Publicado en: El País

Por: Boris Muñoz

Si algo han aprendido los venezolanos a lo largo de las últimas décadas es que la mejor voluntad de los interlocutores no garantiza avances políticos. Lo prueban más de una docena de procesos de negociación entre el gobierno chavista y la oposición democrática, la mayoría terminados en farsa, frustración o fraude. ¿Será el diálogo que se inicia mañana distinto a los anteriores?

El reciente comunicado conjunto de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dejó claro que los principales dirigentes opositores no participarán en la negociación que busca renovar el Consejo Nacional Electoral y parte del Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo último de abrir el camino hacia elecciones democráticas, justas y transparentes. Esto no significa que las conversaciones encabezadas por Dinorah Figuera hayan naufragado antes de zarpar. Pero sí pone de relieve la tensión que atraviesa al campo opositor. Tras años de ilusiones y desengaños, vuelven a enfrentarse quienes consideran que se trata de otra maniobra del chavismo para perpetuarse en el poder y quienes creen que vale la pena intentarlo porque esta vez la presión proviene directamente de Washington.

El chavismo tampoco llega unido, como lo había hecho bajo la conducción de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En los últimos días, figuras como Mario Silva e Iris Varela han criticado públicamente a los líderes del gobierno de transición por colaborar con las exigencias de Estados Unidos y negociar con sectores opositores que consideran ilegítimos. A ellos se sumó un grupo encabezado por el ex vicepresidente Elías Jaua, quien reclamó un diálogo “entre venezolanos, para los venezolanos y por los venezolanos”, una forma cautelosa de rechazar la tutela estadounidense. Ninguno de estos dirigentes representa hoy el centro del poder, pero expresan el malestar de sectores desplazados por la troika integrada por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello.

La mayor novedad de este proceso, sin embargo, no es la fragmentación de la oposición ni la del chavismo. Es el papel de Estados Unidos. A diferencia de negociaciones anteriores, Washington no actuará como facilitador ni acompañante, sino como árbitro con intereses enormes propios. La oposición y el gobierno negocian, pero Trump decide. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿puede existir una transición democrática cuando el verdadero centro de decisión está fuera de Venezuela?

Esa es la interrogante que sobrevuela todo el proceso. Y la respuesta depende, en buena medida, de cuáles sean las prioridades reales de la administración Trump. Estas no siempre aparecen alineadas con las de los venezolanos y ni siquiera con el liderazgo opositor, como parece demostrar el veto de facto contra María Corina Machado. Mientras Donald Trump ha insistido en la necesidad de garantizar la estabilidad económica venezolana, Marco Rubio ha reiterado que el objetivo final debería ser la celebración de elecciones democráticas. Entre ambas posiciones se ubica el subsecretario Michael Kozak, quien ha hablado de encontrar un punto medio que permita crear condiciones para una elección antes de que concluya el actual mandato presidencial estadounidense. Esto es, ni muy temprano ni muy tarde: probablemente en 2028.

Los próximos meses pondrán a prueba la capacidad de Dinorah Figuera para dotar de legitimidad a una negociación que hoy carece del respaldo de buena parte de la oposición. Esa legitimidad no vendrá de las declaraciones ni de las fotografías de las reuniones, sino de los resultados. Para muchos venezolanos, el diálogo solo tendrá sentido si produce cambios concretos: la renovación de las autoridades electorales, la restitución de derechos políticos y civiles, la recuperación de espacios para la libertad de expresión y de prensa, y una reforma del sistema judicial que permita reconstruir los contrapesos institucionales.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por su parte, han reiterado que regresarán a Venezuela. Pero si hace unos meses esa posibilidad parecía encajar naturalmente dentro de una estrategia de transición exprés mediante elecciones presidenciales, hoy no resulta claro cómo contribuiría a un proceso negociador que busca precisamente abrir espacios institucionales de manera escalonada y con un calendario electoral que empiece por renovar el parlamento antes de unas presidenciales. Entre los sectores más escépticos de la oposición predomina la sospecha de que el verdadero objetivo de Washington no es democratizar el país, sino estabilizarlo para facilitar negocios petroleros y mineros.

Las declaraciones recientes de Trump alientan esa percepción. Hace unos días afirmó que Chris Wright, su secretario de Energía, era quien gobernaba Venezuela. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro decidió flexibilizar controles sobre el gobierno venezolano para favorecer la estabilidad financiera, la recuperación económica y la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Para muchos opositores, estas señales reflejan la radical asimetría de poder entre ambos países.

Una persona cercana a González Urrutia y Machado, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, resume esa visión sin rodeos: “A Estados Unidos no le importa el resultado del diálogo. Quiere estabilidad para explotar recursos. Por eso alivia sanciones y mantiene a Delcy Rodríguez en el poder. El tutelaje es absoluto. Se trata de colonizar un estado fallido para extraer sus recursos ”.

Esa misma fuente advierte una creciente distancia entre Machado y sectores de la administración Trump, entre ellos Rubio. Otros observadores coinciden en que la decisión de mantenerse al margen de la negociación no ha sido bien recibida en Washington. Sin embargo, para figuras influyentes de los partidos Republicano y Demócrata, desde María Elvira Salazar y Bernie Moreno, hasta Tim Kaine, Machado sigue siendo la opción con mayor legitimidad para competir en una eventual elección presidencial.

Pese a estas tensiones, hay quienes creen que precisamente la influencia de Washington aumenta las posibilidades de que el proceso produzca resultados. Con la ventaja de quien conserva el control de las instituciones –y cuenta además con el aval de Estados Unidos–, el gobierno chavista ni siquiera ha revelado todavía los nombres de su equipo negociador.

¿Puede existir entonces una transición democrática cuando el verdadero centro de decisión está fuera de Venezuela? Sí, pero solo si el diálogo produce avances verificables y no se convierte en una simple operación de estabilización política para hacer negocios con los recursos estratégicos venezolanos, incluso si implica el levantamiento de sanciones que es la primera demanda del régimen. La legitimidad del proceso dependerá al final menos de quién lo impulse que de la capacidad de Figuera y su equipo para ofrecer un calendario electoral creíble, restituir los derechos políticos de partidos y candidatos y garantizar condiciones básicas de transparencia y competencia democrática.

Nada de ello será posible sin libertad de expresión y de prensa, ni sin una ciudadanía activa. Después de años de promesas incumplidas, la principal garantía de que la voluntad popular, truncada por la fuerza el 28 de julio de 2024, no vuelva a ser burlada será una sociedad movilizada, capaz de presionar simultáneamente al gobierno y a la oposición para que los acuerdos se traduzcan en hechos. El nuevo diálogo sigue siendo un viaje a lo desconocido. La diferencia es que, esta vez, el éxito o el fracaso dependerán de los cambios concretos que devuelvan a los venezolanos el control de su propio destino. Esa será la medida con la que serán juzgados Figuera y su equipo.

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Por: Eric Cortellessa

Delcy Rodríguez, the acting president of Venezuela, conducts the nation’s business out of the Miraflores Palace, a 19th century neoclassical mansion in the heart of Caracas. Gilded portraits of Simón Bolívar and Hugo Chávez gaze down on the ornate halls. Birds chirp in the manicured gardens. An unusually tight security detail shadows Rodríguez’s every step. The caution is understandable: Not long ago, the U.S. sent a Delta Force unit into her predecessor’s residence on a nearby military base to seize the man she had served for years.

The nation Rodríguez now governs is not the same country that existed before the raid that captured Maduro. Before his fall, Venezuela was in stark decline: riddled with corruption, teetering on economic collapse, and ruled by an authoritarian who the U.S. and independent international observers say stole his 2024 election. Hyperinflation had wiped out citizens’ savings. Oil production, the lifeblood of the economy, had plummeted after years of graft, underinvestment, and sanctions. Nearly 8 million Venezuelans had fled, fueling the largest migration crisis in the history of the western hemisphere. Rolling blackouts, water scarcity, crumbling hospitals, and shortages of food and medicine had become routine. Once among Latin America’s wealthiest nations, Venezuela had devolved into one of its poorest.

