El terremoto de Turquía visto desde Venezuela
El experto venezolano destaca que en Turquía quedó en evidencia que los desastres no son naturales, aunque sean eventos vinculados a fenómenos naturales. A propósito de las terribles consecuencias dejadas por los recientes terremotos en ese país y en Siria, echa una mirada a Venezuela y hace un llamado para que la variable riesgo sea incorporada en los planes de desarrollo. Dice que la ausencia de una política de Estado en materia de reducción del riesgo de desastres, la crisis humanitaria compleja de los últimos años, la situación socioeconómica y la diáspora han debilitado la capacidad de gestión.
Omar Luis Colmenares
Desde hace dos semanas, las tragedias que sufren Turquía y Siria acaparan las miradas de la comunidad internacional. Los terremotos que sacudieron vastas regiones de ambos países han dejado un panorama desolador y, una vez más, se habla de lecciones no solo para el país que vive la crisis, sino para el resto del mundo, sea desarrollado o no. ¿Se aprenderán en esta oportunidad? ¿Servirán para que se termine de entender la necesidad de tener una mejor gestión del riesgo de desastres ante cualquier amenaza natural?
Estas son preocupaciones fundamentales que el experto venezolano Ángel Rangel, una de las voces del país más autorizadas en el tema, se formula a la hora de evaluar lo que ocurre en estos momentos en esas naciones afectadas por estos eventos naturales. Y, obviamente, su preocupación es mayor cuando a propósito de estos fenómenos echa una ojeada a la situación de Venezuela, donde “la crisis humanitaria y la diáspora derivada de ella han debilitado las capacidades para gestionar y reducir el riesgo de desastres”.
–Los desastres, lamentablemente, son una gran vitrina que deja al descubierto carencias y fortalezas, mentiras y realidades. Una vez que ocurren, es posible identificar antecedentes, condiciones, evaluar qué cosas se habían hecho, qué se estaba haciendo, y qué no. El evento ocurrido en Turquía, en particular, debería servir para propulsar lecciones por varias razones.
Comienza a enumerar:
–El terremoto en Turquía no es el de mayor magnitud ocurrido en lo que va de siglo (En 2010 hubo un terremoto en Chile con magnitud de 8,8 que dejó más de 500 muertos y en 2011 uno en Japón con magnitud de 8.9 que provocó 1.475 muertes). Pero sí es uno de los que ha generado el mayor número de víctimas (a la fecha se contabilizan más de 40.000 y la cifra aumenta minuto a minuto. La ONU advierte de que podría llegar a 60 mil). Esto revela algo en lo que muchos hemos venido insistiendo: los desastres no son naturales. Lo que es natural es el evento, es decir el sismo, la tormenta, el huracán, las lluvias, etc., pero el perverso impacto que tienen en la sociedad (contabilizado en víctimas, pérdidas y daños) es resultado de la acción del hombre. Los desastres pueden estar vinculados a los fenómenos naturales, pero lo que hacemos y dejamos de hacer, tanto en decisiones como en acciones, los gobiernos y los ciudadanos, es lo que hace que una comunidad o un país resulte más vulnerable o no a un evento particular. El desastre es consecuencia de un proceso de construcción social derivado de la acción de los seres humanos y de las acciones y decisiones de los gobiernos en su relación con el ambiente. En definitiva es el resultado de los inadecuados procesos de desarrollo imperantes.
–Se entiende que la omisión, en estos casos, es una acción decisiva del hombre.
–Efectivamente. La acción del hombre se denota con claridad con lo ocurrido en Turquía y también en Siria. Sin duda estamos hablando de sismos de una importante magnitud, de 7.8 y 7.5 en la escala de Richter y con epicentro a tan sólo 18 kilómetros de profundidad. Pero las negativas consecuencias, como veremos, se deben fundamentalmente a la inobservancia de lo establecido en el código de construcción del país en lo que respecta al diseño y calidad constructiva de edificios e infraestructuras para zonas con alta amenaza sísmica, donde entran en juego factores de corrupción político-administrativa y decisiones gubernamentales previas.
