Publicado en: Infobae
Por: Marcos Tarre Briceño
Cada dictadura tiene su grupo irregular para las tareas sucias. El régimen venezolano ha desplegado el suyo en las ciudades de todo el país
Hace 20 años, en Venezuela la gente se refería a los autobuses del transporte público como «colectivos» o en términos laborales, se hablaba de firma de «contratos colectivos» con gremios o sindicatos. Hoy en día la palabra «colectivo» en Venezuela es sinónimo de terror, represión y violencia brutal al servicio del régimen.
La historia latinoamericana enseña que las dictaduras tienden a apoyarse en grupos irregulares para su defensa y realizar tareas sucias que comprometerían a las fuerzas armadas y cuerpos policiales, o que estos simplemente no quieren realizar. Haití, en le época de Duvallier y su hijo «Baby Doc» tuvo a sus temibles «tonton macoute«; el Panamá de Manuel Noriega contó con sus «macheteros» y «dobermans» y el gobierno de Nicolás Maduro tiende a apoyarse cada vez más en sus «colectivos«. Pero, ¿cómo el término «colectivo» pasó al ámbito político? En España desde 1985, se utiliza esa palabra asociada a la política. El recién legalizado Partido Comunista de los Pueblos de España, PCPE, crea la organización juvenil «Colectivo de Jóvenes Comunistas» y esas organizaciones, bajo el nombre de «colectivos», se reproducen en las provincias de Asturias y Galicia.
Desde su primera presidencia en 1998, Hugo Chávez promueve las «esquinas calientes«, zonas de las ciudades en la que a los disidentes y opositores se les prohibía el paso, eran acosados, insultados y a veces agredidos con palos o piedras.
En los años 2000 y 2001 se agudiza la confrontación política. Buscando romper y cambiar las estructuras sociales, el Ejecutivo promueve los «Círculos Bolivarianos» entre sus seguidores, estructurando y dándole forma jurídica a los extremistas y «malandros» que anidaban en las esquinas calientes. Luego de los sucesos de abril de 2002 que llevaron a la salida del presidente Hugo Chávez del gobierno por unos días, se radicaliza el proceso revolucionario y se toman medida de todo tipo para reforzarse en el poder. La primera y quizás la más grave será la entrega de pistolas y revólveres a los «Círculos Bolivarianos» mas radicales. El encargado de esa tarea es el general Miguel Rodríguez Torres, en ese momento director de la DISIP, la policía política, antecesor del hoy temible SEBIN. Rodríguez Torres acude a los depósitos de pistolas y revólveres en desuso o decomisadas, principalmente al de Fuerte Tiuna, la principal base militar en Caracas y para que no queden evidencias elimina y borra todos los registros físicos y digitales existentes. Años después este general se las verá con los colectivos armados que ayudó a crear.
Por otra parte, comienza la asesoría del Gobierno del Presidente Chávez a la organización española CEPS. Vienen y trabajan en Venezuela Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monederos, vivero de lo que después será el partido Podemos. Esta agrupación utilizaba extensamente la denominación de «colectivos» como formas de agrupación política y social en el escenario español. Bien sea porque los españoles trajeron el término o porqué la idea nació en esas reuniones de «asesoría», los colectivos como forma de asociación política, social o cultural, comienzan a utilizarse con fuerza en Venezuela.
Paralelamente, como vanguardia revolucionaria, se crea el 29 de junio
del año 2003, fundado conjuntamente en La Habana por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, el Frente Francisco de Miranda. Un primer contingente de jóvenes se forman en Cuba. Según algunas informaciones, entre los años 2003 a 2007 se habrían realizado 12 entrenamientos en Cuba con participación de 1.000 jóvenes venezolanos de ambos sexos.
Un tercer elemento que interviene en la configuración de los que ahora se conoce como «colectivos» lo constituye grupos de la extrema izquierda venezolana.
Luego de un prolongado intento de lucha armada, que culmina con una
derrota en el plano militar y un proceso de pacificación política en
1969, algunos dirigentes se incorporan o crean partidos políticos
legales, otros pocos, movimientos sociales semi clandestinos, como los Tupamaros y el grupo La Piedrita, ambos asentados en la popular y siempre revoltosa parroquia «23 de Enero»
del oeste de la capital. Estos movimientos se consolidan, radicalizan y
canalizan activamente en las violentas protestas espontaneas del 28 de
febrero de 1989, el llamado Caracazo. Posteriormente
tienen contactos con los oficiales conspiradores y participan, como
contraparte civil, en los fallidos intentos de golpes de estado de 1992.
Este conglomerado de estructuras políticas, formación ideológica, territorios controlados, apoyo y recursos, armas de fuego y una «marca» de identificación serán el germen de los «colectivos amados«, grupos de choque que se convertirán en los «tonton macoute» de Nicolás Maduro.
A partir del 2004, al ganar la Alcaldía Mayor de Caracas el periodista chavista Juan Barreto, fluyen recursos legales y clandestinos a las organizaciones sociales y se multiplica la formalización de colectivos, identificados con el proceso revolucionario. Desaparecen los «Círculos Bolivarianos» y se comienza a promocionar y apoyar a los cada vez más numerosos «Colectivos». Las agrupaciones de la parroquia «23 de Enero«, en la que está ubicado el Museo de Historia Militar convertido en el 2013 en Mausoleo de Hugo Chávez, tiene una posición geográfica estratégica en la ciudad, incluso cerca al Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Ellas serán las primeras en disfrutar de la abundancia de recursos, no solo financieros, sino también motocicletas, equipos de comunicación y más armas. Los principales colectivos de esa populosa zona, con territorios claramente autodefinidos son los Tupamaros, Alexis Vive, La Piedrita, Montaraz, Tres Raíces, José Leonardo Chirinos, Carapaica y la Coordinadora Simón Bolívar.
