Publicado en: Blog personal
Por: Leonardo Vivas
Cuando se escriba la historia contemporánea de Venezuela, los veintiséis años de una era que prometió transformar no sólo al país sino también ofrecer un modelo alternativo al mundo probablemente serán recordados como los peores desde que la Capitanía General de Venezuela decidió separarse del dominio español. Quizás incluso superen en dramatismo a la década que transcurrió entre 1811 y 1821, iniciada con la Declaración de Independencia y seguida, menos de un año después, por un terremoto muy similar al ocurrido hace pocos días. Aquella catástrofe marcó el comienzo de una guerra feroz que arrasó con vidas y riquezas hasta culminar con la Batalla de Carabobo, librada, por una singular coincidencia de la historia, otro 24 de junio, exactamente 205 años antes de los terremotos de este año.
Desde entonces, Venezuela ha atravesado momentos de enorme dificultad: las guerras civiles del siglo XIX, varias dictaduras durante el siglo XX y, más recientemente, el prolongado deterioro institucional iniciado a finales del siglo pasado. Pero también conoció etapas de prosperidad y esperanza, como las que siguieron al descubrimiento del petróleo o los cuarenta años de democracia representativa que transcurrieron entre 1958 y 1998.
Los dos terremotos que sacudieron varias ciudades del país aquel infausto miércoles de finales de junio parecen haber alterado el rumbo de Venezuela con una fuerza comparable a la del terremoto de 1812. Hasta entonces el país vivía una realidad extraña y, en buena medida, artificial. Bajo la tutela de Estados Unidos parecía abrirse paso una profunda reorientación económica basada en la llegada de inversiones, la renegociación de la pesada deuda externa y otras reformas largamente postergadas. Al mismo tiempo, se alimentaba la expectativa de una transición política ordenada que condujera a la recuperación de la democracia.
Los terremotos hicieron añicos ese escenario. Cambiaron de golpe las expectativas del gobierno transitorio de Delcy Rodríguez, de la administración Trump e incluso de la oposición democrática venezolana. Quizá los únicos que nunca compartieron plenamente ese optimismo fueron los propios venezolanos, cuya vida cotidiana seguía recordándoles, día tras día, la enorme distancia entre las promesas oficiales y la realidad.
La difícil reconstrucción
Toda reconstrucción después de una catástrofe de la magnitud de la ocurrida en Caracas y otras ciudades supone un desafío inmenso. Salvar el mayor número posible de vidas, atender a los heridos, asistir a los desplazados y diseñar un plan eficaz de reconstrucción pondría a prueba incluso a los Estados mejor organizados. En Venezuela, sin embargo, esas tareas están resultando mucho más arduas y todo indica que también serán menos exitosas.
Los terremotos se han convertido en la prueba de fuego para un régimen que durante años no sólo ha colonizado amplios espacios de la sociedad, sino que además ha destruido de manera sistemática las capacidades operativas del Estado. No sorprende, por ello, que su respuesta inicial haya sido débil, ineficaz y, en numerosos casos, contraproducente.
Basta seguir la cobertura de los medios internacionales y de los propios medios venezolanos, que, a diferencia de otras épocas, han logrado informar con relativa libertad. A ello se suma el flujo constante de información proveniente de las redes sociales, donde las labores de rescate son documentadas prácticamente en tiempo real. El panorama que emerge es difícil de refutar: el aparato estatal ha permanecido prácticamente ausente de la coordinación de los miles de voluntarios, especialistas extranjeros, equipos médicos y organizaciones humanitarias que participan en las operaciones de rescate, asistencia sanitaria y atención a los damnificados. Aún más llamativa ha sido la escasa presencia de la Fuerza Armada en sus distintos componentes.
El contraste con catástrofes anteriores resulta inevitable. Tras el terremoto de Caracas de 1967, el Estado venezolano respondió con instituciones capaces de coordinar eficazmente la emergencia. Algo similar ocurrió luego de las inundaciones de 1999 que devastaron el litoral central, ya bajo el recién estrenado gobierno de Hugo Chávez. En ambos casos existían organismos especializados, recursos humanos preparados y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la crisis. Hoy, con muy contadas excepciones —entre ellas buena parte del sistema hospitalario—, ese capital institucional parece haberse erosionado profundamente.
Las consecuencias políticas de esta incapacidad son considerables. En primer lugar, ha quedado al descubierto la fragilidad del relato oficial según el cual Venezuela se encontraba en el umbral de una rápida recuperación. La retórica ha chocado con la realidad. Del mismo modo, la imagen de un chavismo invulnerable, ya seriamente golpeada tras la captura de Nicolás Maduro, vuelve a sufrir un nuevo revés. El gobierno provisional de Delcy Rodríguez parece haber entrado en una dinámica de desgaste cuyo desenlace todavía resulta imposible anticipar.
Las tres fases de la administración Trump hacen aguas
Si los terremotos dejaron tambaleando al gobierno provisional, también alteraron profundamente la estrategia diseñada por la administración Trump para Venezuela. Lo que hasta hace apenas unos días parecía un proceso articulado en tres etapas —estabilización, recuperación y transición— ha quedado reducido, de manera abrupta, a un único objetivo: sobrevivir a la emergencia y emprender la reconstrucción.
Han quedado atrás las declaraciones triunfalistas del presidente Trump, quien aseguraba que todo marchaba según lo previsto, que la coordinación con el gobierno provisional era plena y que los venezolanos estaban “bailando en las calles”. También han cambiado las expectativas de mejora que reflejaban diversos estudios de opinión, varios de los cuales registraban elevados niveles de respaldo a la política estadounidense hacia Venezuela.
