo entre ambos bandos en permitir un referendo revocatorio presidencial, contemplado en la nueva constitución como mecanismo de democracia directa, que tuvo lugar en agosto. El triunfo electoral de Chávez para mantenerse en el poder fue claro. Al año siguiente, se dieron las parlamentarias pautadas para esa fecha por la Constitución; los partidos opositores decidieron unos días antes retirarse abruptamente y no participar, alegando que se iba a dar un fraude. Esta acción pareció buscar de nuevo incitar a una nueva insurrección militar que no se produjo.

De esta manera, para 2005 Chávez había triunfado en todas las confrontaciones, se había quedado con el 100% de las curules para el periodo parlamentario de 2006-2010 y prácticamente había debilitado hasta su casi extinción toda oposición política y social. Incluso dentro de su coalición gobernante se produjo un reajuste de fuerzas: se perdió la importancia de los partidos del PP, para aumentar el rol de los militares en la alianza, así como de grupos sociales de base con ideologías y prácticas radicales. El líder bolivariano había logrado concentrar un poder inmenso y se encontraba casi sin ningún contrapeso institucional ni político. Fue en este contexto cuando en 2005, y con miras a las elecciones presidenciales de 2006, lanzó su propuesta de Socialismo del Siglo XXI, un proyecto que ha implicado ya expresamente la extinción de las instituciones democráticas.

El rol de la renta petrolera¹²

Otro proceso clave en la comprensión del descalabro de la democracia venezolana fue el control que obtuvo Chávez sobre PDVSA luego del paro petrolero finalizado a inicios de 2003. El gobierno superó la insurrección de su gerencia despidiendo alrededor de 60% del personal, la mayoría perteneciente a los rangos de mayor calificación profesional. A partir de momento, el gobierno, mejor dicho, Chávez pudo administrar la principal fuente de ingresos del Estado y el principal dinamizador de la economía nacional sin que ningún poder público, político o ciudadano pudiera controlarlo. Con dominio absoluto sobre la directiva de PDVSA desde 2003 y sobre el Legislativo desde 2005, no existieron restricciones a su poder ni rendición de cuentas que operara. Son los años en que el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, va a ser al mismo tiempo presidente de PDVSA, con lo que se desdibujan las fronteras entre los intereses del Estado y de la compañía, así como los de ambos con los intereses de Chávez y su coalición política. Fueron años de un prolongado e histórico boom de los precios petroleros en los mercados (tabla 1).

En este contexto, Chávez optó por desatender el plan de inversiones de PDVSA y desviar sus recursos para surtir dinero a varias misiones sociales. Estas misiones no sólo le dieron gran rédito político, también sustituyeron las políticas sociales universales del régimen democrático. Estuvieron concebidas como medidas de emergencia para atender problemas sociales como el analfabetismo o el encarecimiento de los alimentos, y dependían de la voluntad de Chávez, quien las otorgaba de manera personal y las publicitaba en su programa dominical Aló Presidente.

Esta manera personalista de gobernar se fue imponiendo no sólo en el nivel nacional. Fue copiada por gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios públicos. En algunos sectores de la población incluso se le percibió como un modelo socialista viable y exitoso (Guerra, 2013). Empresas estatales, misiones sociales y todo el andamiaje de organizaciones populares creadas en el gobierno anterior de Chávez se fueron transformando en redes clientelares, donde se empleaba u otorgaban recursos con base en la lealtad al presidente y su proyecto; desaparecieron la carrera administrativa y los criterios de profesionalización. Fluían los dineros públicos con casi nula rendición de cuentas para cubrir necesidades de la población, ganar elecciones cada vez más plebiscitarias, y satisfacer los caprichos del presidente. El uso discrecional de los recursos de PDVSA, la sustitución de las políticas sociales por misiones sociales enfocadas en torno a Chávez y concebidas como dádivas, conducirán, al caer los precios petroleros en el mercado mundial, a la crisis humanitaria compleja que arranca en 2016 con el gobierno de Nicolás Maduro.

Las contribuciones de la oposición al quiebre democrático¹³

La respuesta de la oposición a la polarización política utilizada por Chávez, como se señaló arriba, fue también inicialmente de polarización y confrontación frontal. Sin embargo, en la medida de sus fracasos fue modificando esta estrategia, aunque con poca convicción y coherencia. Revisemos someramente las estrategias principales de la oposición. Para ello he dividido este análisis en tres etapas.

