Publicado en: Excelsior
Por: Héctor Schamis
“No sólo hemos ganado la Presidencia de la República por segunda vez con 85 por ciento de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. En el 2021, con una mayoría calificada en la Asamblea Nacional pudimos sacar a la sala constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior y en marzo de 2022 aprobar el régimen de excepción”.
Son palabras de Nayib Bukele el 4 de febrero de 2024, la noche de su reelección. Continuó con su doctrina de gobierno: “sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”. Pues es un contrasentido lógico y empírico. El partido único es siempre un instrumento de control social, no de participación ciudadana. Y la suma del poder público en manos del partido de gobierno deriva inevitablemente en autocracia.
Se configura así un régimen de partido único “de facto”, en los hechos. La candidatura de Bukele fue ilegal, además, pues la constitución de El Salvador prohíbe la reelección y establece que “un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático”.
La paradoja es que, no obstante situarse en las antípodas ideológicas del castrismo, Bukele proclama un orden político similar al cubano. En Cuba es “de jure”, sin embargo, por ley. “Partido Comunista, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” reza la Constitución de 2019.
Esta temática está en la médula del constitucionalismo liberal clásico. A Madison le preocupaba que una facción se convirtiera en mayoría, la “tiranía de la mayoría”. Su solución era el Federalismo, dividir el poder regionalmente, así como Montesquieu planteaba compartir el poder en sus dimensiones funcionales, las tres ramas independientes del Estado.
Estas intuiciones son fundamentales en la jurisprudencia del sistema interamericano. La Carta Democrática de 2001 estipula en su artículo 3 que la democracia representativa “está basada en un régimen plural de partidos; y la separación e independencia de los poderes públicos”. O sea, compartir y dividir el poder para evitar la tiranía, de uno o de muchos.
El problema es que varios gobiernos de la región se han deslizado hacia un orden político de partido único, vulnerando sus propias constituciones y los tratados internacionales de los que son signatarios. En Venezuela, no existe instancia estatal independiente del partido de gobierno. El fiscal general, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los jerarcas de la policía, ejército e inteligencia, la directiva de la Asamblea Nacional y la autoridad electoral, son todos apparatchiks del PSUV. La perpetuación por medio del fraude electoral es su lógica consecuencia.
En Nicaragua, Ortega-Murillo conducen una cacería de políticos opositores, líderes de la sociedad civil, estudiantes, periodistas y miembros del clero. Como en Venezuela, el terror no deja ámbito alguno de la sociedad fuera del alcance de la coerción. Así, la entronización del matrimonio gobernante consolida el régimen de partido único.
En México, la Cuarta Transformación cuestionó la premisa “sufragio efectivo, no reelección”. La victoria de Sheinbaum otorgó a Morena férreo control del Ejecutivo y el Legislativo, y luego, con una reforma sin precedentes, un Judicial adepto. De ahí que una reciente nota de Jorge Castañeda lo califique como “partido de Estado”.
Ello evoca al PRI, históricamente “el” partido de Estado. Partido, régimen y Estado tendían a confluir, pero diferenciados. La sociedad civil conservaba espacios de autonomía funcionales a aquel “autoritarismo benigno”. Y cuando llegó la hora aceptó la derrota electoral y transfirió el poder. Es que era “de Estado”, pero no un partido único.
La diferencia no es trivial. No hace falta ir al modelo soviético bajo el partido comunista y el alemán bajo el nacional-socialismo, un partido único es siempre susceptible de la tentación totalitaria. La sociedad civil pierde autonomía; el Estado la controla en todas sus instancias; la alternancia en el poder es inconcebible. Este es el debate necesario en México y el resto de América Latina.