–Esto ya indica implicaciones mayores.
–Estos terremotos sacudieron a dos países que tiene reconocidas amenazas sísmicas. De hecho, donde ocurrieron, al sureste de Turquía y al norte de Siria, hay tres placas tectónicas importantes en constante movimiento. No son eventos extraños para la región. En Turquía, por ejemplo, han ocurrido terremotos importantes. En el año 1939 hubo un evento con más de 33 mil muertos, y en 1999 hubo otro con más de 17 mil muertos. De este último se sacaron como conclusiones que el tema de la precariedad de muchas edificaciones y la vulnerabilidad física de Turquía ante los terremotos fueron las razones del gran número de víctimas.
–¿Y no se hizo nada?
–Sí. Se tomó la decisión de actualizar el código de construcción del país e incorporarle novedosos parámetros de ingeniería sismo-resistentes en correspondencia con la alta actividad sísmica histórica registrada. Esto efectivamente se hizo, y se llegó a dotar con un código muy moderno, bastante actualizado, para regir todo lo que respecta al diseño y construcción de infraestructuras, edificaciones y todo tipo de obras civiles.
–¿Y entonces?
–Y entonces ocurre que aun contando con esa herramienta técnica, se produce un evento que deja en evidencia que la gran mayoría de las edificaciones e infraestructuras que colapsaron no cumplían con lo establecido en el código de construcción. Aquí hay una primera lección: no es suficiente tener códigos de construcción sismo-resistentes actualizados si no se cumple con el ejercicio ético de la arquitectura y la ingeniería, y si no se cuenta con el estricto control, supervisión e inspección del proceso por parte de las instancias regulares oficiales.
El cruce de la corrupción
–En esto –enfatiza– hay algo transversal que se interpone, y es la corrupción. Por un lado, de los organismos a los que les compete ejercer la evaluación, control, supervisión y aprobación final de proyectos y obras. Y por el otro, de los encargados de construir que usan materiales de baja calidad o no construyen de acuerdo con el diseño. Porque, pudiera ser que las obras estuvieran diseñadas de acuerdo con lo establecido en el código, pero si se utiliza material de baja calidad para abaratar costos o se violan los parámetros de diseño que corresponden para las construcciones sismo-resistentes, el desastre es inevitable.
Ángel Rangel sostiene que todo esto quedó demostrado con el colapso (desplome) de más de 6.500 edificaciones, pero además se habla de cerca de 15.000 edificaciones que registraron daños estructurales de consideración, y que en consecuencia resultarán inhabitables e inservibles aun cuando aparentemente estén de pie.
–Esto dice mucho de cómo fue este proceso de construcción en los últimos 25-30 años. Se aceleró la construcción de viviendas en muchas ciudades. Esto fue impulsado durante varios años por el propio gobierno, que inclusive en el 2018 llegó al extremo de eximir de juicios a muchas empresas constructoras que tenían casos por construcción indebida. Se cambiaron penas por multas. Eso pasó antes del proceso electoral parlamentario y presidencial del 2018. Hay casos patéticos, como el de un edificio construido en el 2013, que evidentemente tendría que estar dentro de las normas. Se trata de un conjunto privado de 12 pisos con unas 250 unidades de habitación. Hoy está en el suelo con centenares de personas sepultadas bajo sus escombros. Solo quedó en pie la valla de propaganda que lo ofertó como un edificio sismo-resistente.
–El gobierno ha anunciado medidas contra los infractores.