All this has come at a price. Under an arrangement overseen by Rubio, the U.S. has become deeply involved in Venezuelan state affairs. In an arrangement described to TIME by three senior U.S. and Venezuelan officials, the U.S. Secretary of State supervises the framework governing Venezuela’s oil revenues and public finances, effectively administering a joint fund that gives Washington influence over everything from how the country’s export earnings are allocated to the reopening of the energy sector to preferential treatment for American companies. Rubio and Rodríguez are in near daily contact through phone calls and WhatsApp messages, officials say. Rodríguez consults him on domestic appointments, including her selection of a Defense Minister, according to three officials familiar with the arrangement. “Basically, you have what they call the Rodrígato operating,” says James Story, a former U.S. ambassador to Venezuela under Presidents Trump and Biden, describing an arrangement in which Rodríguez’s government remains in power while carrying out Washington’s strategic priorities. “They are doing everything that we ask them to do.”

Washington and Caracas now cooperate on intelligence and counternarcotics operations too. In June, the partnership resulted in the killing of Niño Guerrero, the leader of the transnational criminal organization Tren de Aragua, at his compound in Venezuela’s Bolívar state. Rodríguez says Venezuela supplied the intelligence that located Guerrero and deployed forces on the ground, enabling the U.S. airstrike. “The important thing is that there are opportunities for joint cooperation,” she tells me. “Against drug trafficking, for example, and against transnational organized crime. That is very important to us.” Thousands of political detainees have been released under an amnesty framework encouraged by the U.S., while negotiators continue hammering out dozens of additional economic agreements.

Venezuela has become a case study of Trump’s ability to reshape the world in pursuit of his own priorities, unbound by the diplomatic conventions that restrained his predecessors. He launched an extralegal campaign of force and coercion, beginning with strikes on suspected drug-smuggling boats and culminating in the capture of a sitting head of state, who was brought to the U.S. to face drug and weapons charges. Maduro is now in a federal jail in New York City, replaced by a subservient successor the Trump Administration believed would comply with American interests while preserving stability in Caracas.

Small and slender, dressed in tailored suits and oversize glasses, Rodríguez projects the demeanor of a technocrat rather than a firebrand. Cooperation with the U.S. has allowed her to consolidate power during a period of tremendous upheaval. The bargain is as brazen as it is fragile, and the leverage runs both ways. Over two decades, Rodríguez established herself as one of Chavismo’s indispensable figures. There is no guarantee another leader could sustain such an arrangement—or would choose to align Venezuela with Washington rather than Beijing or Moscow.

For Rodríguez, the role requires a delicate balancing act. Few Venezuelans mourn Maduro’s departure after years of oppression and economic collapse. But relief at his ouster has not translated into enthusiasm for his successor. To many, she is more sellout than savior. But her future rests less on public affection than on her ability to satisfy Trump’s demands, and to convince citizens that becoming a client state of a despised foreign power is in the national interest.

When a major earthquake struck Caracas in June, killing more than 5,000 people and causing an estimated $6.7 billion in damages, the new relationship with Washington produced dividends. The State Department assembled a $300 million reconstruction package, and the U.S. Southern Command provided military support for the relief effort. An aide to Rodríguez points to moments like that as proof that the bargain can be a boon, even as Venezuelans criticized her for taking too long to address the catastrophe publicly, waiting eight days before holding a press conference.

Whether the arrangement will ultimately improve the lives of ordinary Venezuelans or merely enrich a privileged elite remains unclear. Rodríguez has taken few steps to institute democratic reforms. “Millions of Venezuelans that want to come back are only going to do it if they are certain that their rights will be respected,” says María Corina Machado, the opposition leader who won the 2025 Nobel Peace Prize for promoting democratic rights in Venezuela and now lives in exile. To Machado, who was barred from running in Venezuela’s most recent elections, Rodríguez has capitulated to Washington in pursuit of power and self-preservation. “She’s willing to give away anything she’s asked for—anything,” Machado says. “That’s the way those that have committed crimes reason.”

Rodríguez rejects the criticism. “I try to ensure that another country’s domestic policy does not affect Venezuela,” Rodríguez tells me. “I hope that Venezuela does not become a pawn in any other country’s political agenda.”

As we sit in a room of polished marble and gold leaf, Rodríguez recounts the chain of events that propelled her to power with the soft, measured cadence of someone accustomed to exercising authority without raising her voice. On Jan. 2, she recalls, she met with Maduro to discuss Venezuela’s economic plans and the ongoing naval blockade the U.S. had imposed since December. Afterward, she flew to Margarita Island, the Caribbean resort off Venezuela’s northern coast, where her brother and nephews were vacationing. She arrived around 11 p.m., only a few hours before the frantic phone calls began.

In the early hours of the morning, U.S. military units infiltrated Maduro’s compound inside the Fort Tiuna military complex as he slept. They found him in his pajamas, arrested him, and whisked him and his wife out of the country. “We went through a moment of great anguish when we thought they had killed the President and the First Lady,” Rodríguez tells me. “Then we learned they were taking him to the United States. That changed the situation completely.”

One of Rodríguez’s first calls was to an unlikely figure: Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar, with whom she had cultivated a relationship. “‘Now the responsibility rests on your shoulders,’” Rodríguez recalls him saying. “‘You have a responsibility to preserve Venezuela.’”

According to Rodríguez and U.S. officials, Qatari officials helped arrange a conference call between her and Rubio on the afternoon of Jan. 3. “Is Maduro alive?” she asked. Rubio assured her he was; to prove it, U.S. officials sent photographs of him in a jumpsuit aboard a helicopter en route to New York. The Secretary of State then delivered an ultimatum: meet U.S. demands or face continued military pressure. Rodríguez agreed. An aide says she saw no viable alternative. “If I’m completely honest,” Rodríguez tells me, “we never thought the capital of the country would be attacked, much less imagined what happened to the President and the First Lady.”

She spoke to Trump for the first time the following morning. “We discussed how diplomatic relations between Venezuela and the United States could be established and what areas of common interest might be identified,” Rodríguez says. Trump wanted access to Venezuela’s vast oil reserves, seeing them as a way to increase global supply, lower energy prices, and strengthen the U.S. economy ahead of the midterm elections. But he delegated the logistics to Rubio, the son of Cuban immigrants, for whom uprooting leftist regimes in Latin America is a long-standing priority. As Secretary of State, he suddenly had an opportunity to pursue that ambition.

Under the agreement, the U.S. would receive the proceeds from most Venezuelan oil exports and then disburse the money back through Venezuela’s banking system. The structure, one senior U.S. official explains, would function like an escrow account: Washington would release funds only as Caracas met agreed-upon conditions. By controlling the flow of revenue, the U.S. would gain leverage over how the money was spent while limiting corruption and the influence of rival foreign powers. In return, Rodríguez would remain President, buoyed by an influx of American investment and the economic benefits of renewed integration. The Trump Administration saw it as a straightforward trade-off: political stability in exchange for economic oversight, energy access, and the strategic realignment of one of the world’s most resource-rich countries.

One morning a few weeks later, Rodríguez received an unexpected call from Rubio. “I’m putting you on the line with someone who wants to say hello,” Rubio told her. It was Trump. According to Rodríguez, the President told her he was pleased with her cooperation following the Maduro extraction. As a reward, he said, the U.S. would restore commercial flights to Venezuela. By April, American Airlines resumed service between Miami and Caracas. In May, United Airlines launched flights from Houston.

Trump’s fixation on Venezuela had grown since his return to office. He dispatched Rubio to El Salvador to broker an unprecedented agreement with President Nayib Bukele. As part of Trump’s mass-deportation campaign, the U.S. transferred hundreds of detained Venezuelan migrants to El Salvador’s notorious CECOT prison, drawing fierce criticism from human-rights groups and immigration advocates. Trump justified the move by saying the migrants were members of Tren de Aragua, the Venezuelan gang he portrayed as the embodiment of the border crisis.

The situation intensified when intelligence reports allegedly indicated vessels departing Venezuela were transporting drugs toward the U.S., Administration officials say. Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth pressed Trump to respond with a campaign of military strikes against the alleged drug-smuggling boats, according to two senior White House officials. Trump authorized the strikes, hoping military pressure would compel Maduro to dismantle trafficking networks, crack down on criminal gangs, and open Venezuela’s vast oil sector to American investment. When Maduro was captured, U.S. boat strikes had killed more than 100 people over the course of 10 months, according to Just Security; as of June 21, the number of deaths has more than doubled, with 215 killed in 66 strikes. Many legal experts argue that the strikes on suspected Venezuelan drug-trafficking vessels violated both international law and the limits of presidential war powers under the U.S. Constitution. “One state is only really supposed to use force against another state when that other state has committed an armed attack against it or threatened imminent armed attack against it,” says Scott Anderson, a former State Department official and national-security law expert at the Brookings Institution.

