Por: Soledad Morillo Belloso
Comencemos por aclarar que cualquiera tiene derecho a considerar
indeseable a quien sea, siempre y cuando ello aplique dentro de sus fronteras. Por ejemplo, en mi casa no ha entrado ni entrará jamás un infeliz como Roy Chaderton. Para mí clasifica como «indeseable» y yo puedo ejercer mi derecho inalienable a proscribir su ingreso a mi lugar de habitación. Seguramente, si por desgracia me lo topara en algún espacio público, me retiraría del local, por repugnancia. No tendría derecho alguno a solicitar que «ese señor» fuese sacado de allí. Entonces, yo, sin pestañear me levantaría y saldría sin dilación. No me gusta compartir aire y tierra con la basura.
Estados Unidos, ejerciendo su soberano derecho, ha decidido que siete venezolanos no son bienvenidos en su territorio. Considera que «esos señores» han cometido actos reprochables. Y no quiere verlos pisar su suelo. No veo a santo de qué tanto espelucamiento, máxime cuando esos señores pertenecen al grupo de personas que considera que Estados Unidos es un país horroroso y piche; resulta entonces inexplicable y disparatado que alguien que detesta a ese país quiera visitarlo, abrir cuentas bancarias en él, adquirir propiedades, caer en la posibilidad de contagiarse del «american way of life» o tan siquiera respirar su aire, salvo que todas esas malas opiniones sean ficticias y en realidad los señores en cuestión sientan atracción por ese país.
Aclarado ese punto, pasemos a lo realmente sustancial, lo importante, a saber que al gobierno de Estados Unidos le parece que Venezuela puede ser un riesgo de su seguridad nacional. Un país puede hacer una evaluación de otra nación y llegar a la conclusión que le preocupa lo que ocurre allí y, más aún, que teme que ello pueda afectar la situación de sus nacionales. Está en su absoluto derecho.
¿Qué ha debido hacer el gobierno de Venezuela ante esto? Lejos de lanzarse en una andanada de gritos, proclamas y una ley habilitante cuyo título suena a película de ciencia ficción, ha debido sentarse a hablar con el gobierno de Estados Unidos con miras a despejar los malos entendidos y las diferencias que hubiere, y programar una agenda de resolución de casos, especialmente todos aquellos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Porque, si resulta que las preocupaciones del gobierno de Obama no proceden y Venezuela es un país absolutamente respetuoso de los derechos humanos y sus funcionarios son incapaces de cualquier acción que no sea noble, están toditos libres de culpa alguna y son toditos angelitos serenados, ¿qué hay para temer en una conversación clara y franca frente a carpetas abiertas?
Pocas cosas tan peligrosas como el patrioterismo. A él han recurrido muchos políticos y mandatarios, con consecuencias espantosas para los países y sus ciudadanos. Para ejemplo, la guerra de las Malvinas. En esa oportunidad, los argentinos fueron seducidos y manipulados emocionalmente para entrar en un conflicto bélico que estaba perdido antes de siquiera comenzar, pero que sirvió para drogar al pueblo con un espíritu de «defensa de la Patria» que desvió la atención sobre los gravísimos males que aquejaban a la República Argentina. Hoy, por cierto, muchos veteranos de guerra argentinos no son reconocidos como tal y se han convertido en parias en su propio país, en almas en pena abandonados a su mala suerte por ese mismo Estado que los conovocó a una aventura violenta y a todas luces absurda.
Yo, lo dijo directo y sin ambages, no compro patrioterismos. Y en el supuesto negadisimo de un conflicto bélico con EEUU, me declararé objetor de conciencia e invitaré a todos aquellos que pueda contactar por cualquier vía para que hagan lo propio. No me sentiré por cierto en lo absoluto traidora a la Patria. Por el contrario, sentiré que amar a mi país se expresaría en defenderla de manipulaciones políticas degradantes.
Por fortuna, apuesto fuertes a morisquetas que a EEUU no le cruza por la mente entrar un merequetén bélico contra Venezuela. Lo que sí puede presentarse es una escalada de acciones tendientes a distanciarse de este país. Esas acciones pueden incluir algunas de tipo económico, financiero, operativo, etc. Puede decidir dejar de comprar productos o servicios, decidir impedir que los venezolanos ingresen a EEUU, decidir que empresas o personas naturales venezolanas no pueden operar en su territorio o o abrir cuentas en su bancos, decidir que naves y aeronaves no pueden tocar sus puertos y aeropuertos. Y estaría EEUU en su perfectom legítimo y soberano derecho de hacerlo. Y Venezuela puede hacer exactamente lo mismo. Claro, esa sería una situación poco deseable. Y es responsabilidad del gobierno de Venezuela hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo. Porque de un pleito semejante ningún venezolano obtendría beneficios algunos.
Con la gritadera y la periquera del gobierno venezolano no se llega a soluciones, sólo a más conflictos.
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