–Vi el anuncio. La Fiscalía y el gobierno dicen que han detenido a constructores. Yo creo que es un proceso necesario, pero en este momento pareciera tener un matiz político, porque en mayo hay elecciones generales. Los desastres también tienen impacto político. Cuando ocurren, la colectividad pasa a evaluar, a ser juez. Y entonces la opinión pública evalúa a gobiernos, organismos reguladores, constructores, responsables de políticas públicas en relación con lo que se hizo (o no) antes, durante y lo que se hará después. Los desastres tienen impactos sociales, económicos, pero también políticos; y pueden castigar o premiar a los actores públicos involucrados. En enero de 1944, por ejemplo, a raíz de un terremoto en Argentina, el coronel Juan Domingo Perón salió a dar la cara por la junta militar, se hizo responsable de las acciones de respuesta del gobierno y su figura salió fortalecida. En otros casos, como en los terremotos de Nicaragua en 1972, de Guatemala en 1976, de México en 1985 y de Haití en 2020, los eventos sirvieron para socavar la credibilidad y la legitimidad de los gobernantes.
–Vale decir entonces que si se hace una evaluación seria, Erdogan saldría aplazado.
–Este evento deja al desnudo la situación de que las normas, aunque existen, no fueron cumplidas, no se supervisó. La gran mayoría de las edificaciones que colapsaron o sufrieron daños importantes no estaban dentro de los parámetros del código.
Ángel Rangel recoge la expresión del arquitecto japonés Shigeru Ban, quien señaló en el 2014 que los terremotos no matan a la gente, pero el colapso de los edificios sí, para referirse al colapso de los edificios cuando la corrupción está vinculada al diseño y a la construcción de edificaciones. “Yo a esto agregaría: Los terremotos no matan, pero la corrupción sí”.
–Cuando se construye o se permite que se construya en una zona de alta sismicidad sin cumplir con la norma sismo-resistente, se está propiciando el futuro desastre. Eso ocurrió con este sismo en Turquía, donde quedaron en pie edificios construidos bajo la norma en una zona donde hay cientos de edificios caídos. Es lo que ocurre cuando los gobiernos no toman las medidas de gestión del riesgo para reducir el riesgo de desastres. En Turquía quedó en evidencia que los desastres no son naturales.
–¿Los organismos internacionales dedicados al tema no tienen responsabilidades de supervisión para que los países cumplan sus compromisos?
–No. Es una cuestión de los países. Eso pasa a ser una ley del país. Hay normas internacionales que son recomendaciones, y cuando se trabaja en este tipo de instrumentos legales o normativos los organismos nacionales se apoyan en ellas para incorporar aspectos que le refuercen su legislación. Pero no. Cada país tiene su propia norma. Esas son responsabilidades de los Estados. Y por parte de los Estados, los gobiernos tienen sus organismos técnicos, de supervisión e inspección. Igual los gobiernos locales tienen su ingeniería municipal que se encarga de evaluar los permisos que se están dando para los procesos de urbanismo.
–Identificar las zonas de riesgo, sísmicas o de inundaciones, es clave para prevenir?
–Es necesario que el análisis de riesgo se incorpore en el antes para aplicar los códigos de construcción correspondientes en correspondencia con los resultados del análisis y evaluación del riesgo. Si en Turquía se hubiera cumplido este paso no se estaría hablando de una cantidad de víctimas tan alta. Porque el problema está identificado. Las placas tectónicas que pasan por estos países y su actividad son históricas.
–¿La identificación y el análisis de riesgo se cuentan como medidas preventivas?
–Sí. Y con la prevención está hermanada la mitigación. Cuando digo prevención es porque se incorporan medidas dentro de los nuevos diseños. Y mitigación es cuando luego de identificar las edificaciones que fueron construidas antes de que se promulgara el código, se toma la decisión de adecuarlas o reforzarlas para hacerlas sismo-resistentes. En el antes también se incluye la preparación y la organización de los organismos públicos y la sociedad en general para la acción de respuesta ante las situaciones de emergencias que pudieran presentarse. Todo, antes de que se materialice la amenaza. Porque no podemos evitar que el fenómeno natural ocurra, pero sí podemos intervenir para que no tenga las negativas consecuencias sociales, económicas y de todo tipo que lo convierten en desastre.
–¿Y qué pasa una vez que el evento ha ocurrido, es decir, en el durante?