Una primera etapa se inició en 2001, con la CD. Esta plataforma, como ya argumentamos, estuvo liderada por organizaciones empresariales, dueños de medios de comunicación, asociaciones de la sociedad civil como Queremos Elegir, una organización de la gerencia petrolera llamada Gente del Petróleo, la CTV y un grupo de partidos políticos opositores. Fue la que convocó a la marcha del 11 de abril de 2002, que desencadenó esa noche un golpe de Estado por parte de militares de alto rango y civiles de estas organizaciones, que destituyó a Chávez por unas horas y designó a Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras, como mandatario de Venezuela. Fracasó, pero en los meses siguientes al paro la cd promovió marchas opositoras mensuales, que a veces terminaban de manera violenta, así como fraguó el paro petrolero de diciembre ya aludido, que acabó en otro gigantesco y costoso fracaso. Después de eso, la cd aceptó participar junto al gobierno de Chávez en la Mesa de Negociación facilitada por la OEA y el Centro Carter, en la que se acordó consultar a la población mediante referendo revocatorio sobre la permanencia de Chávez en el poder hasta culminar su mandato. Al ganar nuevamente Chávez, la cd, ya muy debilitada, se disolvió. En 2005, los partidos disgregados se retiraron unos días antes de las elecciones parlamentarias, dejando al gobierno en control total del Legislativo para el siguiente periodo constitucional (2006-2010).

Una segunda etapa se abrió en 2008, con la constitución de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), mediante un acuerdo ya no de fuerzas sociales y políticas, sino de partidos políticos exclusivamente. Funcionó hasta 2016. La MUD dejó atrás las acciones insurreccionales de la etapa primera para enfocarse en una estrategia legal y electoral. Promovió elecciones primarias para escoger algunas candidaturas opositoras en las elecciones regionales en 2008, y luego hizo lo mismo para escoger al candidato presidencial para 2012 que competiría contra Chávez. Las primarias opositoras para escoger al candidato opositor a Chávez fueron un éxito, al participar más de tres millones de venezolanas y venezolanos. Resultó ganador Henrique Capriles Radonski, del partido Primero Justicia (PJ), que en las elecciones presidenciales ese año obtuvo un importante caudal electoral, 44% del total de votos válidos, frente al 55% obtenido por Chávez.

En 2015, la MUD también impulsó mediante primarias la elección de sus candidatos unitarios a la Asamblea Nacional (AN). En esa coyuntura alcanzó su mayor éxito, al obtener resultados que permitieron a los partidos opositores controlar todas las mayorías parlamentarias de la AN. Obtuvo 56.22% de los votos válidos. Ocho años después de los estruendosos fracasos de la cd, la oposición democrática pareció resucitar y encontrar una estrategia ganadora, recuperándose de sus descalabros y despertando esperanzas por un cambio y/o alternancia política.

El éxito, no obstante, alertó al gobierno de Nicolás Maduro, ya en el poder, de que había perdido, posiblemente de manera irreversible, su condición de mayoría en la preferencia del electorado, y comenzó ese mismo año una estrategia para impedir un posible triunfo opositor en las presidenciales de 2018. Desde diciembre de 2015, el gobierno comenzó a mover sus fichas: recompuso la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para afianzar más férreamente la incondicional lealtad que ya tenía de los magistrados. En enero de 2016 emitió un decreto de emergencia económica para sustraer las decisiones de la economía del Legislativo. También ese año suspendió irregularmente el referendo revocatorio iniciado por los partidos opositores contra Maduro, cuyos requisitos constitucionales para ser implementado ya habían sido completados y reconocidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El gobierno bloqueó de esta manera la posibilidad de un cambio político por la voluntad popular.

La tercera etapa en relación con estrategias desarrolladas por la oposición empieza en 2016 y llega hasta 2022. Ha estado enmarcada en una primera clara estrategia del gobierno a evitar que aquel triunfo parlamentario produjera un triunfo de la oposición en las presidenciales de 2018. Así, después de la recomposición del TSJ ya mencionado, el nuevo TSJ sustrajo en 2017, mediante sentencia, todas las atribuciones legislativas a la AN, para transferirlas a sí mismo. Tal exabrupto constitucional prendió las alarmas internas e internacionales. La fiscal general, hasta entonces leal al chavismo y a Maduro, declaró públicamente que se había roto el hilo constitucional; poco después, acosada por el gobierno, se vio obligada a salir al exilio. La comunidad internacional se activó y fue reconociendo que el régimen venezolano se había despojado de sus últimos ropajes democráticos.