But while Trump saw a chance to secure access to Venezuela’s oil reserves, Rubio saw an opportunity to remake the balance of power in the western hemisphere. Deputy White House Chief of Staff Stephen Miller soon joined the effort. Increasingly eager to expand his portfolio beyond immigration into national security, he viewed Venezuela as the point where those issues converged. Miller argued limited military pressure would never change Maduro’s calculus, a senior White House official tells TIME. He pushed for a more aggressive approach. (Miller declined to comment for this story.)

As Rubio, Miller, and their advisers continued briefing the President on the boat strikes, they emphasized Venezuela’s growing importance as a platform for American adversaries, including Cuba, Russia, and China, which had deepened their foothold through oil, military and intelligence cooperation, and economic support. “The type of influence that existed in that country is incompatible with U.S. interests,” a State Department official says. Senior U.S. officials were determined to change Maduro’s behavior—or remove him from power. “Our objective was simple: persuade Maduro to sever those relationships,” the State Department official adds. “He was unwilling to do that.”

According to the State Department official, the Administration persuaded Turkey to offer Maduro safe harbor if he agreed to leave Venezuela peacefully. He refused. “The inflection point was in December, when we sent him an offer via the Turks, and the offer basically was, if you leave the country permanently to Turkey or some other acceptable place, we’ll leave you alone, but you’ve got to leave the country,” another State Department official says. “He basically ignored it. He had multiple off-ramps where he could have left and lived happily ever after somewhere else, giving us the opportunity to work with someone else inside the government to make those changes. Instead, he posted silly videos of himself dancing and singing.”

That “someone else,” Rubio believed, was Delcy Rodríguez.

 Rodríguez was born into one of Venezuela’s most politically committed left-wing families. Her father, Jorge Antonio Rodríguez, was a student leader of the Revolutionary Left Movement. He was arrested, tortured, and killed by government security forces in 1976, when she was just 7 years old. His death became a defining event in her life. Alongside her older brother, Jorge Rodríguez—who heads the National Assembly—she was raised in the ideology of the Venezuelan left. Trained as a lawyer, she followed in her father’s footsteps, rising through Chávez’s government before becoming one of Maduro’s closest confidants. She served as Venezuela’s Foreign Minister, in role in which she became one of the regime’s most combative international defenders, denouncing U.S. sanctions while strengthening ties with Russia, China, Iran, and Cuba. In 2018, Maduro elevated her to the vice presidency.

But international diplomats viewed Rodríguez as a technocrat rather than an ideological hard-liner. “She was seen as a more pragmatic figure,” says Christopher Hernandez-Roy, a Latin America expert at the Center for Strategic and International Studies. “They picked her with a gun to her head, but she seemed to understand the country’s economics, and she had long been deeply involved in its oil sector. That’s obviously one of the Administration’s highest priorities—the recovery of Venezuela’s oil industry.” Rodríguez had long advocated for greater economic openness. She had also been responsible for attracting foreign investment and rebuilding relationships with international energy companies. According to multiple officials, Rubio concluded that Rodríguez was a realist with a grip on the levers of government, and who would be willing to meet Washington’s demands.

Rodríguez argues the relationship has already reaped benefits for the country. During the Maduro years, Chevron had been the only major U.S. oil company to maintain a significant presence. Now it may be joined by ExxonMobil, ConocoPhillips, and Halliburton. U.S. Interior Secretary Doug Burgum and Energy Secretary Chris Wright are negotiating more than 30 agreements that would give American firms a foothold in Venezuela’s energy sector. “The most important thing is that companies from the United States are returning and arriving,” Rodríguez says.

The shift reflects the carrot Trump has dangled: renewed access to American capital and global markets. The bet is that economic integration can induce geo-political alignment after decades of Chavista rule. It’s not yet clear, though, how much of this influx of capital has reached ordinary Venezuelans. Reliable polling remains scarce under the country’s authoritarian system. Venezuelans celebrated Maduro’s removal in large numbers, but many remain wary of Rodríguez, viewing her as someone who abandoned the cause to which she had devoted her political career. “The Venezuelan people don’t miss Maduro, right?” an aide to Rubio tells TIME. “They fully recognize that he was a bad actor and a destabilizing influence. The oil was tremendously valuable to the people of Venezuela. It was stolen by very corrupt elites and used to pay off massive debts to China, Cuba, and others. No more.”

To some Venezuelans, however, Rodríguez is a new face for the same regime. She spent years helping administer a government accused by international investigators of widespread human-rights abuses, including arbitrary detention, torture, and extrajudicial killings. “She was part of a regime that systematically violated human rights,” says Diego Area, an expert on Venezuelan politics at the Atlantic Council. “She comes from normalizing practices that are considered crimes against humanity.”

For all the changes under way in Venezuela, the biggest one—a transition to genuine democracy—still appears distant. Rubio sees it as part of his mission to rid Latin America of its remaining socialist autocracies and lay the groundwork for Venezuela to one day hold a legitimate election and complete a democratic transition, according to a State Department official. At his behest, Rodríguez’s government enacted an amnesty law in February covering political violence from Chávez’s rise in 1999 through the present. (The law includes those accused of participating in the 2002 coup attempt against Chávez and individuals implicated in violent unrest in 2014 and 2017.) Venezuelan authorities say roughly 9,000 detainees have been released since the passage of the amnesty law. Rodríguez says she is prepared to have the process independently reviewed. During our interview, she says she has asked the U.N. Human Rights Office to audit the releases, arguing that outside scrutiny will confirm the government’s compliance with its commitments.

But there are few signs that Venezuela is moving quickly toward free and fair elections. “Trump’s not focused on democracy building,” says Story, the former ambassador to Caracas. “If anything goes bad, it increases instability and further erodes the chance of companies coming in and making investments. That’s the fear.”

Rodríguez expresses little urgency either. “Venezuela will hold elections when it is ready,” she tells me. “There are extremist groups that called for military aggression against Venezuela, and the Venezuelan people—especially those who experienced the attack firsthand—feel a great deal of fear,” she says, referring to the country’s competing power centers and the persistent risk of political violence.

But when will that moment come? What conditions must exist before Venezuela holds open elections? “I feel that moment will come when all of the country’s political actors reach an understanding and we can tell the nation that we, as politicians, are ready,” she says, skirting the question. Rodríguez says she would welcome international election observers, provided they respected Venezuela’s sovereignty.

When I ask whether she intends to run for President herself, she pauses. “I don’t know,” she says.

Then I ask the question that hangs over every discussion of Venezuela’s future: Would Rodríguez allow Machado to return and compete? Rodríguez sidesteps it. “We have to move on to a new political era,” she says.

“So the answer is no?”

“My answer isn’t no,” she replies. “My answer is that there will be a political moment when coexistence and peaceful coexistence will be possible.”

The answer doesn’t mollify Machado. “I understand the U.S. government decided to start with the process of stability, but in order to make that sustainable, you certainly need legitimacy,” she says. “They fear an election because they fear the people, they fear popular sovereignty. They know what the Venezuelan people desperately desired.” Rodríguez’s halting response to the tragic earthquake, Machado adds, “exposed the true nature of the regime: its lack of humanity, its display of infinite corruption and incompetence.”

For Rodríguez, everything comes back to survival. “She needs to follow the guidance of the U.S. government, which at some point will include renewing democratic institutions and rules,” says Area. “She will do it not because of her democratic commitment, but as a means to achieve her political objectives.”

That would be not simply surviving politically, but creating conditions under which she—and perhaps Chavismo itself—can survive after power. She wants guarantees that she—a woman whose father was killed by the state—can remain in Venezuela without fearing imprisonment or retribution from a future government. “That’s what survival means for her,” Area says. “To make it so the system will be stable and able to govern itself, which will potentially include her being able to participate in the new Venezuela. It’s about survival.”

For now, Rodriguez is keen on reintegrating the nation into global markets: diversifying the economy, attracting long-term foreign investment, and ensuring that Venezuela’s prosperity no longer depends on a single commodity. The day before our interview, executives from General Electric sat across from Rodríguez discussing ways to modernize Venezuela’s aging electrical grid.
(General Electric did not respond to a request for comment.)

