Publicado en: Polítika UCAB
Por: Trino Márquez
El régimen creía que desmontar los mecanismos de contrapeso propios de la democracia y el Estado de derecho, sólo le servirían para abrocharse al poder, enriquecer los gobernantes y su círculo de allegados, y anular la capacidad de denuncia de la oposición. Se equivocó. Ahora está pagando las consecuencias de haber colonizado el Poder Judicial y la Contraloría, y colocar en esas instancias a palafreneros cuya única misión ha consistido en llevar las riendas de organismos subordinados a la voluntad de Miraflores.
El descubrimiento de la trama de corrupción en Pdvsa, liderada por Tareck El Aissami y sus cómplices, develó que esa camarilla –amparada por la ausencia de supervisión- se apoderó de un volumen tan grande de dinero, que dejó al Gobierno central sin recursos para financiar los gastos ordinarios de la misma empresa y del Estado. Entre esa fortuna de la cual la mafia se adueñó y las cuentas por cobrar (diferentes fuentes estiman que la cifra puede llegar a 30 mil millones de dólares), debido a contratos sin soporte jurídico, que no sirven para sustentar la cobranza, el Ejecutivo se quedó sin lana para aumentar los sueldos de los trabajadores de todos los sectores, y elevar los miserables ingresos de los jubilados y pensionados, gastar en programas sociales en el año preelectoral, entre otras erogaciones necesarias. Tal ha sido la escala de los negocios fraudulentos, que la putrefacción también está afectando a Nicolás Maduro y su equipo.
El asalto a la empresa más importante del país y principal proveedora de las divisas que ingresan a la nación, solo puede explicarse por la desaparición de la Contraloría General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y la anulación de las contralorías internas de Pdvsa, que durante décadas fiscalizaron con celo las operaciones de la compañía. ¿Dónde estaba el contralor Elvis Amoroso durante todos estos años? ¿Qué estuvo haciendo la Comisión de Contraloría de la AN a lo largo de este período, a pesar de las denuncias de distintos expertos en el área petrolera? ¿Por qué no ha sido interpelado en una sesión pública el contralor? ¿Por qué no han comparecido ante la AN los contralores internos de Pdvsa? ¿Por qué ninguna de esas instancias le da una explicación detallada y precisa a la opinión pública acerca de lo ocurrido allí? Si Pdvsa es de todos, si todos somos accionistas de esa empresa, lo mínimo que deberíamos saber los venezolanos con lujo de detalles es qué pasó allí durante estos años en que la firma fue esquilmada por un grupo delictivo, sin que los órganos del Estado petrolero diseñados para impedir el latrocinio actuaran para evitarlo.
La indolencia e irresponsabilidad del régimen en todas sus instancia ha sido tal, que algunos técnicos, trabajadores y sindicalistas que se atrevieron a evidenciar la corrupción, fueron acusados de espías, fomentar el odio, ser agentes de la oposición y el imperialismo, actuar como enemigos de la revolución y traidores a la patria. El joven Alfredo Chirinos, quien además fue torturado y estuvo preso durante más de cinco años, fue víctima de un trato cruel por haber tenido la valentía de desenmascarar las irregularidades que se cometían en su área de trabajo en Pdvsa.
Me parece muy bien que el Gobierno haya iniciado el proceso de depuración que está llevando adelante y que desmantele las complejas y tramadas redes de corrupción que se apropiaron de Pdvsa, de algunas empresas de la CVG y de otras instancias del Estado. Esa labor profiláctica debe ser aplaudida. Sin embargo, a un régimen con casi un cuarto de siglo gobernando hay que exigirle más. El combate a los engranajes que generan y multiplican la corrupción, no puede limitarse a perseguir y destruir enemigos políticos internos, o a pasar facturas y ajustar cuentas con bandos rivales.
Lo sucedido desde 1999, a partir del Plan Bolívar 2000, es el resultado inevitable de someter el Poder Judicial y los órganos contralores a la Presidencia de la República, anular la autonomía de la AN, convirtiéndola en un foro monocolor, acallar la voz de los medios de comunicación independientes y perseguir los partidos políticos, gremios, sindicatos, federaciones e individuos particulares, que develan la corrupción en sus diferentes formas.
Tareck El Aissami y sus camaradas han sido heridos de muerte. Junto a ellos han caído otros facinerosos enriquecidos con un dinero cuyos verdaderos dueños son los venezolanos. De este estadio hay que saltar a la recuperación de la Democracia, la República y el Estado de derecho. Venezuela necesita contar con un Estado en el que operen los contrapesos institucionales y sociales. Las diferentes ramas del Poder Público deben equilibrarse entre sí y vigilarse mutuamente, de acuerdo con los clásicos principios republicanos de Montesquieu. Y la sociedad, a través de sus múltiples organizaciones y medios de comunicación, debe supervisar la acción del Estado, y exigir rendición de cuentas a los mandatarios, sin que ninguna de esas sanas acciones impliquen el peligro de ser hostigado, inhabilitado o encarcelado.
Hay que acabar con la corrupción como sistema. Maduro no es el candidato para promover ese cambio.