En 2018, el gobierno de Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin cumplir con los requisitos constitucionales. Esta ANC le serviría de Legislativo paralelo al electo por el voto popular. Los partidos opositores principales del país rehusaron participar en estos comicios, argumentando que las condiciones eran ilegales. La ANC no sería sino otro ardid oficial para esquivar los controles de la AN en manos de la oposición. Memorias de miembros del gabinete o aprobación de los presupuestos nacionales fueron llevadas a este órgano, desconociendo las atribuciones constitucionales de la AN. Otra medida clave de la ANC fue adelantar las elecciones presidenciales de 2018 para el primer semestre. En estas elecciones, realizadas en mayo, los partidos opositores principales tampoco participaron, alegando condiciones inaceptables. Aparecieron algunos liderazgos opositores alternativos, más dispuestos a interactuar con el gobierno en los términos exigidos por este. El CNE, controlado por el gobierno, proclamó ganador a Maduro. Las cifras de esta elección han sido hasta la fecha no reconocidas como válidas por los observadores electorales nacionales e internacionales, lo que convirtió al régimen en un autoritarismo franco, y desde 2019, cuando comenzó un nuevo periodo presidencial, a Maduro en un usurpador de la presidencia de Venezuela.

Llegamos a 2019, cuando las fuerzas opositoras, desconociendo a Nicolás Maduro como un presidente legítimamente electo, nombraron como presidente provisional de la República al diputado del partido PJ Juan Guaidó, quien había sido designado ese año como presidente de la AN. En diciembre de 2022 se produce el fin de la presidencia provisional, que se había convertido en un gobierno interino o interinato, y Guaidó salió camino al exilio.

Esta etapa entraña una gran paradoja. Tiene como contexto previo el triunfo electoral de la oposición en 2015, cuando, fortalecidos los partidos por su victoria parlamentaria, pensaron que era cuestión sencilla y pronta la salida de Maduro. No tuvieron la disposición de ponerse de acuerdo sobre una estrategia unitaria por seguir y se les vio en constante confrontación entre ellos, actuando de manera descoordinada y errática. Las tensiones interpartidistas habían comenzado casi inmediatamente después del triunfo parlamentario y pareció no haber voluntad para encontrar una estrategia común, lo que motivó la renuncia del coordinador general de la MUD. La decisión de los partidos fue no buscar un reemplazo del cargo, sino actuar colectivamente, lo que resultó desastroso porque no se ponían de acuerdo.

En estos años encontramos entre los partidos posiciones diversas, en algunos casos extremas, como la estrategia de presionar por la salida inmediata del gobierno de Maduro en 2014 y 2017 mediante movilizaciones populares, promovidas por los partidos VP del dirigente Leopoldo López y Juan Guaidó y Vente Venezuela de María Corina Machado. Contaron con respaldo internacional. Otra estrategia audaz y aislada fue el golpe de Estado fallido promovido por el dirigente de VP, Leopoldo López, en 2019, conocido como la Operación Libertad. Asimismo, la llamada Operación Cúcuta, también promovida por López y Guaidó, que comprometió al presidente de Colombia Iván Duque y terminó en un contundente fracaso y escándalo.

Estas acciones debilitaron, dividieron y desprestigiaron a la oposición ante la ciudadanía. Sometida a una emergencia humanitaria compleja, percibió a los opositores como irresponsables, guiados más por sus propios intereses que por los de la población. De esta manera, también contribuyeron a que el autoritarismo se consolidara. El país vio con asombro y después con desencanto cómo estas acciones opositoras resultaron en caos, anarquía y fortalecimiento de la dictadura.

Durante estos años, el gobierno de Maduro aceptó en varias ocasiones sentarse a dialogar y negociar con los actores políticos opositores. Sin embargo, los resultados fueron muy escasos, tanto para superar la emergencia humanitaria compleja, que no ha cedido, como para avanzar en condiciones con miras a una redemocratización de Venezuela.