–En el durante hay un problema vinculado a la capacidad de respuesta. Es lógico que ante un evento de esta magnitud difícilmente un país pueda hacerle frente solo. En este caso en particular, el propio presidente Erdogan reconoció que no fue muy eficiente la manera como respondió el gobierno. Sin duda, este reconocimiento se hace en respuesta a las denuncias y críticas de los afectados y la población en general en relación con la actuación de los organismos públicos, antes y durante la tragedia.
–Sin embargo, la solidaridad internacional ha sido importante.
–Es lo que le corresponde a la comunidad internacional en una tragedia de estas proporciones. Sin embargo, en su implementación se presentó una situación que es bueno que se tome en cuenta. Y es que, en la solidaridad internacional proveniente de gobiernos, ONG, voluntariados, organismos internacionales, etc., debe asegurarse la debida coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria con las autoridades del Estado receptor de la ayuda. De lo contrario, se convierte en un problema de logística adicional para el país que confronta la crisis, en momentos en que la capacidad de proveer servicios, alimentos, albergues, transporte y apoyo local se encuentra seriamente superada. Eso está ocurriendo en Turquía.
–¿Qué problemas han afrontado?
–Muchos países enviaron personal y voluntarios que llegaron a zonas sin electricidad, con las vías de comunicación terrestre destruidas, donde no hay alimentos ni para los propios damnificados, donde no hay agua, servicios sanitarios, en fin. Son entre 100 mil y 115 mil personas que se suman y a las cuales hay que coordinarles su estancia. Eso es un problema adicional dentro de un problema mayor, dada la magnitud de la tragedia. Está el tema del idioma, costumbres, religión, clima extremo prevaleciente, etc., con los cuales hay que estar familiarizados para lograr el mayor éxito en la intervención. Hay personal que arribó sin el entrenamiento y equipo adecuado para labores en bajas temperaturas. De hecho, ya muchos equipos de rescate han salido a solicitud del gobierno turco. Esta es otra lección que se debe aprender de cara al futuro.
–¿Es Turquía un laboratorio?
–Es un escenario que yo diría que, en honor a las víctimas, tiene que llevar a la reflexión a los gobiernos, a los que trabajamos en la gestión del riesgo de desastre y en tareas de asistencia y ayuda humanitaria, para tratar de ser lo más eficientes posible en eventos futuros. Siempre que ocurren, en muchos países se activan las asociaciones voluntarias y las ONG para recoger equipos, material, medicinas, ropa, etc., pero de pronto se encuentran con grandes dificultades para hacerlos llegar a destino debido a la falta de medios de transporte o por la destrucción o afectación de sistemas viales, aeropuertos y puertos. La solidaridad debe ser muy bien coordinada para que no se convierta en un problema.
–¿En Siria ha pasado igual?
–Siria ya estaba en situación de desastre. En la zona del terremoto ya existía casi un millón de personas refugiadas por la guerra. Entonces, el evento resultó un desastre sobre un desastre continuado que tiene más de una década. Es decir, se materializó la amenaza en un territorio que se encontraba al momento en las peores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, físico-ambiental e institucional para enfrentar un desastre, donde lo cotidiano es que escasean los alimentos, el agua, la electricidad, las medicinas, los servicios de salud. Adicionalmente, la ayuda internacional se ha visto limitada como consecuencia de las sanciones impuestas por muchos países. Es una gran tragedia lo que se está viviendo en Alepo y en toda la zona norte del país. Dada su situación de alta vulnerabilidad ante cualquier evento, por más pequeño que sea, encuentra a unos ciudadanos que ya estaban viviendo en edificaciones de precaria construcción, que apenas podían comer una vez al día y que están sin suministro de servicios básicos fundamentales desde mucho antes del terremoto.
–¿El durante aún no ha concluido, pero qué se espera para el después?