Whether these ambitions survive Trump’s presidency remains uncertain. Current U.S. foreign policy is animated by the application of leverage, economic incentives, coercion, and transactional dealmaking to draw former adversaries into America’s orbit. Venezuela’s future will depend not only on Rodríguez’s ability to manage the relationship with her current counterparts, but also on whether Trump’s successor embraces the strategy or chooses another path.

As our interview comes to an end, we wander through the sunlit gardens of the palace. I tell Rodríguez I’m flying home the next day, connecting through Miami on one of the newly restored commercial routes. She smiles. Pretty soon, she says, I can skip the layover. “Maybe next time,” she says, “fly from Washington to Caracas.” —With reporting by Leslie Dickstein

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Publicado en: El País

Por: Alberto Barrera Tyszka

Donald Trump conoce muy poco Venezuela. Sabe, según él mismo repite, que es un país con mucho petróleo y con varias Miss Universo. Lo demás no parece importarle ni interesarle demasiado. Sin embargo, él y Marcos Rubio podrían ser percibidos en este momento como los grandes normalizadores de la dictadura venezolana. Aquellos que vivieron la “extracción” de Nicolás Maduro y de Cilia Flores como una liberación, como el inicio del ansiado cambio político en el país, quizás ahora se sienten decepcionados o patrióticamente confundidos ¿Cuándo y cómo se deshizo el narcoestado? ¿En qué curva de esta historia se difuminó de pronto el Tren de Aragua? ¿Cómo es que los salvadores de la patria parecen ser ahora los nuevos socios de la tiranía?

Trump acaba de asegurar que Venezuela todavía no está preparada para realizar unas elecciones. Y lo dice justo cuando se cumplen dos años de una acción ciudadana tan inusitada como épica: una organización civil que involucró a cientos de miles de personas y que logró desenmascarar el fraude electoral del 28 de julio del 2024. Este movimiento, conocido como 600K, fue lo que realmente desnudó la verdad oficial y demostró que Edmundo González Urrutia había ganado la contienda electoral. A todos los venezolanos que votamos, a todos los que de manera voluntaria se quedaron vigilando en los centros electorales, a todos los que se comprometieron y se arriesgaron a fotografiar las actas y transmitirlas, a todos los que las digitalizaron y las enviaron a un espacio seguro… Donald Trump nos dice ahora que no sabemos nada, que no estamos listos, que todavía no.

Es un retrato perfecto de lo que ha pasado en estos meses, del país que vamos siendo: la famosa transición que promete el Gobierno de Estados Unidos se desarrolla sin la gente, sin la participación y sin la auditoría de la sociedad civil. Es un proceso donde se ha excluido al pueblo.

El 6 de diciembre de 1998, tras conocerse los resultados de las elecciones realizadas ese día, un victorioso Hugo Chávez Frías se subió a una tarima para dirigirse a una multitud que lo acompañaba en la ciudad de Caracas. “Por fin la revolución se hizo gobierno”, fueron sus primeras palabras. Esa apelación a uno de los mitos más manoseados del siglo XX latinoamericano fue el comienzo a un proyecto que —detrás de los discursos aguerridos y de las consignas grandilocuentes— se dedicó a saquear salvajemente al país. Ahora ya no hay dudas: la autodenominada Revolución Bolivariana y su tan promocionado “socialismo del siglo XXI” sólo fue una trágica borrachera en tiempos de bonanza petrolera. Mientras denunciaban al imperialismo norteamericano y alzaban la voz por los pobres de la tierra, se hacían millonarios, robándose todo lo que podían. Quebraron al país, destruyeron el Estado y las instituciones, se aliaron con el crimen organizado, militarizaron la sociedad y convirtieron la represión y la censura en su forma de hacer política.

La descomunal paliza electoral de 2024 fue una señal que el oficialismo no supo leer. Maduro y su círculo íntimo, donde estaban los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, decidieron imponerse. Decretaron una victoria insostenible y desataron una persecución brutal sobre la población. Ni siquiera Lula, Petro o López Obrador salieron a defenderlos. Sin embargo, en la madrugada del 3 de enero, cuando los gringos se llevaron a Maduro y su esposa, nadie pareció asombrarse ni indignarse demasiado. De pronto, la revolución se evaporó. Como por arte de magia. Como un espectáculo que se derrumba. En un tris.

De un día para otro, aquellos que vociferaban en contra de los “yanquis de mierda”, aparecían en la televisión de lo más sonreídos, departiendo en inglés con los representantes de Estados Unidos y conversando tranquilamente sobre el futuro de la nación. La ideología, la soberanía, la izquierda o la derecha, parecían de pronto palabras de otro tiempo, difusas, descolgadas. El liderazgo oficialista comenzó entonces a hablar como si todo lo ocurrido sólo fuera un error menor, como si ellos también hubieran sido víctimas de las circunstancias. Ahora, bajo la tutela de los gringos, el país solo necesita olvidar el pasado y mirar hacia adelante con nuevos ojos. Bye bye, Chávez. Welcome, Míster Trump.

Llegué a Caracas unos días antes del 1 de mayo. En el centro de la ciudad, había una manifestación que buscaba presionar al gobierno para conseguir un aumento sustancial de salarios. Al ver que los policías y los soldados no los dejaban avanzar, los dirigentes sindicales anunciaron una nueva marcha para los próximos días, esta vez con destino a la embajada de Estados Unidos. La imagen emblematizaba nítidamente el fin del chavismo: ahora la clase obrera acude al imperialismo para lograr que el gobierno revolucionario pague sueldos justos. La imagen de Chávez, en la cumbre de Puerto España, regalándole a Obama Las venas abiertas de América Latina es un poster antiguo y ridículo. Un adorno pasado de moda.

El oficialismo ha saltado de un ferviente antiimperialismo a una casi jubilosa aceptación del tutelaje norteamericano. Trump dice lo que sea y los miembros del antiguo Alto Mando Político de la Revolución asienten dócilmente, de inmediato. Es probable que no les parezca difícil. Tienen el entrenamiento adecuado. Pasaron años al servicio de Chávez, un hombre con un liderazgo bastante similar al de Trump. Narcisistas y autoritarios. Improvisados y mediáticos. Quizás también para el presidente norteamericano, lo que más conviene a sus intereses es, precisamente, mantener la estructura de poder tal cual está. Ya tiene una obediencia garantizada. No hace más que repetir que Delcy es fantástica y que su gobierno está sacando mucho petróleo del país. Por ahora, lo único claro que hay entre ambos es la opacidad.

El Gobierno de Estados Unidos y el Gabinete de Nicolás Maduro son quienes deciden y llevan adelante este proceso que, por donde quiera que se vea, requiere de muchísima más transparencia. No existe, por ejemplo, ninguna información precisa sobre la exportación petrolera y la manera en que, supuestamente, han regresado y se distribuyen los recursos en el país. Otro ejemplo: gran parte del sistema represivo continúa intacto y todavía permanecen detenidos 368 presos políticos. Por no hablar de la manera en que, con una particular complicidad, la dictadura y el Gobierno norteamericano han decretado que quien represente a la oposición sea una parlamentaria elegida en 2015, desconociendo nuevamente la voluntad popular que se expresó en las elecciones del 2024. Que María Corina Machado necesite del permiso de Donald Trump y/o de Delcy Rodríguez para poder estar en el país es otra muestra de que esto que —por facilidad— llamamos la transición es un camino turbio y raro, que nadie sabe muy bien a dónde nos conduce.

Los venezolanos somos expertos en los protocolos y en las maniobras de esta exrevolución. El chavismo siempre ha sabido usar muy bien el tiempo como arma política. Mientras no existan señales más claras y contundentes, mientras la sociedad civil no participe de manera protagónica en este proceso, será muy difícil creer que realmente hay un cambio en Venezuela. La democracia, mientras tanto, sólo es un espejismo.

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Publicado en: El País

Por: Irene Vallejo

Las celebridades nos persiguen, nos asedian, nos acosan con ubicuidad, alevosía y cháchara motivadora. Se diría que viven obsesionadas por nuestra mirada. Su presencia es insistente, acechante, indiscutible, sin réplica. Te asaltan en la sala de espera del dentista, en la peluquería, en los informativos, en la parada de autobús, en una inofensiva charla de ascensor. Sin querer, sin importarte, sin pretenderlo, averiguas sus peripecias, sus cumbres y sus derrumbes. Recuerdo que, siendo aún niña, mientras atravesaba la ría de Vigo en un barco de línea regular con mi pelo corto alborotado por un viento ensordecedor, la televisión retransmitía una boda principesca. Me parece estar viendo aquella pequeña pantalla parpadeante y muda. Con tres años, contemplaba boquiabierta los metros de cola de un vestido interminable —más larga que la estela de espuma del ferry que me llevaba a bordo—. Fue la primera aparición, palpitante y tersa, de lo irreal.

