Publicado en: El Nacional
Con profundo dolor es necesario registrar y no archivar en la gaveta del olvido un hecho de extrema gravedad que nos llena de indignación, angustia y zozobra, en un país estremecido por la violencia y la muerte, como es la masacre de un grupo de venezolanos, víctimas de la más primitiva venganza, que nos retrotrae a una época incluso anterior a la ley del talión.
No quiero especular sobre lo ocurrido, con la particularidad de grabaciones o videos en tiempo real que dejaron plasmadas en imágenes las secuencias de un filme de terror, con correspondencia en la realidad, aunque será tarea compleja, requerida de conocimientos científicos y criminalísticos altamente especializados, ya que fue prácticamente destruido el lugar del suceso y alteradas o borradas las evidencias físicas para no dejar huella de la ejecución o pena de muerte de hecho y así darle forma a la tesis oficial de un supuesto enfrentamiento, sin que los órganos garantes de los derechos ciudadanos y de le legalidad, como los sedicentes encargados de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo, hayan emitido comunicado alguno, ni siquiera para anunciar, como práctica de rutina, el inicio de una investigación exhaustiva que, por supuesto, nunca se llevará a cabo en un país sin justicia, sin derecho y sin asomo alguno de legalidad.
Sin dar por demostrada hipótesis alguna, por carecer en el momento de los elementos de convicción requeridos que pueden hablar por sí mismos, se impone aclarar, con el peso de la sencillez y contundencia de las verdades más elementales, que en Venezuela no hay pena de muerte y que ninguna autoridad puede aplicarla, y que el manido alegato de la resistencia a la autoridad o el recurso a la tesis del enfrentamiento, en manera alguna justifica, sin más, acciones con el uso de armas con capacidad y efecto letal.
Aun si se demostrase que los abatidos estaban armados y dispararon contra los cuerpos de seguridad, ello no justifica ni autoriza el empleo de armas de guerra ni los disparos a matar, ni mucho menos que, habiéndose rendido, se haya ocasionado su muerte en acto de venganza, ajusticiamiento o pena de muerte de hecho, bajo el lema inaceptable y criminal de la captura “vivo o muerto”.
La masacre de El Junquito es uno de los hechos más graves ocurridos en los últimos tiempos, con la especial calificación de la exaltación y apología abierta o velada de los señalados como autores o partícipes en el horrendo crimen y la degradación pública de las víctimas que constituían el objetivo del operativo, OLP selectivo, marcado con el signo de la presunta rebelión contra el poder público.
Nadie puede disponer de la vida de otro ser; la dignidad humana debe ser resguardada o preservada; los muertos merecen ser respetados, sus familiares tienen derecho de conocer las circunstancias de su muerte y sus cuerpos le deben ser entregados para darles sepultura con el auxilio y el consuelo de su creencias religiosas y la compañía de sus seres queridos y amigos.
Por lo demás, estos hechos deplorables y condenables, deben ser conocidos por la jurisdicción ordinaria y no militar, siendo así que se trata de delitos comunes y hay civiles concernidos.
En definitiva, la sociedad venezolana, en aras de la defensa de sus valores, sentimientos y derechos, sencillamente, clama por justicia: la humana y la divina.
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