–El después ya se está viviendo. Estamos hablando de un alto número de víctimas todavía no definitivo, que va in crescendo. Hay unos 25 millones de personas que están afectadas directa o indirectamente por el terremoto, porque se paralizó la actividad económica, se afectaron infraestructuras fundamentales como hospitales, escuelas, sistemas de comunicaciones, de energía, de suministro de agua, locales de los organismos de emergencias, centros de producción, hay estrés postraumático en la mayoría de la población. Adicionalmente se aproxima una posible crisis sanitaria para la cual el Estado deberá contar con el apoyo directo de organismos como la OMS y ONG como Médicos sin Fronteras. A partir de ahora hay un problema de potencial desarrollo de una crisis humanitaria que debe ser atendida eficientemente por el gobierno y con el mejor apoyo internacional.
–¿Estará el gobierno preparado para afrontarla?
–En esta etapa la comunidad internacional está muy atenta. Ya se han pronunciado organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, el FMI, etc.) y muchos países para apoyar el necesario proceso de la reconstrucción. Sobre este particular, es necesario que la reconstrucción se convierta en la gran oportunidad de reconstruir para mejor, y debe estar fundamentada en los lineamientos establecidos en el código de construcción surgido después del terremoto del 1999. La reconstrucción no puede ser como dijo el presidente, que en un año iban a levantar miles de edificios para sustituir los que se desplomaron. No, la reconstrucción tiene que ser para construir mejor, es decir, invertir para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras vitales, de los edificios residenciales y de sistemas críticos con respeto a lo establecido en el código y las normas. Es el momento de hacer que infraestructuras vitales como las vías de transporte, hospitales, escuelas, sistemas de agua, de comunicación, de energía sean realmente concebidos, diseñados y construidos con características sismo-resistentes. Es el momento para la aplicación de políticas, estrategias y un plan de inversiones asociados a la reducción del riesgo de desastre.
Apagar el fuego en Venezuela
La trayectoria profesional de Ángel Rangel ha estado siempre ligada a la gestión de riesgo, al servicio de la comunidad. Comenzó como bombero, llegó a teniente coronel y tiene el rango de comandante. Fue Director Nacional de Defensa Civil y le tocó afrontar el mayor desastre de la Venezuela contemporánea, la tragedia de Vargas, todo ello con los pocos recursos que contaba el país al momento. Co-fundó y dirigió el Instituto Universitario del Cuerpo de Bomberos de Caracas. Fue segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de Venezuela y se ha desempeñado por más de 25 años como profesor universitario en el área de Análisis y Gestión del Riesgo en la UCV y en la UCAB. Recientemente publicó un trabajo en un libro editado por la Revista de Occidente de la fundación José Ortega y Gasset, de España, titulado: Resiliencia y reducción del riesgo de desastres en Venezuela. Hoy está dedicado a la asesoría internacional y realiza trabajos sobre el tema en países de Asia Central y África. Desde la distancia, echa una mirada hacia Venezuela, a la que no deja de ver con preocupación.
–Visto lo ocurrido en Turquía y Siria, la gestión del riesgo se presenta como un aspecto vital para evitar desastres. ¿Cómo está Venezuela en esa materia?
–Venezuela tiene una norma que recientemente fue actualizada, la norma Covenin 1756, del año 2019. Es la norma venezolana para la construcción sismo-resistente. Es la que establece los criterios, los parámetros que rigen el diseño y la construcción de edificaciones e infraestructuras dependiendo de las aceleraciones vinculadas a las amenazas sísmicas en las distintas regiones del país.
–¿Es obligatoria su aplicación?
–En esa norma se deben basar los arquitectos y los ingenieros cuando están trabajando en el diseño de una edificación. Es la que rige. En su elaboración estuvo involucrada la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) como organismo coordinador. Y trabajó conjuntamente con especialistas de las universidades nacionales, los colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, entre otros. Todos los involucrados realizaron un excelente trabajo para dejarnos una norma muy actualizada. Desde el punto de vista normativo, en el país contamos con una de las normas más actualizadas del continente.
–¿Garantiza esa norma una eficiente aplicación de la gestión de riesgos en el país?