En su raíz latina, la palabra “célebre” significaba “concurrido, abarrotado”, antónimo de desertus. Compartía raíz con celer, de donde viene nuestra “aceleración”. Los famosos activan un veloz hervidero de pasiones, el centrifugado del fisgoneo. Ya en tiempos remotos la mitología se nutría de dramas aristocráticos: fiestas fastuosas, caídas en desgracia, frivolidades e infidelidades, reputaciones dudosas y crónica rosa. Los primeros arquetipos de celebridades globales fueron Aquiles y Helena.

Cuenta la leyenda que Aquiles afrontó una decisión radical sobre la fama. Pudo elegir una existencia larga y oscura, como heredero del trono de su padre, reinando en paz, rodeado de sus hijos y nietos, sin dejar eco en la posteridad. Según las profecías, si participaba en la guerra de Troya, sus hazañas perdurarían en los cantos heroicos, pero moriría en el esplendor de la juventud. Aquiles quiso sacrificarlo todo por los fulgores del renombre. Escogió una muerte gloriosa y la tuvo. Terminada la guerra, Odiseo visitó fugazmente el mundo de los muertos, donde reencontró a su antiguo compañero de armas: “No debe apenarte estar muerto, porque allá arriba los hombres honran tu memoria”. Pero Aquiles, repentinamente enamorado de la vida, contesta: “Preferiría ser labrador en tierra ajena antes que reinar sobre todos los muertos. ¡Ay, si pudiera volver bajo el sol!“. Desde las sombras, el legendario Aquiles envidia las vidas corrientes, anónimas y apacibles.

Bien sabían los poetas épicos del pasado que a nosotros, su audiencia, nos encanta el chismorreo, pero todavía más moralizar sobre los melodramas humanos y divinos. En la mitología griega los inmortales son muy entretenidos: caprichosos, frívolos y pendencieros. Un grupo de deidades con comportamientos bufonescos decide los destinos humanos. Cuenta la leyenda que un certamen de belleza entre concursantes corruptas desencadenó la guerra de Troya. Tetis y Peleo, futuros padres de Aquiles, celebraron en el Olimpo la boda más esperada de la era pagana. Pero, ay, olvidaron invitar a Eris, diosa de la discordia, que tomó venganza arrojando en medio del baile una manzana de oro “para la más bella”. Hera, Atenea y Afrodita la reclamaron. Las tres querían ser la primera reina de la belleza documentada, así que exhibieron sus encantos ante el príncipe troyano Paris, único jurado. A escondidas, ofrecieron regalos a cambio de su voto —el soborno, divino tesoro—. Hera le prometió que dominaría Asia y Europa; Atenea, sabiduría infinita; Afrodita, el amor de Helena, esposa del rey de Esparta, la mujer mortal más hermosa del mundo. Paris, que tenía claras sus prioridades, eligió seducir a la más bella. De aquel juego sucio en las cloacas de miss Olimpo nació el amorío que, según la tradición, desató la masacre entre griegos y troyanos.

Si hacemos caso a Guy Debord en La sociedad del espectáculo, los realities, el pavoneo en bodas tumultuosas, los chanchullos por todo lo alto y los líderes pueriles han ido a más con el paso de los milenios. Como escribió en su célebre ensayo, el espectáculo ha devenido en estructura profunda de nuestro mundo. Es el sol que nunca se pone en el imperio de la pasividad moderna. El autorretrato del poder, que prefiere la copia al original y se guía por la representación antes que por la realidad. El monólogo autoelogioso que el orden actual mantiene acerca de sí mismo. Su falaz paraíso.

La Roma clásica dominó el arte de los espectáculos de masas con fines políticos. Es difícil igualar sus trepidantes carreras hípicas, sus luchas de gladiadores y naumaquias. El poeta satírico Juvenal acuñó la expresión “pan y circo” para denunciar ese cinismo imperial que ofrecía alimentos gratuitos y juegos grandiosos al pueblo, y así lo mantenía entretenido y apaciguado. La parte del pan se refería al reparto mensual de una ración de cereales entre las familias pobres: en tiempos de Augusto, casi un cuarto de la población de la capital se benefició de esta medida. Hoy, gobernantes nostálgicos de viejos imperios dispensan ración cotidiana de circo, pero nos dejan sin pan. El público mira hipnotizado la farsa del poder mientras magnates —y mangantes—encarecen los precios con sus aventuras bélicas, recortan la sanidad pública, eliminan programas de alimentos y traman rebajas en bajas laborales y pensiones. Jerarcas adictos al espectáculo invitan a sus seguidores a invertir en criptodivisas, negocios familiares y otras estafas piramidales; y, mientras ellos multiplican sus fortunas, incautos desplumados aplauden a rabiar la sagacidad de sus amados líderes. Según Oscar Wilde, dadme lo superfluo, que lo necesario es una vulgaridad. Como súbditos, no tenemos precio: la ciudadanía romana, al menos, sabía lo que valía el pan.

En El rugido de nuestro tiempo, Carlos Granés interpreta que hemos invertido los términos: la política debería ser aburrida y el arte provocador. Los líderes macarras transgresores se disfrutan más en una serie que en una legislatura. Las ficciones podrían saciar nuestro apetito de despropósitos. En el pasado, tras las escenificaciones fascinantes, la realidad siempre fue más banal. Nadie atacó la amurallada Troya por una mujer, sino por un estrecho. No fue un conflicto pasional, sino comercial. La ciudad estaba situada estratégicamente en la entrada de los Dardanelos. Controlar ese acceso permitía a sus gobernantes dominar las rutas de navegación hacia el mar Negro y cobrar lucrativos peajes. En la partitura de la historia, el bajo continuo siempre evoca codicia.

Eurípides denunció en una de sus tragedias los motivos inventados para justificar la guerra. La propia Helena confiesa que jamás estuvo allí: “No fui a tierra troyana, un fantasma era”. Y le replican: “¿Qué dices? ¿Por una nube entonces sufrimos tanto?“. Siglos después, otro griego, Georges Seferis, dedicó un poema a los hechos bélicos alternativos: ”Diez años nos degollamos por Helena. Los ríos se hinchaban con el barro, con la sangre». En los versos finales se pregunta si la humanidad volverá a creer el viejo engaño, si después de los siglos escucharemos de nuevo a mensajeros llegados para contar “que tanto dolor, tanta vida se fueron al abismo por una túnica vacía, por una Helena”. En la leyenda troyana hasta las celebridades son tramoya: Aquiles se arrepiente y Helena fue tan solo un vacío, un bulo. Eurípides y Seferis sabían que las pasiones bélicas se enardecen con cuentos. Antiguamente, aedos y trovadores daban voz a esas ficciones, pero hoy los juglares se sientan en el trono. La historia y la mitología enseñan: cuídate de las guerras donde triunfan el espectáculo y los especuladores.

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Publicado en: La Nación

Por: Andrés Oppenheimer

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Publicado en: The New York Times

Por: Anatoly Kurmanaev

Fotografías: Adriana Loureiro Fernandez

Conocí a Jacqueline Zúñiga en la ciudad portuaria de La Guaira, justo cuando Venezuela empezaba a sumirse en una crisis económica de la que nunca ha salido.

Era 2014 y yo acababa de mudarme a Venezuela como reportero novato. Quería saber cómo reaccionaba la base del Partido Socialista en el poder ante el colapso, y leí en internet sobre el trabajo de Zúñiga.

Zúñiga, que siempre ha creído en las causas sociales, dirigía un proyecto de derechos de las mujeres en La Guaira, uno de los miles de los llamados “movimientos sociales” que servían de base a la pirámide de poder del gobierno.

Zúñiga acababa de conseguir decenas de apartamentos para su grupo en unas nuevas torres de viviendas construidas por el gobierno en el este de La Guaira, una franja estrecha y destartalada de concreto entre las montañas costeras de Venezuela y el mar Caribe.