Las cifras de la tragedia hablan por sí solas: más de dos mil fallecidos —una cifra que todavía podría aumentar considerablemente—, diez mil heridos y cerca de treinta mil personas alojadas en hospitales y campamentos de emergencia hasta el 30 de junio. A ello se suma la destrucción de unas ochocientas edificaciones y los graves daños sufridos por muchas otras. Como consecuencia, una parte importante de la ya muy reducida clase media venezolana ha perdido buena parte de su patrimonio, con escasas posibilidades de recuperarlo en el corto plazo.
El impacto económico tampoco deja lugar para el optimismo. La caída estimada del PIB, de entre 6 y 9 %, ha desbaratado las expectativas generadas por el llamado Plan Trump. La prioridad será ahora reconstruir el país. Ello no significa que los proyectos de inversión petrolera vayan a paralizarse por completo, pues la mayoría de las instalaciones se encuentran fuera de las zonas más afectadas, salvo excepciones como la refinería de El Palito. Sin embargo, los beneficios que esas inversiones podían aportar a la economía nacional se verán inevitablemente atenuados por la magnitud de las pérdidas provocadas por el desastre.
Los representantes de la administración estadounidense han reiterado su compromiso con la reconstrucción de Venezuela. Sin embargo, conviene moderar las expectativas. La experiencia de Estados Unidos en procesos de reconstrucción posteriores a los conflictos de Afganistán e Irak no invita precisamente al optimismo. Al final, será la propia sociedad venezolana la que deberá asumir el peso principal de la recuperación.
También podría modificarse la relación entre Washington y el gobierno provisional. Hasta ahora el respaldo ha sido prácticamente incondicional. Pero si se hace cada vez más evidente que el gobierno de Delcy Rodríguez carece de capacidad para conducir la emergencia —o incluso termina obstaculizando las labores de reconstrucción—, no puede descartarse que la administración Trump reconsidere su estrategia y termine viendo a ese gobierno más como un problema que como un aliado.
La oposición democrática, la menos afectada
Al momento de escribir estas líneas, de los tres grandes actores políticos venezolanos el que parece haber salido relativamente mejor librado es la oposición democrática. No sólo porque carece de responsabilidad alguna en la deficiente respuesta del Estado frente a la tragedia, sino porque reaccionó con rapidez para colaborar en las labores de rescate, facilitar contactos internacionales, denunciar las deficiencias gubernamentales y movilizar voluntarios para asistir a las víctimas, todo ello sin intentar convertir la emergencia en un instrumento de capitalización política inmediata.
Incluso María Corina Machado, a pesar de haber sido relegada de manera sistemática por la administración Trump, expresó su disposición a regresar al país para colaborar en las tareas de coordinación y transmitir un mensaje de solidaridad y acompañamiento en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Venezuela.
Es probable que la exigencia de celebrar elecciones libres y competitivas deba ceder temporalmente ante la urgencia de la reconstrucción nacional. Sin embargo, tampoco puede descartarse que la magnitud del desastre modifique los cálculos políticos de Washington. La reconstrucción de un país devastado supone un compromiso económico, político y humano de enormes proporciones, y la administración estadounidense podría verse tentada a reducir gradualmente el protagonismo que hasta ahora ha asumido.
Tampoco debe ignorarse el efecto que podrían tener las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso podría acelerar la búsqueda de una salida política negociada y reforzar la presión internacional en favor de una transición democrática.
Sea cual sea el curso de los acontecimientos, la oposición democrática enfrenta una responsabilidad histórica. Ya no basta con prepararse para ganar unas elecciones; debe estar en condiciones de gobernar un país profundamente golpeado, reconstruir instituciones debilitadas durante décadas y responder a una emergencia social de dimensiones inéditas.
Más allá de los escombros
Toda catástrofe deja al descubierto aquello que en tiempos normales permanece oculto. Los terremotos de junio no sólo derribaron edificios, carreteras e infraestructuras. También hicieron visibles las fortalezas y, sobre todo, las debilidades de los principales actores políticos llamados a definir el futuro de Venezuela.
El gobierno provisional ha visto erosionada su credibilidad. La estrategia estadounidense ha perdido buena parte de los supuestos sobre los cuales había sido diseñada. La oposición democrática, por su parte, dispone ahora de una oportunidad para demostrar que puede actuar como una auténtica alternativa de gobierno, no sólo como una fuerza de denuncia.
Sin embargo, la verdadera reconstrucción no será únicamente material. Levantar viviendas, hospitales y carreteras será una tarea monumental, pero reconstruir la confianza entre los venezolanos, restablecer la capacidad del Estado y recuperar una cultura política basada en la responsabilidad pública será un desafío mucho mayor.
La historia ofrece una enseñanza difícil de ignorar. El terremoto de 1812 alteró profundamente el curso de la Guerra de Independencia, pero no logró detenerla. Después de años de sacrificios, Venezuela terminó encontrando un nuevo rumbo. Dos siglos más tarde, los terremotos de junio podrían marcar otro punto de inflexión. Si conducirán al país hacia una nueva frustración o abrirán la puerta a una reconstrucción democrática dependerá menos de la magnitud de la tragedia que de la capacidad de sus dirigentes y de su sociedad para aprender de ella.
Sólo el tiempo tendrá la última palabra.