–Como lo señalé al principio, un código o una norma no es garantía absoluta, hay que garantizar su cumplimiento. Es por ello que, en los últimos 15 años, muchas comunidades de profesionales de la ingeniería y la arquitectura en el país han expresado sus preocupaciones en relación a las condiciones de diseño, calidad de los materiales y la inspección y supervisión técnica de obras de carácter social, como las edificaciones tipo Misión Vivienda, por ejemplo. Existe preocupación sobre lo que sería su comportamiento al ser sometidas a los esfuerzos derivados de situaciones de sismo. Con respecto a estas obras, diseñadas y construidas en su gran mayoría por empresas y profesionales de otros países, se presentan dudas sobre el cumplimiento de las normas venezolanas en su construcción.
–¿Ha sido ésta la única preocupación?
–No. También muchos hemos alertado sobre acciones que no se han emprendido para reforzar y adecuar infraestructuras vitales que fueron construidas antes de la década de los setenta y en consecuencia no están adaptadas a las normas que surgieron luego del terremoto de Caracas de 1967. Se han hecho llamados sobre la necesidad de que edificios e infraestructuras fundamentales, como hospitales, escuelas, sistemas de energía, de agua potable, de comunicaciones y de transporte, sean reforzados para garantizar su integridad física en caso de terremotos. También existe gran preocupación sobre la capacidad financiera y presupuestaria del Estado para la prevención y la capacidad de respuesta ante los desastres.
–La lista, si se hace, debe ser grande.
–Hay muchas estructuras y edificaciones que necesitan trabajos especiales para mejorar su capacidad de respuesta ante un eventual movimiento sísmico. Hay instalaciones críticas (hospitales, centros de bomberos, comandancias de policía) que tienen que ser revisadas y adecuadas a las normas vigentes. Esto significa reforzar las estructuras existentes. En este tema hay que insistir. El gobierno nacional y los gobiernos locales tienen que atender el tema de la vulnerabilidad física de esas instalaciones críticas. Por ejemplo, con los sismos se presentan situaciones de deslizamientos. Imagínate lo que podría ocurrir con las plantas de tratamiento de agua, con el sistema de tuberías que abastecen las ciudades o con las torres de distribución de energía eléctrica. Hay que reforzar lo existente y garantizar que lo nuevo esté dentro de las normas. Tiene que haber organismos en los niveles de gobierno nacional, regional y local que se encarguen no solo de otorgar permisos, sino de verificar que los diseños y que la construcción se ajuste estrictamente a la normativa vigente. Sobre este particular, en todos los niveles de gobierno hay competencias concurrentes. Todos tienen responsabilidades.
–¿De qué otra manera se puede garantizar una efectiva gestión del riesgo?
–Es fundamental que la variable riesgo se incorpore a los planes de desarrollo del país, particularmente a los planes de desarrollo urbano. Es la mejor, más eficiente y menos costosa estrategia para reducir el riesgo de desastre actual y prevenir o mitigar el riesgo futuro. No se puede evitar que los fenómenos físicos naturales se manifiesten, pero sí minimizar las posibles consecuencias adversas sobre la sociedad, es decir, evitar que se conviertan en desastres.
–¿Y en cuanto a recursos humanos, tiene el país suficiente personal capacitado?
–En la actualidad hay serias limitaciones en lo que respecta al recurso humano, pues aun con la mística y profesionalismo de los que hoy prestan sus servicios, lo hacen con una muy baja remuneración, con serias deficiencias en el número de profesionales disponibles, con escasos recursos, tecnología e instalaciones idóneas para el trabajo. Fijémonos, por ejemplo, en la situación de los hospitales de Venezuela. En estos momentos no están ni siquiera en capacidad de atender eficientemente las necesidades propias de la sociedad venezolana. Ya ves todo lo que tiene que pasar un venezolano para que le hagan una radiografía, una cirugía o hasta cualquier intervención menor. Imagínate lo que ocurriría en una situación de desastre, cuando las necesidades se multiplican exponencialmente. Porque el punto central es que nadie escapa a la compleja crisis humanitaria que padece Venezuela. Debido a la diáspora, el país ha perdido personal de alta calificación y esto se refleja en los organismos públicos, entre ellos el valioso personal sanitario y de emergencias (médicos, bioanalistas, enfermeros, bomberos y cuadros técnicos de defensa civil especializados en rescate, etc.). La diáspora afecta sin duda las capacidades para la gestión del riesgo de desastres en el país.