Zúñiga, que ahora tiene 52 años y algunas canas, había conocido a muchas de las víctimas del terremoto a lo largo de sus tres décadas de activismo social en un pequeño estado donde todo el mundo parece conocerse. Mientras manejábamos por la ciudad destruida, el paisaje le traía a la mente un montón de recuerdos.

Mencionó a amigos cercanos, vecinos y conocidos lejanos. Habló de gente con la que se cruzaba a menudo en panaderías, bancos y mercados. Había enemigos políticos, gente con la que había competido por los recursos cada vez más escasos de un Estado en bancarrota.

Todos estaban muertos o desaparecidos.

La destrucción física de La Guaira se produjo tras el desmoronamiento del proyecto político al que Zúñiga ha dedicado su vida. Cuando nos conocimos, Hugo Chávez había fallecido el año anterior. La revolución socialista que él proclamó tras convertirse en presidente de Venezuela en 1999 ya estaba en declive.

El modelo económico de Venezuela, basado en el control de precios y divisas e inspirado en el sistema estatal cubano, se derrumbó como un castillo de naipes cuando los precios del petróleo se desplomaron en 2014. La corrupción y la incompetencia del gobierno de Chávez se hicieron evidentes cuando terminó la bonanza petrolera.

Venezuela, que en su día fue el mayor exportador de petróleo del mundo, perdió la mayor parte de su producción económica y, a lo largo de la década siguiente, millones de venezolanos —hasta uno de cada seis— se dispersaron por todo el mundo.

La incursión estadounidense de enero, que derrocó al sucesor elegido a dedo por Chávez, Nicolás Maduro, fue el epílogo de un experimento socialista que, el año pasado, ya existía en gran medida solo en papel. El partido socialista sigue en el poder, pero está bajo el control del gobierno de Donald Trump, que se concentra en exportar los recursos venezolanos a Estados Unidos.

Durante la última década, el grupo de Zúñiga intentó mantener sus iniciativas sociales. Sus miembros crearon talleres de ebanistería y proyectos de turismo y de agricultura urbana, todos ellos con el objetivo de empoderar a las mujeres de clase trabajadora.

La mayoría de estas iniciativas fracasaron.

A medida que se agravaba la crisis económica de Venezuela, Zúñiga y su grupo se vieron envueltos en disputas cada vez más intensas con facciones rivales del partido gobernante por los beneficios cada vez más escasos del sistema clientelar del gobierno. Ella cayó en desgracia con las autoridades actuales de La Guaira.

Algunos de esos enfrentamientos políticos fueron duros, con desahucios y redadas policiales. Otros fueron tragicómicos. Una amiga de Zúñiga, Joanna Corro, contó cómo, una vez, su grupo secuestró brevemente a un funcionario de vivienda para conseguir una mayor cuota de apartamentos.

Estas eran algunas de las mismas viviendas que Zúñiga y yo visitamos en 2014, poco después de que los primeros vecinos se mudaran desde los barrios marginales cercanos. Estos edificios se conocen como OPPPE, una abreviatura que refleja la complejidad de la burocracia venezolana. Significaba Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, aunque pocos residentes lo sabían.

Muchos habían sido víctimas de los deslaves repentinos de 1999 que arrasaron sus antiguos hogares en los barrios marginales de las laderas de La Guaira, un desastre que quienes vivían ahí llaman simplemente “la tragedia”.

En total, Zúñiga calculaba que 120 de los aproximadamente 600 miembros de su grupo activista, el Movimiento de Mujeres José María España, habían recibido viviendas sociales en La Guaira. Vivían allí con sus hijos y, a veces, con otros familiares.

Para la mayoría de las familias, que habían vivido en casas que ellas mismas construyeron, los departamentos fueron su primera vivienda formal. Cuando los visité en 2014, unos dos años después de su construcción, la pintura ya se estaba descascarillando por el calor tropical, y el enlucido de las paredes o bien no existía o era de pésima calidad y solo funcionaban algunos de los ascensores.

Pero los apartamentos tenían agua corriente, inodoros con cisterna, lavadoras, conductos de basura y aire acondicionado. El gobierno los regaló; no cobraba alquiler.

La vivienda gratuita era la guinda de un extenso sistema clientelar que ha ayudado a mantener al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder durante casi tres décadas.

Corro enumeró las ventajas: “Autos, apartamentos, comida, televisoras, créditos, útiles escolares”.

“Todo, de todo, de todo”, añadió.

Le pregunté a Zúñiga si las décadas que había pasado haciendo campaña por las consignas antimperialistas y socialistas de Chávez habían valido la pena.

“Chávez tuvo la mejor intención del mundo, pero faltó formación”, dijo. “Tuvimos la oportunidad de hacer cosas muy bonitas. A tantas mujeres les dimos tranquilidad, oportunidad, visibilidad”.

Desde los terremotos, Jacqueline duerme en un puesto de un mercado al aire libre en el centro de La Guaira. Ha acondicionado el puesto con un colchón, unas cortinas improvisadas y un ventilador eléctrico. Por la noche, cierra con llave la puerta del mercado para estar segura.

El mercado forma parte de la iniciativa de distribución de alimentos que Zúñiga ha impulsado desde hace varios años, y que permite a los vecinos de La Guaira comprar productos frescos directamente a los agricultores de la región. Los agricultores con los que ha entablado amistad a lo largo de los años le han dado a Zúñiga un lugar donde dormir, comida y un pago modesto por ayudar a atender a clientes.

Ha convertido un comedor comunitario que fundó cerca de su casa en un centro de distribución de ayuda y en un refugio temporal para niños que han perdido sus hogares o a sus familiares en el terremoto. Dijo que está deprimida, pero que se obliga a ir porque la gente tiene hambre y necesita ayuda. “Yo lloro un ratito y me levanto”, dijo en su habitación improvisada.

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Publicado en: ABC

Por: Karina Sainz Borgo

Hay posiciones en las que cualquier movimiento empeora la situación. En ajedrez existe una modalidad de juego cuya única función es obligar al rival a hacer un movimiento que le perjudique: cambios tan inesperados que los adversarios sientan que deben responder, aunque tenga costes. En un tablero global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace lo que un jugador extremo: aumenta deliberadamente la incertidumbre para que los demás dediquen más recursos a interpretar sus intenciones que a ejecutar sus propios planes. Desde presionar a Nicolás Maduro para luego gobernar con sus subalternos o debilitar la OTAN a la vez que pide a sus miembros más dinero, hasta referirse a China como un enemigo estratégico y tratarla luego como un socio indispensable. ¿Adónde va Donald Trump? ¿Qué extravagantes ideas invaden su anaranjada quijotera?

Vladimir Nabokov era un apasionado del ajedrez. Sentía una especial debilidad por componer problemas en el tablero. Para el ruso, un problema de ajedrez debía tener las mismas cualidades que una obra literaria: pocos elementos empleados con originalidad y sorpresa. Así se encargó él mismo de describirlo en las páginas de ‘La defensa’, una novela de su etapa rusa, muy previa a ‘Lolita’ o ‘Pálido fuego’, que se publicó por entregas en Berlín durante 1930. Editada en español por Anagrama –con traducción de Sergio Pitol–, Nabokov cuenta la vida del gran maestro internacional de ajedrez Alexander Ivánovich Luzhin, un genio capaz de desarrollar una lógica tan personal que sus movimientos resultan incomprensibles para los demás. El lector nunca sabe si está viendo una genialidad o un colapso mental: el rival no puede distinguir entre el cálculo extremo y la absoluta irracionalidad. Luzhin proyecta su imprevisibilidad para influir en el comportamiento del resto, y al final lo consigue. Atormentado por una juventud desdichada y un carácter retraído del que intenta abstraerse a través del ajedrez, Luzhin comprende, demasiado tarde, que tal obsesión amenaza con destruirlo y que el instrumento escogido como defensa contra el desorden y los agravios del mundo es también un arma en su contra. En la partida decisiva contra el ajedrecista italiano Turati, Luzhin sufre una crisis nerviosa. La presión competitiva y el fracaso de la estrategia precipitan un colapso mental que lo convierte en uno de los personajes más trágicos de Nabokov –más aún que Albinus, el de ‘Risa en la oscuridad’–: no sólo acaba derrotado por su gran adversario, sino por sí mismo. Convendría al presidente Donald Trump –en estos días transformado en emperador naranja– echarle una ojeadita a esta novela antes de las elecciones del medio mandato.