La estrategia oficial ha sido la de proyectar una disposición para democratizar, pero sin voluntad política para concretar ninguna concesión real que ponga en peligro su control del poder. Ha sido más hábil que las fuerzas opositoras en lograr sus objetivos, e incluso en algunos momentos ha logrado, por ejemplo, que estas aceptaran desmovilizar las protestas en las calles, prometiendo garantías que no cumple. Llega a las negociaciones con un solo propósito: mantenerse a toda costa en el poder. Hoy el régimen autoritario muestra consolidación y la oposición carece de músculo para obligarlo a devolver derechos democráticos a la ciudadanía. La mayor fuerza de la oposición es el respaldo que tiene del gobierno de Estados Unidos, que recientemente, bajo el gobierno demócrata de Joe Biden, ha condicionado el levantamiento de las sanciones sectoriales que ha impuesto al gobierno de Maduro a la negociación con la oposición para una reinstitucionalización del país.

El régimen del Socialismo del Siglo XXI o Estado Comunal

Mencionemos un último factor, que es el esfuerzo del chavismo a partir del segundo gobierno de Chávez (2006-2013) para imponer un nuevo régimen político sin instituciones de democracia representativa liberal.

El movimiento electoral bolivariano, que surgió para la campaña presidencial de 1998, se nutrió inicialmente de un amplio espectro ideológico, tanto de izquierda como de derecha y centro. Ciertamente, había cuadros relevantes que venían de la extrema izquierda o tuvieron en el pasado vínculos con la lucha armada o con los partidos marxistas leninistas posteriores, como fue el caso del propio Chávez. Estas personas habían comenzado sus carreras políticas en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) o en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que comandaron la lucha armada fracasada de los años sesenta. Algunos continuaron en organizaciones en armas que se desprendieron de esos partidos cuando estos se incorporaron a la vida democrática, o pertenecieron a partidos o grupos de esta tendencia que se crearon después. En el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), del comandante Douglas Bravo, militaron, por ejemplo, el hermano de Chávez, Adán, y Alí Rodríguez Araque, quien fue presidente de PDVSA y ministro del Petróleo con Chávez. De la Organización Revolucionaria-Liga Socialista viene el propio Nicolás Maduro y de Bandera Roja, ministros como Francisco Torrealba o Elías Jaua; este último fue vicepresidente de Chávez y ha sido ministro de Educación y también de Comunas con Maduro.

Mientras el PP fue una plataforma heterogénea ideológicamente, hubo tensiones y frenos a la destrucción de los principios y las instituciones democráticas. Sin embargo, a fines del primer gobierno de Chávez se produjo una depuración de esa heterogeneidad, al radicalizarse Chávez e irse del gobierno funcionarios y partidos más moderados. La coalición o bloque en el poder se desplazó hacia posiciones radicales iliberales y se fortaleció el ala militar.

La cultura política autoritaria de izquierda de dirigentes y funcionarios civiles de los gobiernos de Chávez y de Maduro ha sido poco estudiada, pero se revela en la desvaloración de la democracia liberal de los discursos oficiales, en el desprecio al sufragio universal, directo y secreto, al pluralismo, a la independencia de las ramas de los poderes públicos o a los derechos de las minorías, e inclusive a los derechos humanos que son de carácter individual. Todo esto es parte del imaginario marxista leninista. También se asocia con utopías socialistas sobre la democracia directa —democracia asamblearia— e ideas de un pueblo soberano que encarna la voz divina y tiene una sola voluntad general sin pluralismo.

La propuesta del Socialismo del Siglo XXI que Chávez anunció en 2005, en el marco del Foro de São Paulo en Porto Alegre, esboza una propuesta de régimen político ya sin ataduras liberales y fuertemente influida por estas ideas. Ese nuevo régimen, que se llama en documentos públicos democracia revolucionaria y ya no participativa y protagónica, como en la Constitución de 1999, Chávez lo proyecta como un Estado Comunal. Al salir triunfante en su reelección de 2006, propuso una reforma a la Constitución de 1999 para ajustarla a este novedoso diseño.