–Y los que no han salido, ¿cómo trabajan?
–Con las uñas. Hay que decir que las mismas carencias que tienen los ciudadanos para reparar un vehículo, para mejorar su vivienda, para hacer reparaciones menores a nivel del hogar las tienen los funcionarios en sus centros de trabajo. Los presupuestos de los organismos públicos tienen serias limitaciones para el equipamiento, para el funcionamiento del parque automotor, para la actualización tecnológica y profesional, para el entrenamiento, etc. Estamos hablando de un personal sin recursos ni herramientas para atender oportuna y eficientemente buena parte de las situaciones de emergencias. Ellos no son ajenos a la crisis socioeconómica que vive el país.
–¿Cómo describiría la situación actual de Venezuela en materia de gestión de riesgos?
–Es un momento delicado para el país. Los organismos del sector salud y de atención de emergencias y desastres tienen serias limitaciones de capacidad operativa. Basta como ejemplo que en la ciudad capital no hay más de tres ambulancias para el traslado de pacientes interhospitalarios (entre los hospitales públicos). Eso es una limitación muy importante en una situación de emergencia. Faltan recursos y, lamentablemente, también falta personal.
La pobreza como factor
Ángel Rangel considera oportuno destacar que la pobreza es un factor subyacente en el riesgo de desastres. Recuerda que siempre los países, las comunidades y los hogares más pobres son los que más sufren, porque tienen la más alta condición de vulnerabilidad ante las amenazas: viven en las viviendas más precarias, en las áreas de mayor peligro y disponen de menos recursos para afrontar los desastres.
–¿Vale decir que la variable gestión de riesgos debe contemplar combatir la pobreza?
–Si bien los pobres son los más vulnerables, lamentablemente los desastres generan mayor pobreza. Es como un círculo vicioso. Estos eventos extremos traen más pobreza porque hacen retroceder a los países en materia de desarrollo, en calidad de vida. Como consecuencia de ellos, se pierden empleos, capacidad de producir alimentos, de proveer suministros, se deterioran las condiciones sanitarias y de educación. Los desastres pueden hacer retroceder 10 o 20 años en el desarrollo. Lo que le costó mucho construir a una sociedad puede quedar destruido en un instante. La disminución de la pobreza y las desigualdades es clave para reducir la vulnerabilidad social y económica ante los desastres. Es vital que los países entiendan que los desastres son actualmente la mayor amenaza contra el necesario desarrollo sostenible. En consecuencia, la variable gestión de riesgos tiene que estar incluida de manera transversal como un elemento fundamental de los planes de desarrollo. Debe constituirse en el criterio que guía los planes y programas de financiamiento, de inversión al desarrollo.
–En Venezuela hay pobreza, crisis humanitaria, se sufre una diáspora que deja profundas heridas. ¿Cree que hay espacio para entender la importancia de la gestión de riesgo?
–Yo tengo una preocupación y es que no terminamos de aprender la lección. En Latinoamérica, y particularmente en Venezuela, se han hecho análisis y evaluaciones forenses luego de los más importantes eventos de desastres. Estos estudios han dejado claras evidencias de las principales causas del elevado número de víctimas y afectaciones derivadas de terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, sequías, y luego que el tema deja de ser noticia no pasa nada. Pareciera que no se tiene memoria colectiva de estos sucesos y por ello se repiten las historias en circunstancias similares. Por ejemplo, en Maracay lo vimos con las inundaciones del 2020 en El Limón. Se tenía una experiencia trágica y se repitió. Entonces (1987) hubo investigaciones, hallazgos, promesas. Todo se olvidó y no se tomaron medidas de prevención. Igual ha ocurrido con otros eventos que si se hubiesen tomado las recomendaciones derivadas de las investigaciones, en la mayoría de los casos no estaríamos refiriéndonos a situaciones de desastres sino a perturbaciones de la cotidianidad o situaciones de emergencias. La diferencia no la establece la magnitud del evento, sino la capacidad de prevención, preparación y resiliencia de los países. Eso está demostrado. Y personalmente lo he visto en nuestro país y en otros de nuestro continente donde me ha tocado trabajar en casos de desastres. En Latinoamérica la fotografía es más o menos la misma, con pocas excepciones.