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Publicado en: The New York Times

Por: Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev

Desde que dos terremotos sacudieron Venezuela el mes pasado, Rubio ha intentado fortalecer el gobierno interino del país. Estados Unidos ha enviado 900 militares a Venezuela, ha comprometido casi 400 millones de dólares en ayuda y ha entregado embalajes de dinero al gobierno venezolano.

Los terremotos han complicado la misión que Rubio se había trazado de devolver la democracia a Venezuela (“Es un revés en ese sentido”, reconoció Rubio el mes pasado). La capacidad de recuperación del país es clave para el objetivo final de Trump: asegurarse el petróleo venezolano para los intereses de Estados Unidos.

Este acuerdo es muy inusual y se está desarrollando 80 años después de que Estados Unidos renunciara a su última gran colonia formal, Filipinas.

Pero Trump ha dejado claro que quiere volver a una era de expansionismo estadounidense, y ha llegado a plantearse tomar el control de Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá.

En Venezuela es donde ha tenido más éxito. Pero hay riesgos.

Los críticos de Trump acusan a Estados Unidos de desviar los recursos de Venezuela y de apuntalar un gobierno autoritario al dejar en sus puestos a la mayoría de los secuaces de Maduro. Este acuerdo también enreda a Estados Unidos en las vicisitudes de un régimen profundamente impopular y no elegido que se enfrenta a un clamor cada vez más desesperado por un cambio político.

“El secretario Rubio dijo que no estamos en guerra con Venezuela”, le dijo el representante Sean Casten, demócrata por Illinois, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia en el Congreso en febrero. ¿Qué autoridad —preguntó Casten— tenía Estados Unidos para controlar los activos venezolanos?

Bessent le dijo a Casten que le respondería en otro momento.

La política realista y sin concesiones de Rubio en Venezuela implica un cambio radical para alguien que se ha pasado toda su carrera presentándose como un defensor de la democracia en Latinoamérica. Ha dicho que su objetivo es una transición democrática a largo plazo.

El resultado de esta incursión en Venezuela podría marcar el futuro político de Rubio ahora que Trump está pensando en su sucesor.

‘Hagamos grande de nuevo a Venezuela’

En la madrugada del 3 de enero, poco después de que capturaran a Maduro, Rubio se puso en contacto con Rodríguez por teléfono. Hablando en español, Rubio le dijo que tenía dos opciones: colaborar con Estados Unidos o presenciar un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos cargos de Venezuela.

Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó.

Rodríguez le dijo a Rubio que “básicamente está dispuesta a hacer lo que creamos necesario para que hagamos grande de nuevo a Venezuela”, según Trump. El presidente dijo que Estados Unidos “dirigiría el país” hasta que hubiera una “transición de poder segura, adecuada y prudente”.

Días después, Trump declaró en una entrevista con The New York Times que esperaba que Estados Unidos dirigiera Venezuela durante años.

En el centro de todo está Rubio, a quien otros funcionarios llaman “virrey”, el título que se les daba a los poderosos gobernadores que dirigían el Imperio español hasta que Venezuela y la mayoría de sus otras provincias se rebelaron y obtuvieron su independencia a principios del siglo XIX.

Cuando Rodríguez empezó a formar su gobierno, Rubio intervino en decisiones clave sobre el personal y la animó a purgar a la familia y a los socios comerciales de Maduro. Rodríguez le hizo caso.

La mayoría de los venezolanos se sintieron aliviados por la caída de Maduro, pero luego quedaron sorprendidos al ver cómo el gobierno de Trump se aliaba con la mayoría de sus principales colaboradores. La inflación ha bajado, pero sigue siendo la más alta del mundo, y la moneda del país sigue perdiendo valor. Millones de personas claman por nuevas elecciones, lo que presiona a Rubio para que vaya más allá de los acuerdos económicos e impulse un cambio político. Los inversionistas se muestran nerviosos ante la idea de invertir capital en un sistema que podría derrumbarse en cualquier momento.

Antes de los terremotos, Rodríguez le había estado pidiendo a Rubio mayor autonomía financiera y que se levantaran sanciones económicas, para reducir la presión interna sobre su gobierno.

Rubio se ha mostrado comprensivo con sus argumentos, pero el gobierno de Estados Unidos no ha cedido el control.

La colaboración de Rubio con Rodríguez ha provocado descontento entre algunos diplomáticos de carrera estadounidenses, los venezolanos-estadounidenses y los aliados de Trump, a quienes les molesta la idea de que la mano derecha de Maduro esté en el poder.

Rubio y otros funcionarios han restado importancia a esas preocupaciones, señalando que Rodríguez ha cumplido casi todas las órdenes que le ha dado el gobierno de Trump, sobre todo las relacionadas con las finanzas del país. Venezuela vende gran parte de su petróleo a través de dos empresas comercializadoras, Trafigura y Vitol, en un acuerdo establecido por el gobierno de Trump.

Rubio ha eclipsado en gran medida a Chris Wright, el secretario de Energía, a la hora de orquestar la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión extranjera, la piedra angular de la visión de Trump para el país. Ha dado prioridad a la llegada de nuevas empresas estadounidenses a costa de los productores de petróleo europeos que ya operaban en el país.

Ben Dietderich, vocero de Wright, dijo que el secretario ha colaborado estrechamente con Rubio y que ha hablado con frecuencia con los líderes del sector energético y con Rodríguez.

El control de Washington sobre la economía venezolana va más allá de los ingresos petroleros. El equipo de Rubio hace las licencias que otorgan exenciones de las sanciones a las empresas que quieren hacer negocios en Venezuela. Rubio ha advertido al gobierno de Rodríguez que se abstenga de hacer negocios con adversarios de Estados Unidos. Tras la caída de Maduro, por ejemplo, la compañía petrolera estatal venezolana se ha hecho cargo discretamente de las operaciones de los proyectos petroleros que posee conjuntamente con la empresa estatal rusa Rosneft. Rosneft no respondió a la solicitud de comentarios.

El gobierno de Trump también ha presionado con éxito a Rodríguez para que entregue a los venezolanos que se han metido en problemas con el Departamento de Justicia. A instancias de Estados Unidos, el gobierno de Rodríguez detuvo en febrero a Alex Saab, el multimillonario amigo y socio de Maduro, y aprobó su extradición a Estados Unidos, tras quitarle el pasaporte venezolano.

Algunos funcionarios creen que el Departamento de Justicia quiere utilizar a Saab para reforzar el caso contra Maduro, a quien se le imputan varios delitos de tráfico de drogas.

Y en junio, el gobierno de Rodríguez ayudó a Estados Unidos a acabar con un líder del crimen organizado que tenía vínculos desde hace tiempo con funcionarios venezolanos, según varias personas al tanto de la operación.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron la información proporcionada por los funcionarios de Rodríguez para matar al Niño Guerrero, uno de los líderes de la banda Tren de Aragua, en un ataque con misiles en una zona remota del sur de Venezuela. Fue la primera colaboración militar entre ambos países en décadas. El gobierno venezolano recuperó posteriormente el cuerpo del líder de la banda y se lo entregó a Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha acusado al Tren de Aragua de colaborar con Maduro para enviar a Estados Unidos drogas y migrantes ilegales, aunque las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron el año pasado que Maduro no controlaba la banda.

El gobierno de Trump incluso controla las apariciones públicas y las declaraciones de Rodríguez. En mayo, Rubio anunció que Rodríguez viajaría a la India antes de que el gobierno venezolano lo mencionara, lo que sorprendió a los funcionarios venezolanos y a los diplomáticos extranjeros.

Cuando Bret Baier, presentador de Fox News, se puso en contacto con Rodríguez para que participara en una entrevista, ella le dijo que Trump tendría que dar su visto bueno. A Trump le encantó que Rodríguez le pidiera permiso, y ha contado la historia varias veces a otras personas cuando le preguntan por ella, según varias personas que conocen sus comentarios.

Cuando Estados Unidos atacó Irán, Yvan Gil, el canciller de Venezuela, emitió una condena moderada de la agresión contra el viejo aliado de Venezuela.

El gobierno de Trump le comunicó a Rodríguez que debía eliminar la publicación y le advirtió que no volviera a apoyar públicamente a sus adversarios. Gil borró la publicación unas horas después de publicarla.

En la práctica, fue una admisión de que Venezuela ya no marcaba su propia política exterior.

Gil no respondió a una solicitud de comentarios.