Algunos contenidos iniciales de este Estado Comunal quedaron plasmados en la propuesta de reforma constitucional presentada por Chávez a la AN en 2007, que no logró la aprobación popular cuando fue sometida al obligatorio referendo. Entre los cambios que propuso ahí están redactados unos conceptos confusos sobre la propiedad privada, la creación de un nuevo poder, el poder popular, que no se originaba en el sufragio universal, el predominio de intereses colectivos sobre derechos individuales, la reelección indefinida del presidente de la república, la pérdida de autonomía del Banco Central de Venezuela, un papel más activo de las fuerzas armadas, entre otros.

La derrota de la reforma constitucional en 2007 fue un golpe para la legitimidad de este modelo y para los sueños socialistas de Chávez. Significó un parteaguas en la evolución del bolivarianismo, que convertido en chavismo ya nunca sometió esta propuesta a una consulta popular. Sin embargo, Chávez y, con menos perseverancia, Maduro siguieron implantándola en la sociedad venezolana, apoyándose en el carisma de Chávez, los dineros de la prosperidad petrolera invertidos en propaganda, las manipulaciones sobre los otros poderes, y torcidas interpretaciones del marco constitucional, lo que ha sido posible por el control que ejercen sobre los magistrados del TSJ.

La concepción del Estado Comunal que reflejan leyes socialistas y documentos oficiales, que se fueron aprobando en el segundo gobierno de Chávez, y otros con Maduro, ha buscado crear un poder popular que no nace del sufragio universal, donde predominan los intereses colectivos sobre los individuales y las decisiones se toman en asambleas. La base territorial del Estado se concreta en el concepto de consejo comunal, que es la base organizativa primaria de la sociedad, que se va agregando en comunas vinculadas al partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y estas pueden articularse en ciudades y federaciones de ciudades socialistas. La planificación es centralizada, las decisiones las toma el Ejecutivo. Sus tareas las financia el gobierno central, que les da prioridad sobre las entidades federales y los municipios, que son las estructuras que contempla la Carta Magna, y cuyas autoridades son electas democráticamente. Las tendencias autoritarias, afines a los socialismos del siglo XX, particularmente el modelo cubano, inspiran este diseño. Así, existe también una dimensión ideológica que ha apoyado la ruptura democrática.

Como cierre: ¿qué lecciones pueden aprenderse?

Revisado el continuo de procesos socioeconómicos y sociopolíticos que por varios lustros provocaron una gradual extinción de la democracia venezolana y el surgimiento y la consolidación de un régimen autoritario, de vocación totalitaria y sultánica,¹⁴ señalemos algunos temas que podrían atajar su repetición en otras sociedades.

En primer lugar, se constata la importantísima necesidad de atender a tiempo, con inteligencia, madurez y coherencia democrática, la crisis de representación. La reversión de la democracia no es exclusiva de Venezuela, todo lo contrario, pues obedece a las disfuncionalidades generadas en la relación entre sociedad y Estado como resultado de los cambios producidos por el avance de la globalización, con sus innovaciones tecnológicas, económicas y sociales. Es gracias a las incertidumbres, tensiones y desigualdades generadas por estos grandes cambios que surgen condiciones objetivas y subjetivas para la seducción populista. Al llegar al poder un líder populista, tiende a socavar principios, valores e instituciones democráticas. Ante ello, élites y ciudadanía deben reaccionar con responsabilidad y madurez.

En Venezuela, la crisis de la deuda de los años ochenta y la reestructuración de la economía con orientaciones neoliberales, con miras a adaptar al país a los desarrollos mundiales, dañó mucho la legitimidad del sistema político democrático y sus actores. Venezuela había sido un país de cultura política particularmente estatista, por la característica petrolera-rentística de su economía y por su petroestado. En las dos últimas décadas del siglo pasado vio a sus élites políticas dar un giro de 180 grados y comenzar a desmontar el discurso y las estructuras del Estado de bienestar, socializado por décadas, reduciendo todo gasto social y dejando a la intemperie del mercado a las mayorías del país. Esto estaba ocurriendo a instancias de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, sin tomar en cuenta las particularidades nacionales, lo que tendría consecuencias nefastas en la calidad de vida de la mayoría de la población y en las expectativas de igualdad e inclusión social promovidas por el discurso y las políticas de los gobiernos democráticos.