–La tragedia de Vargas es una fotografía que no se borra en Venezuela.
–Como venezolano, el deslave de Vargas fue para mí una muy dolorosa experiencia, de esas que marcan la vida, y una gran frustración por la responsabilidad que tenía (era el director de Defensa Civil) en mis hombros sin contar con los recursos necesarios para atender eficientemente una tragedia de esa magnitud. En ese momento eran muy precarias las capacidades operativas del sistema nacional de la defensa civil venezolana. Entonces le queda a uno ese sinsabor de no contar con las mejores condiciones para atender debidamente y tener el mejor resultado ante un evento como el que se sufrió. Siempre tengo la esperanza de que el país haya aprendido de eso. Pero, lamentablemente, estimo que no hemos avanzado lo necesario, y eso hace que el dolor se reproduzca cada vez que miro hacia Venezuela.
Globalizando un poco
–Sin dejar de lado la pobreza, ¿tiene incidencia el cambio climático en la aceleración de estos fenómenos?
–Está demostrado que los más frecuentes eventos de desastres que se han presentado en las últimas dos décadas están vinculados a fenómenos climáticos extremos, y que los mismos están estrechamente vinculados a las consecuencias del cambio climático global. El efecto se refleja en la ocurrencia de eventos extremos relacionados con el clima que son cada día más frecuentes y de mayor magnitud. Y son fenómenos (tormentas, huracanes, fuertes precipitaciones, inundaciones, sequías, incendios forestales, incremento del nivel del mar) que vienen ocurriendo en todo el mundo, en Australia o Estados Unidos, en España o en Italia, en Asia o en África, y por supuesto en el Caribe, Centroamérica y América del Sur.
–Y en este plano los compromisos globales también parecen difíciles de cumplir.
–Si bien en la región todos los países han asumido su compromiso en foros internacionales sobre la materia, el cumplimiento de los acuerdos no es una realidad en buena parte de ellos, particularmente en la constitución de las Plataformas Nacionales para la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la implementación de los correspondientes planes de acción ante el cambio climático. Es el caso de los acuerdos del 2015, como el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), el Acuerdo del Clima de París, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, suscritos en el marco de las Naciones Unidas. Aun cuando algunos países han dado pasos firmes hacia la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de su capacidad de resiliencia, en el nuestro se han hecho enunciados de tipo político, sin ser concretados en acciones y planes.
–¿Es el cambio climático un asunto exclusivo de los países desarrollados?
–Sin duda los países desarrollados tienen la mayor responsabilidad en el proceso de construcción social del fenómeno del cambio climático global, pero hay que recordar que los más afectados por las consecuencias son precisamente los denominados países en desarrollo, los más pobres. Por lo demás, hay que decir que no es un asunto sólo de los gobiernos. Su atención requiere de la participación de los actores sociales, y esto incluye al sector privado, la sociedad civil organizada, el sector académico y de investigación, los medios de comunicación, la iglesia, todos fundamentales para que se elaboren estrategias y se tomen decisiones con sentido de Estado. En definitiva, las naciones desarrolladas son las que tienen la principal responsabilidad porque son las que más aportan a la destrucción de la capa de ozono. Es paradójico: los países más pobres son los que menos aportan a esta destrucción, pero debido a su vulnerabilidad son los que más sufren los efectos. Entonces, no es que se deben quedar cruzados de brazos y no asumir responsabilidades, pero sí necesitan el apoyo técnico y financiero de los más desarrollados para afrontar con éxito el problema planteado.