El apoyo de Trump

Rubio estaba durmiendo en Baréin el mes pasado cuando lo despertó una llamada desde la Sala de Situación de la Casa Blanca. Dos terremotos de gran magnitud se habían registrado en Venezuela, y las primeras imágenes eran desoladoras. Localidades enteras habían quedado arrasadas y había muchas personas desaparecidas.

Poco después, Rubio habló con Rodríguez y le prometió toda la ayuda de Estados Unidos. Los equipos de rescate estadounidenses llegaron al lugar dos días después. Rubio ha descrito los planes del gobierno para Venezuela en tres fases: recuperar la economía, estabilizar el país y facilitar su transición hacia la democracia.

Antes de los terremotos, funcionarios estadounidenses dijeron que se encontraban en la segunda fase, trabajando para abrir Venezuela a la inversión internacional. Para impulsar ese objetivo, altos cargos del gobierno de Trump viajaron a Venezuela para reunirse con sus homólogos y cerrar nuevos acuerdos en materia de energía y minería.

Sin embargo, los anuncios resultantes han sido, en su mayoría, esbozos optimistas de posibles inversiones.

En marzo, Doug Burgum, el secretario del Interior, visitó Venezuela y se reunió con Rodríguez en el palacio presidencial. Durante la visita, Rubio le mandó un mensaje para preguntarle cómo iba la reunión. Rodríguez dijo que iba bien y le envió una selfi con Burgum.

Pero la reunión se vio empañada por noticias perjudiciales. Reuters informó ese mismo día de que el Departamento de Justicia estaba preparando en secreto un proceso judicial contra Rodríguez.

El gobierno de Rodríguez se quedó atónito y pidió aclaraciones a la Casa Blanca. Para calmar las preocupaciones de Rodríguez, Todd Blanche, por entonces fiscal general adjunto, calificó el reportaje de “completamente FALSO”.

Pero el gobierno venezolano quería más garantías. Así que al día siguiente, Rubio le mandó a Rodríguez un mensaje con el enlace a una publicación del presidente de Estados Unidos en las redes sociales.

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes de EE. UU.”, escribió Trump. Rodríguez quedó satisfecha y quiso darle las gracias a Trump con una publicación propia. Pero primero le enseñó el borrador a Rubio. Lo publicó después de recibir su aprobación.

Antes de la captura de Maduro, los fiscales estadounidenses habían estado investigando a muchos funcionarios venezolanos, incluida Rodríguez, aunque no está claro si esas investigaciones han sacado a la luz pruebas de delitos. La agencia Associated Press informó en mayo que el gobierno de Trump había ordenado a los fiscales que dejaran de investigar a Rodríguez.

El éxito de los esfuerzos por llevar estabilidad a Venezuela, la segunda fase del plan de Rubio, depende en gran medida de la inversión extranjera. Pero los inversores se muestran cautelosos. El sector petrolero está deteriorado y es corrupto, y el control de Rodríguez sobre el poder es incierto. Los terremotos han retrasado las negociaciones para los nuevos contratos petroleros.

Trump no parece preocupado. Ha insinuado varias veces que Venezuela podría convertirse en el estado número 51.

Aún no hay certeza sobre quién podría dirigir el país de forma más permanente. María Corina Machado, la líder de la oposición exiliada, sigue siendo la política más popular del país. Pero Machado tiene enemigos acérrimos entre los responsables de seguridad y militares de Venezuela, lo que ha llevado a Rubio a descartarla y decidirse por Rodríguez como líder elegida a dedo para el país.

Aunque antes era un firme partidario de Machado, Rubio se ha distanciado de ella en los últimos meses. El enfriamiento de la relación entre el gobierno de Trump y Machado se convirtió en una ruptura abierta tras los terremotos. Los responsables estadounidenses se han negado a ayudarla a volver a Venezuela por miedo a avivar los disturbios.

El plazo para la fase final del plan de Rubio para Venezuela, las elecciones libres, sigue sin definirse. Cuando The New York Times le preguntó a Rodríguez en mayo cuándo celebraría las elecciones, ella dijo: “No lo sé. En algún momento”.

Los analistas políticos dicen que Rodríguez podría estar intentando agotar el tiempo de la presidencia de Trump, con la esperanza de que la presión para celebrar las elecciones se disipe bajo el mandato de su sucesor.

Por ahora, la decisión sobre cuándo se celebrarán las elecciones no está en sus manos. Está en las de Rubio.

 

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Publicado en: El Español

Por: Beatriz Becerra

Cabe preguntarse, sin caer en la conspiración, si algún adversario ha dañado tanto el prestigio de Estados Unidos como quien hoy ocupa el Despacho Oval.

Un presidente que alentó el asalto al Capitolio, que desacata resoluciones del Tribunal Supremo, que sostiene en Venezuela una dictadura interina sin mandato constitucional, ¿hasta dónde puede erosionar los contrapesos institucionales sin quebrarlos?

Rusia y China llevan años deseando presentar a Europa y Estados Unidos como bloques enfrentados. Y nadie les ha hecho el trabajo de forma tan diligente como Donald Trump, desde el mismo corazón de la Alianza Atlántica.

Ninguna alianza sobrevive sin respeto. Se puede compartir bandera y presupuesto de defensa, pero si falta el respeto mutuo, lo que queda no es una alianza, sino una tramposa tutela.

La pregunta que sobrevuela Ankara, donde ha arrancado este martes la última cumbre de la OTAN entre dudas explícitas sobre la vigencia real del Artículo 5, no es de índole militar. Es política y moral.

¿Habrá alguien dispuesto a exigir respeto a Donald Trump?

Porque el patrón es ya inconfundible.

A Macron, a Starmer y a Merz los ha rebajado con desplantes de intensidad variable, pero ha sido con Giorgia Meloni con quien se ha ensañado. Y ha sido también Meloni la única que le ha respondido hasta ahora con rotundidad e inmediatez.

Ningún patán se corrige por sí mismo. Sólo lo hace cuando alguien, con la autoridad moral de no hacerle el caldo gordo, le dice basta a la cara.

En ese contexto, la posición de vasallaje de Mark Rutte, el Infantino de la seguridad europea, resulta descorazonadora. El secretario general de la OTAN llega a Ankara llevándole a Trump el pizarrín del gasto europeo en Defensa y amenazando con tarjetas rojas (éstas sí) a los rezagados como España.

Pedro Sánchez llega al primer encuentro con Trump desde que España rechazara el 5% del PIB y Moncloa negara las bases de Rota y Morón para operaciones ligadas a Irán.

El embajador norteamericano ante la Alianza ha dicho, sin matices, que Trump está «decepcionado» con nuestro país. Merz le reprochó en marzo, delante de Trump, ser el único socio que no acepta el objetivo común. Y a finales de junio ni siquiera fue invitado a la minicumbre de Berlín donde Starmer, Macron, Meloni y Tusk prepararon esta cita.

Una exclusión que dice tanto sobre el aislamiento de España como sobre el respeto entre aliados.

La reivindicación de soberanía del presidente Sánchez es legítima, pero difícil de sostener con autoridad plena cuando la credibilidad institucional de su propio Gobierno se desmorona en los tribunales.

Su esposa, Begoña Gómez, imputada por cuatro delitos de corrupción, tenía intención de acompañarle, pero el juez se lo ha impedido. Su hermano espera sentencia. Su ministro y mano derecha, José Luis Ábalos, ya ha sido condenado a 24 años de prisión.

Y el partido del que es secretario general afronta indicios suficientes para ser imputado por financiación ilegal.

El presidente español llega a Turquía con 126 imputados en su entorno, más que sus 121 diputados en el Congreso. ¿Con qué autoridad moral puede reclamar respeto exterior quien no sostiene la confianza institucional en su propio país?

Pero la verdadera prueba de esta cumbre no será cuánto suba el gasto en Defensa ni qué comunicado final se firme sobre Ucrania. Será si queda en Ankara un solo dirigente dispuesto a mirar a Trump a los ojos y llamar patán a quien se comporta como tal, aunque sea el jefe de Estado más poderoso del planeta. Yo apostaría a que será Meloni quien más se acerque a hacerlo: nadie ha demostrado más redaños frente a Trump.

Una alianza puede sobrevivir a los errores, pero no a la normalización de la humillación, la adulación y la impunidad. Y en la base de la seguridad europea está defender la dignidad de quienes la integramos.

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