Los colectivos, nacidos con un objetivo inicial de preservar zonas de la delincuencia, rateros, borrachos y drogas, evolucionan hacia un duro control territorial, en la que los vecinos son obligados a pagar «protección» y vivir bajo sus reglas y dominio.
Por esa fecha el Gobierno de Chávez se crean también las «bandas armadas motorizadas«, integradas por miembros de colectivos, funcionarios policiales, simpatizantes radicales y cierto «malandraje». Estas bandas se constituyen y actúan cuando el gobierno quiere amedrentar, causar terror o agredir a la disidencia política. Durante sus sucesivas presidencias Hugo Chávez fomentaba, alentaba, manipulaba, les señalaba «targets» en cadena nacional de televisión, pero a veces les ponía freno. Con los colectivos contralando zonas urbanas de forma permanente y las «Bandas Motorizadas» a las que podía activar en cuestión de horas, contaba con herramientas adicionales a las institucionales para controlar la disidencia política. Inspirados en la organización del «23 de Enero» de Caracas, los colectivos se multiplicarán a lo largo y ancho del país, aprovechando el derroche de recursos disponibles. Pero con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia los límites se romperán.
El 8 de octubre de 2014, funcionarios de la policía judicial CICPC que investigaban un caso de secuestro entran al edificio Manfredi, en el centro de Caracas, sede de una organización llamada «Escudo de la Revolución», una subsidiaria del colectivo Frente 5 de Marzo, dirigido por José Odreman, un ex sargento de la disuelta Policía Metropolitana de Caracas, ferviente revolucionario, calvo, robusto, con cuello de toro y una bizarra fe que mezcla disciplina, evangelio y revolución. Los funcionarios policiales son retenidos o tomados como rehenes en el edificio. El general Miguel Rodríguez Torres, que para ese momento era el Ministro de Relaciones Interiores de Nicolás Maduro, envía al grupo de fuerzas especiales BAE del CICPCP. Logran rescatar a sus compañeros y abaten a tres miembros del colectivo. Indignado, Odreman acude al edificio Manfredi y declara, con su peculiar lenguaje, a las cámaras de televisión:
– Ciudadano ministro de interior y justicia, le pasa a José Odreman cualquier cosa, lo asumo y le dejo la responsabilidad a usted, porque usted está haciendo esos escenarios – señala hacia la puerta del edificio – Ya basta que nos sacrifique más camaradas combatientes, ya basta, camarada…
Media hora después Odreman y otro miembro del colectivo caen acribillados a balazos. La muerte del lider del colectivo 5 de marzo causa indignación entre los más fanatizados seguidores de la revolución bolivariana y marcará un punto de quiebre. Nicolás Maduro se inclina a favor de los colectivos y aparta al general Miguel Rodríguez Torres de la cartera del interior. El alto oficial iniciará así su deslinde con el «madurismo» y crea un partido político reivindicando el legado «originario» de Chávez. Desde marzo de 2018 el general y ex ministro está encarcelado por supuestos cargos de «acciones contra la paz y la tranquilidad públicas, y en conjuras y complots contra las fuerzas armadas del país».
A partir de ese momento, los colectivos armados han sido privilegiados por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya no sólo extorsionan las zonas que controlan, sino que han expandido su radio de acción y manejan la distribución y venta local de drogas, llevan a cabo secuestros, atracos y otros delitos, con total impunidad. Como recompensa y para acentuar el control de la población en los barrios, Nicolás Maduro les entregó la distribución y venta de las famosas Cajas Claps de alimentos regulados en sus zonas. En el «23 de Enero», además de estaciones de radio y algunos emprendimientos, funciona un casino clandestino bajo la protección de los colectivos. Ahí son llevados en camionetas blindadas y van a jugar con total seguridad altos jerarcas del gobierno y «bolichicos» que han hecho fortuna con el régimen.
Cuando se les requiere, Nicolás Maduro los utiliza para la represión política. Lo hizo durante las manifestaciones del 2014 y 2018, causando numerosos casos de heridos y muertos, todos impunes. Durante el tormentoso e incierto 30 de abril pasado también actuaron: trataron de acercarse al distribuidor de Altamira y fueron ahuyentados con ráfagas al aire de los militares de pañoleta azul que respaldaban a Juan Guaidó, luego tuvieron un extraño enfrentamiento con funcionarios de la Policía del estado Miranda y en la noche atacaron a manifestantes en el Oeste de la ciudad.
Los colectivos armados de Nicolás Maduro no practican los rituales de vudú haitiano de los «tonton macouts», ni necesitan hacerlo, pero ejercen la violencia con igual intensidad y crueldad. Ahora son grupos de delincuencia organizada bastante bien estructurados, una industria lucrativa en simbiosis con el régimen, con miembros incorporados a algunos cuerpos policiales y acceso a las esferas del poder, dedicados a la mayor parte del tiempo a sus diarias y muy rentables actividades criminales y en la medida en que se debilita el apoyo de los cuerpos de seguridad a Nicolás Maduro, junto con los «pranes» (líderes) de las cárceles, las «megabandas» de ciertas zonas del país, los traficantes de cocaína, los explotadores ilegales del oro, coltan y diamantes, el ELN colombiano con más de 4000 hombres en Venezuela, se perfilan como la «reserva» armada del régimen.
El Alto mando militar, leal a Nicolás Maduro, todavía es reacio a entregar armas largas, automáticas o de mayor poder a los colectivos porque no quiere compartir ese recurso; sólo han tolerado que algunos miembros de los colectivos usen uniformes de las fuerzas armadas, pero la debilidad del régimen o su desesperación pueden llevarlo a darles accesos a los arsenales e infraestructura militar.