Los gobiernos venezolanos de la última década del siglo no midieron las profundas consecuencias de ese golpe de timón. Terminaron aplicando políticas a contracorriente de los principios que habían sostenido por décadas, sin justificar convincentemente ante la ciudadanía el porqué de tal giro, ni respetar la construcción de los consensos y apoyos entre los actores sociopolíticos antes de implementarlas, de acuerdo con las reglas convenidas en los pactos constitutivos del régimen democrático. Gobiernos, partidos y organizaciones sociales como la CTV hicieron pocos esfuerzos para garantizar las políticas sociales que redujeran el empobrecimiento, la desigualdad y el cierre de ascenso social que implicaban las medidas de ajuste. Las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito alimentaban versiones de que la crisis se debía a este factor y no a problemas estructurales. En la práctica, las élites abrazaron políticas de ajuste y abandonaron la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías del país que habían sido reconocidos en la etapa de sustitución de importaciones. La ciudadanía percibió una ruptura —¿traición?— de los pactos sociales que sostenían la relación entre ella y quienes ejercían el poder.

El Caracazo de 1989 reveló la profundidad del malestar, así como también la incapacidad y/o descomposición en general de partidos y sindicatos, que no supieron responder en horas aciagas en representación de los intereses afectados, canalizando esa ira para que se procesase en instituciones de resolución de conflictos. El gobierno de Pérez reaccionó tardíamente apelando a una represión desproporcionada, autoritaria, que produjo cientos de muertos en las calles de la capital. Estos trágicos hechos abonaron el terreno para el surgimiento de un líder antipartido, antipolítica, antiélites, es decir, populista. La lección que de esto se desprende es la imperiosa necesidad de forjar élites responsables, con real vocación democrática, que crean en principios y valores, que privilegien salidas institucionales, que estén dispuestas a hacer sacrificios en aras de servir al bien común, que respeten los acuerdos de diálogo y participación, y que no se centren en sus intereses partidistas, corporativos y/o particulares.

El proceso venezolano también enseña con prístina claridad la capacidad corrosiva de la polarización política para la continuidad de la democracia. Es un instrumento político que divide a la sociedad y transforma la política en un juego suma cero donde el respeto al otro, la tolerancia a la diferencia, la civilidad y la valoración de la paz se van diluyendo en favor de una dinámica de confrontación y violencia, donde se asienta como sentido común que unos tienen más derechos que otros. En este contexto, se llega al concepto de que los fines justifican los medios, porque la diatriba política se convierte en una épica cuasi religiosa en la que los buenos deben prevalecer sobre los adversarios convertidos en encarnaciones del mal.

Entre las directrices estatales más importantes para revertir esta nefasta práctica señalaría la implementación de una extensa educación pública de calidad, que inculque valores de tolerancia, respeto a la diferencia y convivencia pacífica, así como de valoración a las instituciones y prácticas democráticas, por encima de improvisaciones, trampas, rupturas y violencias.

En estos tiempos en que existen actores nacionales e internacionales dedicados a pervertir la realidad para crear realidades paralelas que los beneficien, las políticas comunicacionales necesitan fomentar amplios espacios para el intercambio de información veraz e ideas, imprescindibles e imperativos también para vacunarse contra la polarización política. El discurso democrático debe enfatizar el valor de la verdad, la honestidad, la complejidad y la diversidad de lo social. En la esfera política, acuerdos políticos entre partidos y sociedad civil podrían impulsar estrategias y me[1]didas para garantizarle a la población formas para protegerse de los actores que hacen uso de posverdades, medias verdades, fake news y otros recursos para erosionar los cimientos de las relaciones de convivencia pacífica y democrática entre sociedad y Estado.

La polarización política debe también ser enfrentada con estrategias envolventes, institucionales y no frontales. El caso de la oposición venezolana aquí someramente descrito ha sido tomado como ejemplo de lo que no debe hacerse frente a avances autocráticos en los tiempos de populismos radicales. Se argumenta, en un reciente estudio comparativo, que son más exitosos los actores sociopolíticos que buscan estrategias menos frontales, más graduales e institucionales (véase Gamboa, 2023). No fue el caso de la cd, con su golpe de Estado, guarimbas y paro petrolero. Dan fe de ello las experiencias colombiana y ecuatoriana, que lograron contener las apetencias de líderes autocráticos de permanecer indefinidamente en el poder, y la misma estrategia venezolana desarrollada entre 2008 y 2016, cuando, pasando la hoja de las estrategias insurreccionales, la MUD tomó la senda electoral y unitaria; fue el periodo de mayores logros de los partidos opositores para contener la evolución autoritaria.

