Publicado en: Polítika UCAB
Por: Trino Márquez
Los profesores de la educación pública venezolana en todos sus niveles se han empobrecido durante la década que lleva gobernando Nicolás Maduro. La ruina ha sido el resultado de un conjunto de factores que van desde las musarañas ideológicas prevalecientes en el pensamiento populista y socialista dominante, hasta el método empleado para enfrentar la hiperinflación, que condujo a una severa contracción del gasto social en el área de los sueldos, salarios y pensiones de las personas cuyos ingresos dependen del Estado. Es cierto que el sector privado de la educación ha realizado esfuerzos notables para aumentar la remuneración de su personal docente, sin embargo, ese impulso no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida del personal académico debido a que el universo atendido por la educación privada es mucho menor que el del sector público.
Venezuela llegó a tener durante el período democrático, e incluso durante parte del gobierno de Hugo Chávez, profesores que recibían remuneraciones altas al comparárselas con las percibidas por los docentes en México, Brasil, Colombia y Argentina, para solo mencionar algunas cuantas naciones de América Latina. Los profesores universitarios podían competir con investigadores y catedráticos de países desarrollados. Sin que fueran sueldos astronómicos, los salarios y demás beneficios obtenidos por los docentes permitían cubrir las necesidades básicas y llevar una vida de calidad. En la actualidad, esas condiciones desaparecieron. El magisterio se ha convertido en sinónimo de pobreza. Los profesores salieron de la clase media y pasaron a engrosar el enorme contingente de menesterosos que existen en el país.
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), del Observatorio de Universidades (OBU) y de organizaciones como Asamblea de Educación, resultan categóricos: los docentes han sido sometidos a un proceso permanente de empobrecimiento.
La devastación sufrida por este sector explica la crisis de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y de facultades y escuelas en distintas universidades, creadas para formar docentes y contribuir con la capacitación y mejoramiento profesional del magisterio. Muy pocos estudiantes se animan a capacitarse en el área docente. No encuentran incentivos que los atraigan a dedicarse a una tarea tan exigente y tan mal gratificada. Los profesores e investigadores de las universidades públicas apenas obtienen algo más del salario mínimo (menos de siete dólares en la actualidad), luego de haber obtenido un título universitario y cursado una maestría o un doctorado.
El achatamiento de los sueldos, señalé antes, en parte fue el resultado de una política inspirada en prejuicios marxistas. Según Marx, la revolución proletaria y socialista debía superar la división del trabajo y abolir la separación entre el trabajo intelectual y el manual. Había que acabar con la especialización que conducía de forma inevitable a la formación de élites o aristocracias intelectuales que terminaban por despreciar a los trabajadores manuales. Era imperativo terminar también con las jerarquías: todos los trabajadores desempeñan funciones importantes, sin considerar el lugar que ocupan dentro de una unidad productiva, organismo o institución educativa.
Estos planteamientos, con algunas modificaciones, fueron asumidos y difundidos por neomarxistas e intelectuales cercanos al marxismo, entre ellos Michel Foucault, quien agregó que todas las jerarquías evidencian relaciones de poder perversas que una sociedad igualitaria y genuinamente democrática debe eliminar. Con semejantes ideas rocambolescas, el régimen encontró material ideológico para emprender la tarea de acabar en la práctica con los escalafones educativos y con las diferencias entre el personal docente, administrativo y de servicios. De allí surgió el aplanamiento de los sueldos y salarios. Tendía la cama para aplicar una política de choque (neoliberal, de acuerdo con su propia jerga) que le permitió congelar las remuneraciones de todo el amplio sector educativo, reduciendo con ello su capacidad de demanda y consumo. Esa política contractiva ha estado acompañada por el desconocimiento de los contratos colectivos firmados con los distintos gremios que integran el área docente. El gobierno de Maduro, y antes el de Chávez, ha ignorado los acuerdos gremiales y las cláusulas contractuales que permiten proteger y mejorar los ingresos de los docentes y personal administrativo.
La ruina generalizada de los docentes ha ocasionado el acentuado deterioro de la educación. Se ha producido un éxodo alarmante de profesores e investigadores que han emigrado del país o se han visto obligados a cambiar de actividad porque sus ingresos no son suficientes para atender las necesidades fundamentales. También los estudiantes han huido porque la obtención de un título no significa ninguna garantía de movilidad vertical ascendente. Para muchos jóvenes resulta más atractivo irse del país, incorporarse a la informalidad o engancharse en un trabajo precario que continuar los estudios en un clima tan hostil como el creado por el régimen.
A pesar de la resistencia y represión del Gobierno, los gremios educativos se han mantenido firmes en la defensa de los intereses de los profesores y empleados universitarios. Comenzando 2023, se han convocado marchas para protestar y exigir el respeto a tener una educación de calidad y unos profesores, investigadores y trabajadores que vivan con dignidad. La lucha debe continuar.
