Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
La fecha que hoy recordamos –23 de enero de 1958– y los momentos de reflujo político como el que vivimos, impulsan a la reflexión y el afloramiento de temas que estaban algo pospuestos por el fragor mismo de la lucha política. Entre estos están: el siempre subyacente tema de la unidad opositora, la discusión acerca de si participar o no en procesos electorales y el papel de la sociedad civil y los partidos políticos. Los dos primeros son de carácter más práctico, pero me ocupare del tercero el día de hoy, que tiene algunas facetas más teóricas y conceptuales.
La discusión acerca del papel de los partidos y sobre todo el de la sociedad civil, el de los ciudadanos, para decirlo de otra manera, es necesario ubicarlo en su contexto, que no es otro sino considerar que este régimen tiene ya veintiún años en el poder, impulsando una supuesta “revolución” que no solo ha destruido la economía del país, sino que además ha resultado ser un plan magistral para eliminar el equilibrio entre los poderes y desmantelar las instituciones democráticas.
Mal que bien existía en el país hasta 1998 una separación de poderes y un cierto balance entre ellos, hasta el punto que fue obligado a renunciar un Presidente de la Republica –en un país netamente presidencialista como lo es el nuestro– al haberle encontrado la Corte Suprema de entonces motivos para que fuera enjuiciado por el Congreso Nacional. Lo justo o apropiado de esa decisión es otro tema, pero todo eso ya es historia, pues ahora el llamado Poder Ejecutivo, el Presidente de la Republica, tiene secuestrados y controla todos los demás poderes, que actúan a sus ordenes y bajo su caprichoso mandato. Desde Miraflores se escribe el guión que todos los demás ejecutan, la partitura que todos tocan al unísono.
Entre todas las instituciones políticas contra las que han arremetido, los partidos políticos están entre los que han llevado la peor parte; y no es por casualidad, sino porque la tiranía sabe que son la base de la democracia. Es una mezquindad no reconocer que casi todo lo que tuvimos en la Venezuela moderna –y en el fondo por lo que seguimos luchando– en materia de instituciones, estado de derecho y democracia, lo debemos a la dinámica que introdujeron los partidos, con sus reformas sociales, sus luchas económicas y sus propuestas políticas e institucionales.
Eso lo sabía bien Hugo Chávez Frías y por eso, en su empeño por destruir a la democracia, inició su gobierno continuando el ataque despiadado a los partidos políticos, recogiendo y usufructuando más de 30 años de diatribas contra ellos, no siempre justificadas. Ese intento de eliminar los partidos cristalizó en la Constitución de 1999, en la cual ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado. Algunos pensaron, erróneamente, que esto era un comienzo de liberación y depuración, cuando en realidad al quitarles el financiamiento público se los arrojó en manos de los grupos económicos que pudieran financiarlos y de cuya influencia se pretendía liberarlos. Con esa disposición, aún vigente, se hizo más dependientes, a los de la oposición, de intereses particulares que pudieran financiarlos y se favoreció indirectamente a los del Gobierno, porque son los únicos que pueden contar con los recursos del Estado, como hemos visto hasta la saciedad en estos veintiún años.
Durante los últimos seis años el régimen ha continuado con especial saña contra los partidos, con arremetidas y persecuciones a sus líderes, encarcelándolos u obligándolos a salir del país o refugiarse en embajadas. El CNE, otro de los órganos del régimen, desconoció a los partidos democráticos, los obligo a registrarse de nuevo, con un complicado y engorroso proceso, dificultando esa actividad y suspendiéndola cuando se percató que de todas maneras los partidos opositores lograrían hacerlo. Por su parte, la Contraloría, también órgano del régimen, inhabilitó a sus líderes; y la arremetida, que el régimen cree definitiva, fue completada desde hace dos o tres años, cuando el dócil Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó a dictar sentencias contra los partidos, tarea que concluyó el año pasado, interviniéndolos, designando a sus directivas y despojándolos de sus símbolos, recursos y sedes. Y, sin embargo, no han podido concluir con esa tarea, pues se encontraron con un obstáculo insospechado.
Simultáneamente con la llegada al poder de esta “revolución”, comenzó un proceso de resistencia al régimen. Resistencia con la que nadie contaba y que ha sido muy difícil de manejar y doblegar. Buena parte de ese factor de resistencia al régimen fue el surgimiento impetuoso de un actor inesperado: El ciudadano y la sociedad civil. Ciudadanos y sociedad civil, son actores, protagonistas indiscutibles, de este proceso de resistencia a una “revolución” que resultó ser un fraude.
El papel de la sociedad civil durante estos veintiún años ha sido clave; dio la cara, movilizó a la opinión pública, contribuyó a la discusión y no cabe duda que debe seguir participando; pero el salto modernizador hacia la plena democratización se produce solo por el auge de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de las instituciones.
Pero esto es cierto sí, y solo sí, los partidos y sus líderes entienden ese proceso histórico, su papel en él y la necesidad de una renovación ideológica profunda. Pero esa afirmación axiomática, se ha convertido casi en un o mito ideológico, que a todos nos impulsa a compartirla. Pero el vacío que vivimos ahora parece evidenciar que esa renovación profunda y necesaria, de la que se habla, no ha ocurrido en los partidos políticos venezolanos; es todavía una tarea pendiente.
Por eso creo que la tarea política de la sociedad civil y los ciudadanos es fortalecer partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y apertrecharse para después, para el nuevo Gobierno, para evitar que se retroceda a situaciones de inamovilidad política como las que tuvimos en los periodos anteriores. Por eso se ha hablado de un nuevo pacto político y social, para salir de este régimen de oprobio, pero para evitar también retrocesos que nos conduzcan de nuevo al punto en que nos encontramos ahora.
No todo lo ocurrido en los dos últimos años en el país es negativo, a pesar que no se logró el objetivo de salir de este régimen y reestablecer la democracia. La actividad de recolección de firmas del 12 de diciembre –que algunos ya empiezan a querer apropiarse como sus “voceros”– demostró la vitalidad que aún mantiene la oposición, constatamos que se cuenta con un “capital social” nada despreciable, con más de seis millones de participantes, tres de ellos de manera presencial, miles de activistas de cientos de organizaciones políticas y de la sociedad civil, a pesar de todas las arremetidas e intentos de intimidación por parte del régimen. Contamos, entonces, con dos componentes fundamentales, una sociedad que resiste y sus expresiones organizativas –partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil– como base para reconstruir y organizar la resistencia al régimen.
Durante mucho tiempo tuvimos poca capacidad de comprensión del momento político que vivíamos –los ciudadanos, me refiero–; ahora somos conscientes de que estamos enterrando todo un ciclo de la vida política venezolana. Encarnamos una realidad y una historia –me refiero al período previo a esta oscuridad iniciada en 1999– no denigremos de ella, ni la desconozcamos, pero tampoco la demos por completamente buena.
De este proceso de más de veinte años aprendimos muchas cosas sobre la política. Lo más importante, aprendimos como realmente es y no como la estudiamos en los libros o la contemplamos desde lejos. Nos servirá de mucho para la tarea que viene ahora: Construir una verdadera opción política, democrática, transparente y plural, que tenga como centro el respeto a la persona humana.
Esa es la enseñanza práctica que sacamos de este proceso y a la que hay que dedicar buenos esfuerzos.
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