Hoy la dictadura de Maduro, apoyada por una coalición de fuerzas compuesta por grupos militares y civiles que son políticamente más importantes que el PSUV, gobierna Venezuela a sus anchas y se ha consolidado en el poder. Esta coalición controla todas las ramas de los poderes públicos a nivel nacional y la amplia mayoría de los poderes en lo subnacional. Maduro cuenta también con importantes apoyos internacionales entre países autocráticos que se vienen articulando para enfrentar la democracia y los valores de Occidente. Toda estrategia de los partidos y las organizaciones de la sociedad civil nacional resulta débil para obligar al gobierno de Maduro a una redemocratización. Los resultados en las mesas de negociación que hasta la fecha se han realizado son escasos. Ciertamente, las fuerzas sociopolíticas democráticas cuentan con apoyos en la comunidad democrática internacional, pero es Estados Unidos, sin duda, con las sanciones personales y sectoriales impuestas al gobierno y sus altos funcionarios, el país que tiene la capacidad de persuadir a la dictadura a iniciar una transición hacia la democracia a cambio de un alivio de estas sanciones. Pero el camino es complejo y lleno de obstáculos.

Hasta ahora los esfuerzos han rendido poco. Sin embargo, todas las encuestas señalan que los deseos de un cambio político por parte de la población sobrepasan el 80%. Al cerrar este artículo, las elecciones primarias opositoras, realizadas el 22 de octubre de 2023, fueron, pese a todo tipo de trabas que tuvieron que enfrentar, sorprendentemente exitosas, por la nutrida participación de la ciudadanía en toda la geografía nacional, así como en algunos lugares donde la diáspora pudo organizarse para participar. Estas primarias, que dieron la victoria a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, son la punta de un iceberg, como diría el encuestólogo Félix Seijas (2023), de lo que podría ocurrir si el gobierno da garantías civiles y políticas para una elección competitiva y transparente. Si el gobierno deja que se exprese la voluntad popular, podríamos acercarnos al umbral de una redemocratización.

Sirva esta reflexión para explicar algunas de las complejidades del quiebre democrático en Venezuela, con lecciones que se desprenden y que podrían ayudar a otros países a no transitar por tan nefasto camino.

PIES DE PÁGINA

¹ Los libros son López Maya (2005, 2016, 2021). Para otras publicaciones, ver: https://margaritalopez-maya.com/

² Esta sección se apoya en López Maya (2005).

³ Este proceso de fatiga es muy detallado en López Maya y Lander (2000).

⁴ En esta sección nos apoyamos, entre otros, en López Maya y Panzarelli (2013); López Maya (2016, capítulos 1 y 2) y López Maya (2021: capítulo 3).

⁵ Para un análisis de los principios, leyes e instituciones de democracia participativa, véase López Maya (2011). Desde los años ochenta, actores institucionales como la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) o políticos como el partido La Causa R pugnaban por la incorporación de mecanismos de democracia directa. Sin embargo, la Constitución de 1999 conserva sus instituciones de democracia liberal.

⁶ Sobre mecanismos e instituciones de la democracia participativa venezolana, véase López Maya (2021).

⁷ Los fundos zamoranos fueron creados como una modalidad de propiedad agrícola colectiva, que buscaba la autogestión en la producción. El nombre se deriva de un caudillo venezolano del siglo XIX, Ezequiel Zamora.

⁸ Aquí usamos el término mecanismos de democracia directa como lo señala Altman (2011), cuando implican sufragio universal, directo y secreto (plebiscitos, referendos, etcétera).

⁹ Con los años, mucho se ha publicado sobre el gradualismo que aplicó Chávez para socavar la autonomía de los poderes públicos. Ver, entre otros, Corrales y Penfold (2011) y Brewer Carías (2021).

¹⁰ Apoyado en López Maya (2005: capítulo 11). Ver también: López Maya (2011, 2004, 2010).

