Publicado en: Human Rights Watch
Imagine que su hijo adolescente está siendo retenido —y sometido a tormentos— en la sede del servicio de inteligencia de su país. En Venezuela, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro detiene y encierra, en condiciones nefastas, a adolescenteas que usan Facebook para invitar a sus amigos a participar en manifestaciones contra el gobierno.
Argenis González es padre de uno de ellos. Cerca de las 6 a.m. del 10 de enero, cuando se preparaba para ir a trabajar, un grupo de agentes de inteligencia armados golpearon fuertemente a su puerta. Los agentes se llevaron a su hijo Ender González, de 17 años, junto con su computadora.
Le dijeron que debían llevarse al muchacho para interrogarlo. La familia pasó el día en una búsqueda desesperada por todo Caracas, recorriendo juzgados y dependencias de distintas fuerzas de seguridad.
Finalmente, la madre de otro muchacho de 17 años que había sido arrestado, Diego Gómez, les dijo que ambos estaban a punto de ser imputados en un tribunal especial de menores en Caracas.
González estuvo presente en la audiencia donde se acusó a los dos jóvenes de incitar a otras personas, a través de Facebook, a que salieran a las calles en manifestaciones contra el gobierno. El fiscal aplicó la “Ley contra el odio”, adoptada en noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado por Maduro para usurpar los poderes de la legislatura electa. La ley tipifica toda acción que “fomente, promueva o incite” actividades que se definen de manera muy imprecisa como de “odio”. Los adolescentes podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El joven Dylan Canache, de 16 años, también fue detenido este año. A primera hora del 13 de enero, Dylan le avisó a su madre que iría hasta una estación de metro cercana para encontrarse con una amiga, que lo había llamado porque necesitaba un lugar donde quedarse. En la estación, agentes de inteligencia que esperaban junto a su amiga detuvieron a Dylan. La familia de Dylan también estuvo desesperada hasta que lograron localizarlo el 15 de enero en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), luego de haber sido imputado por un tribunal el día anterior. Más tarde, agentes de inteligencia le dijeron a la familia de Dylan que se lo acusaba de participar en un chat grupal donde los participantes hablaban de manifestaciones, y su familia supo a través del tribunal que se lo acusó de “instigación al odio”.
Los familiares señalaron que la justicia permitió que los tres adolescentes fueran puestos en libertad bajo fianza, que en Venezuela consiste en presentar un fiador que asegure al tribunal que el acusado se presentará ante el tribunal. Aunque el tribunal aceptó la documentación de los fiadores, los agentes del SEBIN no los liberaron. Los adolescentes siguen retenidos en la sede del SEBIN, sin poder ver a sus familiares ni hablar con ellos, desde que fueron detenidos hace tres meses. Ender cumplió 18 años preso.
En el caso de Dylan, se supo que está encerrado con adultos en una celda donde no hay agua potable y con condiciones de higiene deplorables, según dijo una persona detenida en el SEBIN que habló con él brevemente. Los guardias le habrían cortado el cabello burlándose de él, afirmó la fuente. La familia de Dylan no ha podido constatar su estado.
Estos no son los primeros ni los únicos niños detenidos por los servicios de inteligencia en Venezuela, según activistas locales.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990, protege los derechos de los niños a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los Estados Partes deberían asegurar que no se someta a niños a torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los países que han firmado el tratado deberían garantizar que no se prive a niños de su libertad en forma ilegítima o arbitraria. Cuando se detiene a niños, deberían ser detenidos separados de los adultos, a menos que se haya determinado que lo más conveniente para el niño es que esté acompañado de un adulto en particular. Derechos similares están previstos en la legislación venezolana.
El gobierno de Maduro no sólo ha violado todos estos derechos en el caso de los tres adolescentes, sino que, además, debido a la absoluta falta de independencia judicial, es imposible que se respete su derecho a cuestionar la legalidad de las detenciones.
Los casos de Ender, Diego y Dylan son un nefasto recordatorio de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades venezolanas para arremeter contra opositores. En Venezuela, los servicios de inteligencia actúan con total impunidad, y detienen a ciudadanos de a pie cuyo único “delito” es no estar de acuerdo con el gobierno. Esta vez, la red cayó sobre tres niños.
Los gobiernos latinoamericanos que ya han manifestado preocupación por los presos políticos en Venezuela deberían exhortar al gobierno de Maduro a que libere inmediata e incondicionalmente a todos los niños y niñas que estén en sedes del servicio de inteligencia. Deberían, además, considerar estos casos como un recordatorio más de por qué es importante imponer sanciones específicas dirigidas contra funcionarios venezolanos implicados en graves violaciones de derechos humanos.
Al hacerlo, enviarían un mensaje contundente de que están pendientes de lo que les sucede a Ender, Diego y Dylan, y a todos los demás niños que el gobierno está encerrando sin motivo. Asimismo, les transmitirían a los altos mandos venezolanos un mensaje clave: que este tipo de comportamiento injusto no será tolerado, y que se siguen recabando pruebas de estos abusos que, en algún momento, se utilizarán para llevar a los responsables ante la justicia.
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Tamara Taraciuk Broner es investigadora sénior de las Américas y cubre Venezuela para Human Rights Watch.