¹¹ Las operaciones guarimbas fueron una especie de barricadas que cortaban avenidas o calles de las ciudades para impedir el tráfico o paso peatonal como forma de protesta. Al llegar las fuerzas de seguridad del Estado, los responsables se refugiaban en casas y edificios aledaños, lugares seguros: guarimbas. Hubo guarimbas violentas debido a intercambios con armas de fuego entre fuerzas de seguridad y gente que protestaba, con saldos de muertos y heridos.

¹² Este tema es medular para entender el colapso venezolano y suelo incorporarlo en muchas de las publicaciones. Los apoyos bibliográficos de esta sección están, entre otros, en López Maya (2018), y puede verse el capítulo conclusivo en López Maya (2021).

¹³ Los apoyos bibliográficos de esta sección pueden revisarse, entre otros, en López Maya (2005: capítulo 11), López Maya (2016, capítulo 4) y mis apuntes para una clase de 2022 en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame (inéditos).

¹⁴ En el capítulo conclusivo de López Maya (2021) me explayo en estos rasgos. Hay una intención de cooptar todas las esferas públicas y privadas de la vida social, y hay importantes componentes de arbitrariedad, violencia y uso del miedo como instrumentos de control social, lo que produce incertidumbres permanentes. El régimen de Maduro es extremadamente personalista y caprichoso.

BIBLIOGRAFÍA

Altman, David (2011). “Direct democracy at the turn of the century”. En Direct Democracy Worldwide, coordinado por David Altman, 1-31. Nueva York: Cambridge University Press.

Brewer Carías, Allan (2021). Demolition of the Judiciary in Venezuela 1999-2021. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello/Editorial Jurídica Venezolana.

Coronil, Fernando (1997). El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Caracas: Nueva Sociedad.

Corrales, Javier, y Michael Penfold (2011). Dragon in the Tropics. Hugo Chavez and the Political Economy of Revolution. Washington: Brookings Institution Press.

Gamboa, Laura (2023): “Estrategias de la oposición contra la erosión democrática”. lasa Forum 59 (2): 21-28.

Guerra, José (2013). El legado de Chávez. Caracas: Marked Books.

Levitsky, Steven, y Daniel Ziblatt (2018). How Democracies Die. Nueva York: Crown Publishing.

López Maya, Margarita (2004). “La legitimidad para unos es ilegitimidad para otros: polarización y golpe de Estado en Venezuela”. Ecuador Debate 62: 103-118.

López Maya, Margarita (2005). Del viernes negro al referendo revocatorio. Caracas: Alfadil.

López Maya, Margarita (2010). “Apuntes sobre la polarización política en Venezuela y los países andinos”. Ecuador Debate 80: 95-104.

López Maya, Margarita (2011a). Democracia participativa en Venezuela. Orígenes, percepciones y desafíos. Caracas: Centro Gumilla.

López Maya, Margarita (2011b). “Apuntes sobre la polarización política en Venezuela y los países andinos”. En Polarización social y política en Venezuela y otros países, compilado por Mireya Lozada, 9-22. Caracas: Centro Gumilla.

López Maya, Margarita (2016). El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015. Caracas: Alfa.

López Maya, Margarita (2018). “L’échec du chavism”. Les Temps Modernes 697 (73), 34-60.

López Maya, Margarita (2021). Democracia para Venezuela: ¿representativa, participativa o populista? Caracas: Alfa

López Maya, Margarita (2022). “Apuntes y transparencias sobre la evolución de la oposición venezolana para clase del profesor Scott Mainwaring. Kellogg Institute, Notre Dame University. South Bend, Indiana. Diciembre”.

López Maya, Margarita, y Luis E. Lander (2000). “Ajuste, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 6 (3): 185-206.

López Maya, Margarita, y Dinolis Alexandra Panzarelli (2013). “Populismo, rentismo y socialismo del siglo XXI: el caso venezolano”. En ¿Qué democracia en América Latina?, compilado por Isidoro Cheresky, 205-234. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Prometeo Libros.

Seijas, Félix (2023). “Entrevista al director del Instituto Delphos CA por el director de Analítica Emilio Figueredo” [en línea]. Disponible en [consulta: 2 de noviembre de 2023].

Margarita López Maya

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Universidad Central de Venezuela (profesora jubilada). Temas de especialización: historia política contemporánea de América Latina (particularmente Venezuela), protesta popular, partidos políticos de izquierda, procesos sociopolíticos del chavismo-madurismo.

ORCID: 0000-0002-4836-1409.